El valor inmobiliario de referencia y los inmuebles | Estudio Fernández Dolinsky | Impuesto a las ganancias

El valor inmobiliario de referencia y los inmuebles

Por Luis Omar Fernández

1.- Introducción

El principio de legalidad es la principal columna sobre la que se asienta la tributación en los países occidentales; dicho concepto tiene como misión hacer que los tributos sean indefectiblemente aprobados por los representantes del pueblo que los deberá pagar. Su historia es muy antigua y está consustanciada con las luchas contra el Estado absolutista[1] citándoselo habitualmente mediante el aforismo “no taxation without representation”.

En el fondo este principio busca, no sólo la aprobación parlamentaria, sino también poner un vallado a la proverbial voracidad fiscal y a la arbitrariedad de los funcionarios preocupados sólo por recaudar a cualquier costo.  Los ejemplos en nuestro país son abundantes y actuales y, a titulo de ejemplo, van desde la creación de regímenes de percepción y retención  que superan holgadamente a la obligación tributaria, produciendo permanentes saldos a favor, hasta el establecimiento de impuestos mínimos desproporcionados a la base imponible o determinaciones administrativas obligatorias de anticipos, cuyo método de cálculo se oculta; todo ello muchas veces es acompañado por una política que, en los hechos, implica el impedimento de defensa alguna a los contribuyentes, que sólo pueden comunicarse con el Fisco por internet

Por su parte, el principio de marras, no se agota en la mera existencia de una ley, sino que requiere que la misma contenga la totalidad de los elementos constitutivos de la obligación tributaria[2].  Una abundante elaboración doctrinaria y jurisprudencial, permite observar que  deben establecerse en la norma, como mínimo,  la materia imponible, los sujetos obligados, las alícuotas del tributo y la base imponible.

En ese orden de cosas Blumenstein[3] afirma que “Deben darse normas para el procedimiento para la fijación numérica de crédito tributario (procedimiento de evaluación)” y que “Las funciones propias de la valuación e inspección impositivas deben regirse por la ley” como modo de acotar el proceder de los funcionarios a dicho principio de legalidad; además “Tratándose de una pretensión de derecho público, natural es que la valuación se efectúe mediante un acto administrativo unilateral  de la autoridad designada al efecto por la ley (valuación oficial)”[4], todo ello sin  perjuicio de las situaciones en las que la ley dispone la autovaluación que, realizada por el contribuyente puede ser controlada por la autoridad fiscal.

En general, la determinación de la valuación, al decir del autor que se sigue, “… exige la creación de un procedimiento administrativo, es decir, deben fijarse por ley la competencia de las personas intervinientes y el orden de su intervención. De allí resulta automáticamente la llamada relación de valuación… ya que con aquella especificación de competencias también se limita la actuación de las personas intervinientes en el procedimiento, actuación que trae consigo derechos y obligaciones recíprocos. La estructuración del procedimiento, especialmente con respecto a la importancia de una cooperación del contribuyente, no es la misma en todas las categorías de impuestos. Con frecuencia prevalece el carácter de la estimación oficial, de modo que la participación del contribuyente se limita al deber, reglamentado en el procedimiento, de declarar el caso imponible y posibilitar los medios de determinación”[5].

Es claro entonces que, en todos los casos, la determinación de la base imponible debe estar revestida de todas las garantías de modo que no se convierta, cuando es realizada por la Administración, en un procedimiento arbitrario que vulnere las garantías constitucionales.

2.- Catastro y valor fiscal

En el caso de los inmuebles, habida cuenta de la importancia de su valor económico, ha sido tradicional que el Estado estableciera una tasación que obrara como un umbral a la base imponible de los tributos que alcanzaran los mismos. Este valor es el que habitualmente se conoce como “valuación fiscal” y su determinación es el fruto de un proceso administrativo reglado, en el cual se prevé la intervención del contribuyente  que considere  afectados sus derechos: no se trata de una valuación arbitraria sino reglamentada, como corresponde a un Estado de derecho.

