La ley 25561 y las diferencias de cambio | Estudio Fernández Dolinsky | Impuesto a las ganancias

La ley 25561 y las diferencias de cambio (*)(**)

 

Autor: Luis Omar Fernández

 

Introducción

El día 7 de enero del corriente año se publicó en el Boletín Oficial la ley 25561 llamada “Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”, promulgada parcialmente el día anterior.

 

Nos interesa en especial el artículo 17 que dice: “Los resultados netos negativos que tengan su origen en la aplicación del tipo de cambio a que se refiere el articulo 2º de la presente ley sobre activos y pasivos en moneda extranjera existentes a la fecha de su sanción, sólo serán deducibles en el Impuesto a las Ganancias en la proporción de un VEINTE POR CIENTO (20%) anual en cada uno de los primeros cinco ejercicios que se cierren con posterioridad a la vigencia de la ley. Lo dispuesto precedentemente sólo será de aplicación para los sujetos cuyos ingresos anuales o patrimonio superen los límites establecidos en el artículo 127, Capitulo XIIII, del Título I, de la ley 11683, t.o. en 1998 y sus modificaciones”

 

El artículo 2º citado se refiere a la facultad concedida al poder Ejecutivo nacional para establecer el tipo de cambio, mientras que las disposiciones aludidas de la ley 11683 involucran los siguientes montos: ingresos anuales $ 16.250.850 y patrimonio $ 8.125.425.

 

En este trabajo analizaremos la aplicación de esta norma a las diversas situaciones que se pueden presentar en el Impuesto a las Ganancias, en especial al tratamiento de las diferencias de cambio y de los quebrantos por ellas originados.

 

Concepto de diferencia de cambio

Se denomina diferencia de cambio al resultado de la fluctuación en el valor de las monedas en que se realizan las operaciones, con referencia a la moneda del país en la cual se paga o cobra.

 

Este fenómeno es propio de las operaciones que se pactan en una moneda distinta de la cual se realiza el pago y su cálculo se realiza a partir del momento en que se concreta la transferencia del bien o servicio del vendedor al comprador; o sea en el momento en que adquiera su dominio el comprador, se fija el valor en moneda nacional del bien o servicio comprado.

 

(*) El autor agradece a los colegas Isidoro Taub y Hernán D’Agostino quienes leyeron el borrador y aportaron atinadas observaciones; por supuesto las opiniones y los eventuales errores le pertenecen en su totalidad.

(**) Publicado en  La Ley Express n* 1, febrero 2002.

 

Esto tiene dos consecuencias:

Las diferencias entre la relación de cambio que existía al momento en que se contrató o pactó el negocio y la vigente en el momento en que la cosa adquirida es nacionalizada según las leyes aduaneras, integran el precio de compra.

En las operaciones al contado –o habiendo mediado anticipos– no existen diferencias de cambio posteriores; en las operaciones a crédito, las variaciones en los tipos de cambio que se producen entre el momento mencionado antes y el momento del pago producen resultados bajo la forma de diferencias de cambio.

 

Esto tiene importantes consecuencias, ya que el importe al que se valúa el bien o servicio adquirido pasa a constituir su costo que, según el tipo de bien, constituirá el valor de adquisición a computar, para el caso en que se venda, el valor al que se incorporará al proceso productivo –de tratarse de un insumo– o el valor sobre el que se practicarán las amortizaciones, si correspondieran.

 

También se produce diferencia de cambio, cuando un activo o pasivo expresado en moneda extranjera deba valuarse a los efectos de cerrar el balance anual, por aplicación de la norma que, para los bienes que deben liquidarse en otra moneda, se debe valuar al valor que tienen esas especies en el mercado. Así lo establece también la ley de Impuesto a las ganancias.

 

Una característica de las diferencias de cambio, que comúnmente no se toma muy en cuenta, es que nos no sólo son propias de operaciones de comercio exterior, sino que también pueden ocurrir cuando, dentro del país, se pacten operaciones cuya contrapartida sea la entrega de moneda extranjera y el tipo de cambio varíe: un ejemplo obvio es la propia compraventa de moneda extranjera.