El valor atribuible a los inmuebles se determina en el catastro  mediante procedimientos  que tienen como finalidad lograr una valuación cabal y ajustada a la realidad; es habitual que los titulares de los inmuebles tengan la posibilidad de recurrir administrativamente su determinación cuando el valor asignado no sea el que corresponda.

Dobner Ebert define al  catastro territorial como: “…el medio idóneo para fiscalizar, evaluar, planificar y administrar el uso de uno de los recursos más importantes de toda nación: el suelo”[6]. Mientras que Bickel[7]dice que “El catastro comprende la operación técnica y la medición del suelo y el registro de todos los bienes raíces en un territorio, … por un lado y la subsiguiente operación económica de la valuación de la utilidad o del valor del objeto imponible, por otro lado…”. De ello se desprende que dicho instrumentos puede utilizarse tanto para gravar la tenencia o propiedad de los inmuebles como su renta[8], siendo aquí el primer uso el que se aborda.

Existen dos criterios para establecer la valuación catastral: uno se basa en la capitalización de la utilidad que produce la tierra y otro en su valor de mercado; el primero consiste en establecer el valor actual, a determinada tasa de interés, de la infinita suma de ingresos futuros que produciría el bien y, el segundo, en determinar los valores promedio de mercado para bienes similares.

Ambos métodos tiene su dificultad, el primero para establecer los valores de la utilidad a largo plazo y la tasa de descuento a utilizar y el segundo, para obtener valores representativos cuando no existe suficiente cantidad de operaciones o los bienes son disimiles[9]. Algún teórico solucionaría la alternativa diciendo que a largo plazo ambos valores tienden a converger, por lo que la cuestión no interesa, pero es claro que ello sólo ocurre en algún sistema imaginario de competencia perfecta.

Un elemento importante del catastro es la estabilidad de las valuaciones;, Jarach[10] opina que “Lo importante en este aspecto,  más que los valores de cada fracción de tierra urbana o rural, es la homogeneidad de los criterios de evaluación en un determinado momento, a fin de asegurar la igualdad… Entre los distintos inmuebles con iguales características económicas”; Musgrave[11] opina en consonancia que “La equidad horizontal sufre cuando no todos los predios son avaluados al mismo tiempo”  advirtiendo también sobre la necesidad de mantener dicha característica en las futuras actualizaciones del catastro y proponiendo ajustes periódicos que reflejen los cambios en los valores relativos de los bienes y consideren las alzas generales de precios[12].

Siendo la exactitud de las valuaciones un objetivo importante del catastro, es claro también que, desde un punto de vista macroeconómico, esa característica puede no tener tanto valor ya que “El objetivo de muchos sistemas de tasación no es tanto medir los valores actuales como distribuir la carga tributaria entre propiedades individuales, en proporción a sus valores  verdaderos”[13] lo cual requiere siempre considerar como tope valuatorio un  porcentaje adecuado del valor de mercado, so pena de aumentar indebidamente la base imponible y, con esto, producir una  lesión, aunque de otro signo, a la equidad horizontal.

 

Al respecto Sevilla Segura[14] advierte que “A pesar de que la referencia para la valoración  suela ser el valor de mercado, lo habitual, por las dificultades mencionadas, es que las valoraciones fiscales se sitúen claramente por debajo de tales valores de mercado”.

Por su parte Jarach[15], describe el procedimiento de valuación en los siguientes términos: “(consiste en) el   elevamiento de las propiedades con sus elementos de individualización  física (superficie, linderos, ubicación), sus connotaciones jurídicas (existencia de derechos reales, régimen de arrendamiento o aparcería rural) y su valor económico”.

Albina[16] con referencia al avalúo general parcelario ordenado por ley 5738 de la provincia de Buenos Aires en 1953, que entró en vigencia en 1957, observa:

“Los principios básicos de su concepción fueron:

Racional, al adoptar los valores básicos unitarios en base a valores de mercado o promediándolos con los de capitalización de la renta

Objetivo: al adoptar los coeficientes de corrección de acuerdo a parámetros indicativos de cada parcela.