 

No debe confundirse la institución con el resultado de operaciones pagaderas en pesos, cuya contraprestación se ajuste por el valor de cualquier moneda extranjera: estas producirán ajuste, actualización, repotenciación, indexación,  más no “diferencias de cambio” pues “no hay cambio”.

 

Lo anterior se expone a título de ejemplo pues siguen en vigencia disposiciones legales que prohíben toda forma de indexación.

 

Rodríguez Usé[1] hace consideraciones similares: “Cuando la moneda extranjera se entrega con posterioridad a la transferencia de la otra cosa dada en cambio, su eventual mayor valor debe considerarse como una “diferencia de cambio”.

 

“Por el contrario, cuando se entregan australes obligación de dar sumas de dinero utilizándose la moneda extranjera como cláusula de ajuste, la diferencia de valor constituye una actualización”.

 

Distinto es el caso de operaciones en las que se debe pagar en moneda extranjera y, el acreedor, si lo desea, acepta el pago en pesos al cambio del día: aquí habrá diferencia de cambio pues se trata de una operación doble: el acreedor le vende al deudor la moneda extranjera y simultáneamente, recibe pesos en pago.[2]

 

En líneas generales los métodos contables usuales aplican estos criterios.

 

En lo que respecta a su origen las diferencias de cambio –positivas o negativas–  pueden producirse al adquirir o vender activos, al cancelar pasivos, cuando se cobra o cuando se paga.

 

Tratamiento de las diferencias de cambio en la ley

La ley del Impuesto a las Ganancias tiene varias disposiciones sobre el tema que nos ocupa, en primer lugar la norma genérica que legisla el tema es el artículo 27 que establece:

 

“Todos los bienes introducidos en el país o dados o recibidos en pago, sin que exista un precio cierto en moneda argentina, deben ser valuados a la fecha de su recepción en pago, salvo disposición especial de esta ley.”

 

“A tal efecto se aplicarán, cuando sea del caso, las disposiciones del artículo 68”

 

Entonces, esta norma claramente es aplicable a todas las ganancias gravadas, tanto de fuente argentina cuanto de fuente extranjera: habla de operaciones de comercio exterior  –bienes introducidos al país—y de cualquier otra operación: “dados o recibidos en pago”, con la única condición que no exista “precio cierto en moneda argentina”; además establece un único momento en que se debe practicar la valuación “a la fecha de su recepción en pago”, previendo las excepciones que se verán luego.

 

Por su parte el termino “bienes” según Borda[3] “en su acepción genérica, designa todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (Art. 2312 Cod. Civ.)” mientras que en su significado restringido “designa los objetos inmateriales económicamente valiosos”.

 

Esto significa que la ley al emplear el término “bienes” regula el tratamiento de las diferencias de cambio, incluyendo también a los servicios que están comprendidos en aquella expresión por constituir derechos patrimoniales,.

 

Situación en las distintas categorías

El artículo mencionado es aplicable a las ganancias de todas las categorías, más en la tercera, existen disposiciones especiales en el artículo 68, que veremos oportunamente.

 

La primera categoría  imputa sus rentas por el sistema de lo devengado o sea que las diferencias en estudio se pueden producir en cualquiera de las situaciones mencionadas al final del punto 1: por ejemplo al comprar bienes muebles que produzcan rentas gravadas en esta categoría, al cancelar pasivos adquiridos por los mismos y al cobrar o pagar importes que sean gastos deducibles.

 

En cambio, en segunda y cuarta categorías, el problema es distinto pues sus rentas se imputan por lo percibido; este es un tema poco transitado en la doctrina y jurisprudencia, no obstante existen algunos antecedentes que nos permiten su análisis

 

En segunda categoría[4], un fallo muy importante del TFN es SERGI, ANTONIO J[5]. En este caso, ante diferencias de cambio originadas en un préstamo obtenido en el exterior que el contribuyente dedujo como gasto, el Fisco pretendía darles el tratamiento de quebrantos de capital, por tanto no deducibles en el impuesto; el Tribunal sostuvo, en el considerando 6º de la sentencia,  que en la medida en que los intereses del préstamo son deducibles, también lo debe ser la diferencia de cambio: “Que la revalorización de la deuda contraída en moneda extranjera es una carga de la operación financiera directa, que se agrega al interés; es su complemento. Con cierta amplitud, que consiente la interpretación extensiva de la norma jurídica, podría decirse que es un desembolso eventual originado por la constitución de la deuda, que existirá o no al momento de la cancelación conforme al sentido en que haya oscilado el tipo de cambio”.

 

Refirmando el concepto en el considerando 7º donde se expresa que la valorización del capital prestado es un costo de la operación financiera, lo mismo que el interés y “no aceptarlo llevaría, por lo demás, a la írrita consecuencia de dar un privilegio a las rentas de la tercera categoría, con quebrantamiento del principio constitucional de la igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas, por lo que debe proferirse una hermenéutica de los textos legales que evite ese resultado”.

 

El sustento de la argumentación es la deducción de los intereses del mutuo y la consideración de la diferencia de cambio como un costo accesorio de la operación. En la actualidad, la legislación es distinta por lo que habría que establecer si las diferencias de cambio integran el concepto de “actualizaciones y … gastos originados por la constitución, renovación y cancelación” ya que, de ser así,  su deducibilidad estará sujeta al prorrateo del Art. 81 inciso a) de la ley.[6]

 

En caso de tratarse de una situación donde la diferencia de cambio ganancia resulte gravada, se deberá considerar el Art. 20 inciso v) que veremos más adelante.

 

En cuarta categoría, por la naturaleza de la actividad, es difícil que se den situaciones donde se produzcan diferencias de cambio, no obstante pudiera ocurrir que se ocasionen en la cancelación de créditos por compra de bienes afectados a la actividad; teniendo la deducción el límite del prorrateo indicado en el párrafo anterior, sujeto a la condición expresada en el mismo.

 

Sobre el tema existe un fallo del Tribunal Fiscal[7] donde, si bien se rechaza el cómputo de las diferencias de cambio por resultar atribuibles a rentas de cuarta categoría de fuente extranjera –no gravadas por la ley en ese momento— que deben declararse por lo percibido, en los considerandos se expresa “Que si bien las diferencias de cambio son en principio componentes positivos o negativos para la determinación de los rendimientos de la tercera categoría, es posible efectuar una interpretación extensiva del concepto (vide en este sentido fallo del 10/6/76 recaído en la causa “Sergi, Juan Antonio”) y descontar pérdidas de cambio en segunda categoría, como, aunque en forma mucho más limitada, computar diferencias de esa especie en la cuarta categoría”. O sea, vía interpretación extensiva del concepto se aceptó que pueden existir diferencias de cambio en esta categoría.

 

En un caso de cobro de honorarios en el exterior[8] con posterior ingreso de las divisas al país, se consideró que la diferencia de cambio no era computable pues la renta se había determinado en el momento en que se realizaba la percepción en el exterior, siendo la diferencia de cambio también renta de fuente extranjera.

 

Para terminar, cuando se trate de sujetos que no realizan ajuste por inflación, como son los incluidos en primera, segunda y cuarta categorías, se aplica la compensación de las diferencias de cambio con eventuales actualizaciones de créditos exentas que pudieran tener, atento lo dispuesto por el Art. 20 inciso v).

 

La situación de sujetos de tercera categoría no obligados a practicar ajuste por inflación  se ve a continuación.