Simultáneo, al definir todos los valores básicos de la Provincia en un mismo instante en el tiempo evitando…la influencia que en los mismos tiene la inflación

Al avalúo parcelario se llego a través de declaración jurada del contribuyente que debía proporcionar las características requeridas (del inmueble) en formularios…y aplicar los valores básicos y demás coeficientes establecidos por la legislación… La ley previó la revisión de las declaraciones juradas, imponiendo sanciones en caso de falsedad…y determinaciones de oficio en caso de inmueble no declarados por sus responsables”.

Planteada así la cuestión, se abordará la introducción en las legislaciones de la Provincia de Buenos Aires y de la ciudad Autónoma del valor inmobiliario de referencia que, anticipamos, aparece como un cuerpo extraño en el sistema tributario, un atajo que, so color de la rapidez y eficacia esconde una elusión a toda equidad, comportando un campo libre hacia la arbitrariedad administrativa.

3.- Provincia de Buenos Aires

El establecimiento de la valuación fiscal se realiza en el catastro territorial; siendo este una base de datos que puede usarse con múltiples propósitos, jurídicos, de ordenamiento territorial y fiscales.

A modo de ejemplo se glosará brevemente la ley de catastro de la Provincia de Buenos Aires. La ley 10707[17] define en su art. 1 al catastro como “… el registro del estado de hecho de la cosa inmueble” siendo su principal característica “… constitu(ir) la base de su sistema inmobiliario desde los puntos de vista tributario y de policía y del ordenamiento administrativo del dominio”; sus principales objetivos son, en lo que aquí interesa, ejercer el poder de policía inmobiliario catastral, determinar la valuación parcelaria y establecer la base valuatoria del impuesto inmobiliario.

 

Por otra parte el estado parcelario del inmueble tiene, como uno de sus elementos fundamentales a la valuación fiscal básica y las operaciones técnicas tendientes a determinarlo deberán ser autorizadas por profesionales con incumbencia en el ejercicio de la agrimensura.

 

La determinación de la valuación fiscal básica está reglamentada en forma exhaustiva en los artículos 53 y siguientes, donde se dispone “Constituyen la valuación parcelaria el conjunto de operaciones de justiprecio de las parcelas, a los efectos tributarios”  aclarando luego que será objeto de justiprecio: el suelo, su uso, las edificaciones y otras estructuras, las obras accesorias, instalaciones y demás mejoras introducidas en cada parcela.

La valuación fiscal básica de cada parcela estará dada por la suma del valor del suelo y el de las accesiones. Se deberán establecer valores unitarios básicos del suelo y de dichas accesiones, los que serán calculados por el Organismo Catastral, sobre la base del estudio del mercado inmobiliario y las circunstancias determinantes del mismo.

Para practicar la valuación general de los inmuebles de la provincia se prevé la formación de dos Comisiones Asesoras por cada Partido. Una para los inmuebles urbanos y suburbanos y otra para rurales y las plantaciones. Cada Comisión Asesora contará con representantes de la Municipalidad correspondiente, del Ministerio de Economía, de una institución bancaria oficial, y de entidades que se estimen significativas para los intereses locales, entre ellas asociaciones profesionales vinculadas al que hacer inmobiliario, asociaciones de bienes raíces, sociedades agrarias, etc.

Luego se detalla que  para determinar los valores unitarios básicos de los edificios, se tomaran en cuenta su destino, tipo y características, sus instalaciones y otras mejoras, excepto plantaciones; el valor básico será la resultantes del promedio de precios durante el último año, dentro de zonas de características similares, compensadas a fin de reproducir los valores que surgen de los cómputos y presupuestos, aplicándolos a los prototipos considerados. Después se hacen similares consideraciones para los valores unitarios básicos de las instalaciones y obras accesorias de plantas subrurales y rurales y las plantaciones permanentes donde los valores unitarios básicos  se determinarán según el promedio aritmético de los costos de implantación durante el último año.

Para determinar la valuación parcelaria del suelo urbano, suburbano o de calificación equivalente, el valor unitario básico antes mencionado será corregido por la aplicación de un coeficiente de ajuste según la forma, dimensiones, ubicación y demás condiciones particulares de la parcela y dicho valor ajustado, aplicado a la superficie de la parcela, dará la valuación. Para el suelo suburbano y rural se fijan  procedimientos similares.