 

3.2 Situación en tercera categoría

Sin  perjuicio de la vigencia, cuando corresponda, del Art. 27, la tercera categoría tiene disposiciones especiales en su Art.68  donde se establecen diversas cuestiones:

 

La obligatoriedad de utilizar un sistema uniforme para contabilizar las operaciones en moneda extranjera; como bien apuntan Raimondi y Atchabaian[9], con referencia al Art. 98 del DR: “nada puede obligar a que la empresa someta sus sistemas de información internos, regidos a lo sumo por el derecho privado, a normas de derecho público, completamente ajenas a los objetivos y significados de tales sistemas”, o sea esta disposición sólo se entiende  como la obligación de utilizar estos criterios en la contabilidad fiscal;[10]

 

Que los tipos de cambio sean los que fije la reglamentación para cada tipo de bienes;  veremos luego que tal reglamentación se refiere sólo a bienes objeto del comercio;

Que las diferentas de cambio de producen  1) por revaluación anual de los saldos impagos; 2) por variaciones ocurridas entre la última valuación y el pago total o parcial de los saldos;

Que las diferencias de cambio se imputan al balance impositivo anual; no obstante, cuando se tratara de sujetos con rentas de tercera categoría, no incluidos en los incisos a), b) y c) del Art. 49, o sea los que no practican ajuste por inflación, las diferencias de cambio se deben compensar de acuerdo con los dispuesto por el Art. 20 inciso v) ya citado.

4.- Valuación impositiva de los bienes

Las disposiciones sobre diferencias de cambio inciden en forma directa sobre el valor al que los bienes deben ser incorporados al patrimonio de los sujetos: en el caso de comisiones, compraventa de mercaderías o de otros bienes que sean objeto de comercio[11] la conversión del importe pactado en moneda extranjera a moneda argentina –disposición valedera para el caso de compras—se realizará al tipo de cambio del día de entrada[12] según lo dispone el Art. 98 del DR.

Las variaciones que se produzcan con posterioridad a ese preciso momento son las que generan diferencias de cambio; entonces la cuestión fundamental es determinar cuándo se produce “el día de entrada” al que se refiere la ley.

Esta es una cuestión que habitualmente no es tomada en cuenta para su análisis: ¿significa fecha de nacionalización según la ley aduanera o fecha de ingreso a la empresa?, nos inclinamos por la primera, ya que se trata de operaciones de importación; esto coincide con la práctica diaria donde es habitual tomar como fecha de entrada la fecha del despacho a plaza.

Al respecto existe un antecedente en la ley 19742 donde se disponía ese instante como fecha de entrada al país a efectos del cómputo de las diferencias de cambio.

Por otro lado la expresión “día de entrada” debe ser conjugada con el Art. 97 del DR  que establece que la conversión a moneda nacional se realizará cuando “se concrete le operación”y, en este caso es claro que la concreción, debe interpretarse como adquisición del dominio que, en el caso de cosas muebles, se perfecciona con la tradición de la cosa.

El momento en el que se concreta la operación, en el caso de importaciones, no puede ser otro que el momento del despacho a plaza –utilizado habitualmente como fecha de nacionalización —dado que en ese momento el comprador, por sí o por representante, toma posesión de la cosa comprada y perfecciona así su dominio.

El establecimiento del valor en pesos de las compras, ventas, activos y pasivos en moneda extranjera fija el punto en el tiempo a partir del cual se producen las diferencias de cambio: como ya dijimos las anteriores son costo de los bienes.

A partir de allí es cuando se tiene uno de los valores de referencia: la base con la cual se comparará el pago, el cobro o, en caso de estar pendientes estos, el tipo de cambio vigente al cierre del balance para practicar el revalúo anual que manda la ley[13].

Una cuestión que a veces ha provocado dudas es la valuación de los bienes de uso importados, tal vez el problema se origine en disposiciones de la ley de impuesto a los réditos que establecían un tratamiento distinto para las diferencias de cambio originadas en su importación ya que se disponía su incorporación al costo; un reconocimiento de esto es la disposición del actual Art. 131, segundo párrafo del DR que habla del tratamiento de las “diferencias de cambio producidas con anterioridad a los ejercicios cerrados durante el año 1972 e imputadas al costo de los bienes”.

Existe una posición que limita la aplicación del Art. 98 del DR, considerando excluidos de la enumeración del mismo a los bienes de uso, habida cuenta que no son bienes objeto del comercio y, en tal caso se deberán aplicar para su valuación las disposiciones del Art. 27 de la ley. Hemos visto que ambas disposiciones se conjugan en el mismo instante: la fecha de despacho a plaza.