Esta valuación general debe hacerse cada 10 años y se prevé que, para los periodos intermedios, el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo catastral, establezca la mutación en el mercado inmobiliario de los valores considerados en la valuación general. Establecidos los porcentajes de variación, con ésos se conformarán coeficientes de actualización de las valuaciones fiscales básicas, los cuáles serán considerados en la ley impositiva correspondiente.

De resultas de lo anterior se tiene que, en la valuación general, existe una intervención de los contribuyentes cuyos representantes integran las comisiones y en las actualizaciones periódicas el control lo realiza el poder legislativo pues se deben aprobar en la ley tributaria anual.

4.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Código Fiscal[18] de la ciudad en su Título III, referido a las contribuciones  de Alumbrado, Barrido y Limpieza Territorial y de Pavimentos y Aceras dispone normas para la valuación:

De los terrenos, que se realiza multiplicando su superficie por el valor unitario de cuadra correspondiente, o por el valor unitario de cada zona o sector cuando se trate de terrenos comprendidos en urbanizaciones particularizadas del Código de Planeamiento Urbano.

De las construcciones, cuyo justiprecio se determina de acuerdo con el destino, la categoría asignada, la antigüedad, el estado de conservación y los valores unitarios de reposición determinados por la Dirección General a ese efecto en la Ley Tarifaria vigente.

La actualización generalizada de dichos  valores unitarios de cuadra, de zona o sector, por cada ejercicio fiscal, será dispuesta por el Poder Ejecutivo, en función de la información, basada en el relevamiento de precios de ventas zonales y las normas urbanísticas en vigencia, que aporte la Dirección General.

Aquí también se prevé que las valuaciones (o las normas para realizarlas) las fije el Poder Legislativo; quedando en manos del Ejecutivo sólo las actualizaciones y dentro de pautas determinadas por ley.

5.- Valor inmobiliario de referencia

En la Provincia de Buenos Aires la ley 13930[19] incorporó a la similar 10707 de catastro territorial antes citada, un Capitulo IV bis donde se establece el llamado “valor inmobiliario de referencia”; el primer artículo sin numerar de aquella habilita a la Autoridad de Aplicación a establecer dicho importe cuyo fin es reflejar el valor económico por metro cuadrado (m2) de los inmuebles en el mercado comercial.

Para el cómputo de dicho monto, se deberán tomar en cuenta prácticamente los mismos indicios previstos para establecer la valuación fiscal de los valores unitarios básicos de la tierra y los edificios: características del suelo, su uso, edificaciones y otras estructuras, obras accesorias e instalaciones del bien; también se deberán considerar otros aspectos tales como su ubicación geográfica, disposición arquitectónica de los materiales utilizados, cercanía con centros comerciales y/o de esparcimiento o con espacios verdes, vías de acceso  y aquellas que, en virtud de sus competencias, la autoridad de aplicación dispusiese a tal fin.

Además se dispone que dicho valor deberá actualizarse periódicamente y el segundo artículo sin número, autoriza la celebración de “… convenios con organismos públicos o privados que operen o se vinculen con el mercado inmobiliario a fin de obtener (la) información necesaria para establecer el valor inmobiliario de referencia de los inmuebles”.

La primera inquietud que surge es  la necesidad de tal valor inmobiliario de referencia cuando, como no puede ser de otro modo, los parámetros para fijarlo no difieren esencialmente de los que prevé la ley de catastro; se trataría de una superposición inútil cuya única ventaja consiste en establecer un valor por metro cuadrado que, en realidad, no difiere demasiado de los “valores unitarios básicos” que establece aquel. Abusando de la metáfora de un conocido futbolista parecería como si su hubiera “inventado el agua caliente”.

Como la ignorancia del legislador no puede suponerse[20] es claro que el fin de la norma es otro y surge en forma evidente no bien se analiza en forma comparativa su  mecánica de determinación y la de la valuación fiscal: el cómputo del valor inmobiliario de referencia lo puede realizar la Administración rápidamente, sin mayor escrúpulo[21] y con un procedimiento expeditivo que no considera cuestiones tales como el valor objetivo de los bienes sino un  supuesto “valor de mercado” cuya determinación queda oculta en los meandros administrativos, carente de toda exposición pública.

En lo referido a la aplicación práctica de este valor para la determinación de la base imponible de los distintos tributos, el impuesto de sellos la prevé[22], por el contrario en el impuesto inmobiliario[23] la ley dispone que se utilice la valuación fiscal mientras que en ingresos brutos nada se dice y en transmisión gratuita de bienes[24] tampoco se lo menciona, habida cuenta que se toman directamente los valores de plaza de los inmuebles, con un tope del 30% de la valuación fiscal.

La resolución normativa 36/19 de ARBA[25] intenta solucionar algunas de las  objeciones citadas creando un sistema para la determinación de valor de referencia y un  procedimiento para que los contribuyentes hagan conocer al Fisco su disconformidad con los importes determinados. Por su parte se advierte “…que en cualquier instancia podrá la Autoridad de Aplicación requerir al interesado mayores datos vinculados al inmueble involucrado, e instar las acciones de fiscalización que estime pertinentes”[26] lo cual, en el primero de los casos, es un proceder razonable (qué mejor que solicitar información al interesado)  y, en el segundo, suena como una amenaza a quienes osen cuestionar los procedimientos de la Agencia, ya que no se imaginan cuáles serían las acciones de fiscalización a practicar sobre un inmueble,  por lo cual es razonable pensar  que los que se fiscalicen sean otros tributos.

Para completar el esquema, el artículo siguiente, establece que el reclamo no tendrá efectos suspensivos, con lo cual deberá pagarse el impuesto de sellos de acuerdo con la pretensión fiscal y luego, si el reclamo tiene éxito, solicitar la repetición del exceso pagado.

De este modo, quien desee suscribir un instrumento alcanzado por el tributo de sellos, para asegurar sus derechos esta compelido a pagar un  impuesto eventualmente excesivo, so pena de no poder sellar el instrumento hasta que la autoridad de aplicación finalice con el procedimiento a que da lugar  al reclamo. Las consecuencias de este impedimento pueden ser realmente muy onerosas, el contribuyente deberá optar entre postergar la operación (con los riesgos que ello implica) en espera de la finalización del procedimiento, o realizarla al valor inmobiliario de referencia establecido por el Fisco y, de tener éxito en el reclamo, soportar la demora de la solicitud de repetición; el interés fiscal pudo ser igualmente protegido permitiendo al contribuyente pagar el impuesto sobre su estimación de valor, implementando un sistema de garantías por la eventual diferencia de impuesto y sus intereses.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  con el fin de reflejar el valor económico de los inmuebles por metro cuadrado (m2) en el mercado comercial,  el art. 353 bis del Código Fiscal[28] delegó en la AGIP el establecimiento del valor inmobiliario de referencia para cada uno de aquellos. Esta norma entró en vigencia el 01/03/2010.

Los parámetros a utilizar en la estimación son, por su generalidad e indefinición, similares a los comentados para la Provincia de Buenos Aries: debiendo tomarse en cuenta  las características del suelo, su uso, las edificaciones y otras estructuras, obras accesorias e instalaciones del bien y también otros aspectos tales como su ubicación geográfica, disposición arquitectónica de los materiales utilizados, cercanía con centros comerciales y/o de esparcimiento o con espacios verdes, vías de acceso y aquellas que en virtud de sus competencias dispusiese a tal fin. En principio se prevé la utilización de este valor sólo para los actos, contratos y operaciones instrumentados gravables con el impuesto de sellos.

La AGIP en su resolución específica con más detalle cómo se valuaran los terrenos y su edificación disponiendo que, para los primeros, se tomará en cuenta su ubicación geográfica y, para los segundos, “el valor comercial del metro cuadrado (m2), del destino constructivo correspondiente, afectado por la depreciación”.

La norma es criticable por varias cuestiones; la principal es que no existe un solo valor comercial para cada destino: en la realidad, más allá de tecnicismos, es sabido que cada inmueble es un objeto único, por tanto también lo es su valor y, aunque  existan promedios, su certeza no es  comprobable empíricamente: hágase la prueba de solicitar varias tasaciones sobre la misma propiedad y se observará que, seguramente, todas diferirán en mayor o menor medida. Como, no obstante ello, es preciso considerar algún valor promedio, esas demasías y  defectos se han solucionado tradicionalmente tomando como base imponible un cierto porcentaje de la tasación promedio, cosa que aquí no se hace. Como colofón, una perla: el valor de mercado siempre se refiere al estado actual del inmueble, entonces ¿qué sentido tiene mencionar la depreciación? ella está siempre subsumida en la tasación.

El art. 6 de la norma establece que, en caso de disconformidad, sea aplicable  el procedimiento del art. 7 de la ley tarifaria para 2009[28] que dice:

“El importe anual a ingresar por los gravámenes inmobiliarios devengados en el ejercicio, no podrá superar el uno por ciento (1%) del valor de mercado del inmueble.

En caso de que el contribuyente entendiera que así resultare podrá interponer, sin efecto suspensivo, el recurso administrativo correspondiente, debiendo acompañar sin perjuicio de los restantes elementos de prueba que agregue, al menos dos (2) tasaciones realizadas por inmobiliarias inscriptas en el registro de operaciones inmobiliarias creado por la resolución general (AFIP) 2168 (BO del 11/12/2006).

A fin de resolver el planteo, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá realizar las verificaciones que entienda necesarias, incluso en el propio inmueble, así como solicitar tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires”.

 

Es probable que la referencia al artículo transcripto, que es atinente a la contribución de alumbrado barrido y limpieza,  lo sea sólo al mecanismo del recurso disponible para el contribuyente disconforme, pero es lícito sospechar que en fecha próxima alguien pretenda utilizar como base imponible para la misma, el valor inmobiliario de referencia, en forma alternativa con el valor que fija la ley tarifaria y que tiene como soporte el procedimiento del título III del Código Fiscal, el cual sería así obviado.

Caben aquí todas las consideraciones antes efectuadas en el análisis de la legislación de la Provincia de Buenos Aires, incluso en lo referido al carácter no suspensivo del procedimiento.

Por último, es de mencionar que  la ley de Impuesto sobre los bienes personales en su artículo 22, inc. a) punto 4. tercer párrafo dispone que el valor a computar para los inmuebles no podrá ser inferior “…al de la base imponible…fijada para el pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o al valor fiscal determinado a la fecha citada” con lo cual, existe el riesgo que AFIP  considere que el valor inmobiliario de referencia es el “valor fiscal determinado” del que habla la ley aumentando así la base imponible de estos bienes.

6.- Conclusiones

El establecimiento del valor fiscal de los inmuebles, es el fruto de una construcción realizada durante décadas por oficinas técnicas del Estado, que basan su accionar en leyes que, a su vez, tienen como fuente un corpus de doctrina muy antiguo en el que se han previsto las soluciones para la  mayoría de las dificultades que tiene esta tarea. Uno de los principales problemas es la desactualización del catastro por nuevas construcciones, demoliciones y otras novedades no incorporadas y el otro es la no representatividad de los valores, por razones inflacionarias o de mercado.

Para todas esas cuestiones hay soluciones establecidas y, si en lugar de utilizar éstas, se opta por estimaciones cuya exactitud queda al arbitrio de un funcionario (más allá de la existencia de mecanismos imperfectos  de reclamo) se está desnaturalizando el tributo cuya base imponible queda  sujeta, no a lo que dice la ley, sino a los que dictamina sin control alguno un  funcionario que no ha sido elegido[29].

Por último es bueno recordar que los llamados “valores de plaza” de los bienes en general y de los inmuebles en particular, son un concepto económico, no jurídico, que tiene como característica fundamental la subjetividad de quien los estime y no son un parámetro objetivo de conocimiento interpersonal, por lo que su aplicación  directa a los hechos imponibles es inconveniente, en especial cuando no existe una operación con terceros que los valide.

Es esa la razón profunda por la cual la valuación fiscal tradicionalmente sea un porcentaje del valor promedio de plaza, de modo que las diferencias entre aquella y éste, queden subsumidas en dicha brecha; cuando este procedimiento dio lugar a una recaudación que se consideró exigua o inapropiada, el remedio del legislador fue cambiar la alícuota, pero no la base, que es la que asegura la equidad horizontal.

Si mediante un artificio valuatorio se cambia un sistema tan probado como es el de la valuación fiscal por otro rústico y que adolece de graves defectos, se corre el riesgo de crear tributos excesivos,  desperecuados, en los términos de Griziotti.

 

 


[1] Publicado en Consultor Tributario de abril 2010.

[2] JARACH, Dino: Finanzas Públicas y Derecho Tributario, primera edición, Editorial Cangallo, 1983, p. 299.

[3] JARACH, Dino, op. cit. p. 300.

[4] BLUMENSTEIN, Ernst: El orden jurídico en la economía de las finanzas en Tratado de finanzas dirigido por Wilhelm Gherloff y Fritz Neumark, El Ateneo 1959, t. I p. 142.

[5] BLUMENSTEIN, Ernst: op. cit. p. 143.

[6] BLUMENSTEIN, Ernst: op. cit. p. 144.

[7] DOBNER EBERT, Hort Kart: Sistemas catastrales, 1982, p. 1.

[8] BiCKEL, Wilhelm: Impuestos objetivos a las utilidades, en Tratado de finanzas dirigido por Wilhelm Gherloff y Fritz Neumark, El Ateneo 1959, t. II, p. 428.

[9] El segundo uso es muy conocido , siendo un ejemplo del mismo, el Impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que rigió durante la década del 70´; al respecto pueden verse comentarios al sistema de catastro, entre otros, en Jarach, Dino: Bases para un sistema de imposición de las explotaciones agropecuarias según su renta normal potencial, Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Buenos Aires, 1963 y Cosciani Césare: Problemas de Imposición de la Renta Potencial de la Tierra en Italia, Boletín DGI.

[10] BICKEL, Wilhelm: describe con mayor detalle las dificultades de ambos métodos, op. cit. p. 429.

[11] JARACH, Dino: Finanzas públicas y derecho tributario, primera edición, Editorial Cangallo, 1983

, p. 698

[12] MUSGRAVE, Richard: Bases para una reforma tributaria en Colombia, Biblioteca Banco Popular, s.f., p. 186.

[13] MUSGRAVE, Richard: op. cit. p. 244.

[14] WALD, P. Haskell: Tributación de tierras agrícolas en economías subdesarrolladas, Centro Regional de Ayuda Técnica (A.I.D.) México, 19964, p. 74.

[15] SEVILLA SEGURA, José: Política y Técnica tributarias, Instituto de estudios fiscales, Madrid, 2004 p. 432.

[16] JARACH, Dino: ibídem.

[17] ALBINA Lorenzo M.: Aportes del registro de constancias parcelarias del catastro parcelario al registro de contribuyentes del impuesto inmobiliario, 1997, fotoc. p. 8.

[18] B.O. (PBA) 05/12/1988.

[19] Ley 2179, B.O: (CABA) 28/12/2006.

[20] B.O.30/12/2008.

[21] CSJN, fallos (306:72; 307:5).

[22] www.rae.es: 1ª. acepción: Duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no obliga; lo que trae inquieto y desasosegado el ánimo, 3ª acepción: 3. m. Exactitud en la averiguación o en el cumplimiento de un cargo o encargo.

[23] C.F. P.B.A. art. 241.

[24] C.F. P.B.A. art. 144.

[25] C.F.P.B.A. art s. n. colocado en orden 11° a partir del art. 282.

[26] B.O.P.B.A. 03/07/2009.

[27] RN 36/19, art. 9.

[28] Ley 3393, B.O.C.A.B.A. 07/01/2010.

[29] Ley 2998, B.O. 09/01/2009.

[30] Se incumple el principio “no taxation without representation” antes citado.