Por su parte Reig[14] sostiene que la expresión “otros bienes”incluye a los bienes de uso con lo cual no habría un tratamiento diferencial para éstos.

Luego se regulan casos particulares tales como el tratamiento de las diferencias de cambio producidas por transformación de deudas en otra moneda que la originariamente estipulada[15] y las ocurridas por ingreso al país o disposición de las divisas en cualquier forma[16].

Estas disposiciones han tenido varios casos controvertidos, en especial en las épocas donde la ley del impuesto sostenía el criterio de la territorialidad; en tales casos era muy importante determinar cuando se producía, en los cobros realizados en el exterior, la disposición de las divisas, momento a partir del cual las diferencias de cambio resultaban ser atribuibles a fuente extranjera y, por tanto, no alcanzadas por el tributo.

Por ejemplo si se cobraba una exportación en el exterior y el dinero se colocaba en una inversión financiera fuera del país, se consideraba que la diferencia de cambio entre el momento del cobro y el momento en que se ingresaban los fondos al país, o se revaluaban los saldos por cierre de ejercicio, constituía diferencia de cambio de fuente extranjera, resultado de una inversión en el exterior, por tanto no alcanzadas por el tributo.

Si por el contrario los fondos se mantenían en una cuenta que no produjera renta ni tuviera visos de representar una colocación de capital en el exterior, toda la diferencia de cambio, hasta la entrada al país de las divisas, era de fuente argentina.

Actualmente dichas diferencias de cambio, están alcanzadas pero como diferencias de cambio de fuente extranjera, que tienen un tratamiento distinto de las de fuente argentina por ello la distinción sigue siendo esencial a los efectos del correcto tratamiento.

En la causa “Equipos y Materiales, S.A.C.I” la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del 7-4-87 estableció con referencia al actual Art. 99 del DR, que en su primer párrafo, “determina el ámbito de validez temporal de la norma reglamentaria con relación a dichas diferencias, en cuya virtud, cabe concluir que cesa la existencia del referido nexo en oportunidad de configurarse cualquiera de los dos supuestos contemplados por la regla en estudio”.

Por lo cual al tratarse de diferencias de cambio que “no se vinculan con divisas provenientes de las actividades que la actora realizó en el país, sino que corresponden a aquéllas que afectó a contratos comerciales -depósitos bancarios irregulares-[17] que formalizó en el exterior, las cuales devienen, por ende, ajenas a la potestad del Fisco Nacional”

Para concluir esta parte mencionaremos un fallo de sumo interés pues se trata de una agencia de noticias extranjeras que facturaba sus servicios en el país en moneda extranjera; la cuestión versa sobre el tratamiento de las diferencias de cambio que se producían al cobro de las mismas.

El Tribunal Fiscal de la Nación Sala A determinó en autos “The Associated Press c/DGI, sentencia del 25-6-2000

Que se trata de un establecimiento permanente, perteneciente a un sujeto del exterior, de los regulados por el Art. 69 inciso b) de la ley;

Que, por tanto debe declarar sus rentas por el criterio de lo devengado; mas este sujeto, por su actividad, tiene un tratamiento especial en el Art. 10 de la ley que lo aparta del tratamiento acordado a los sujetos de 3ª categoría;

Que, existiendo un mecanismo especifico de determinación de la renta la actora no debe practicar ajuste por inflación resultando, por tanto las diferencias de cambio incluidas en la exención  del Art. 20 inciso v).

5. Disposiciones tributarias de la ley 25561

Al principio de este trabajo detallamos las disposiciones de la ley del título, luego establecimos el marco conceptual en la ley de Impuesto a las Ganancias, ahora analizaremos como interactúan las nuevas disposiciones con las anteriores.

Nos referiremos a los sujetos a los que se aplican y las diferencias de cambio comprendidas, a los tipos a emplear para la conversión, a la coexistencia de diferencias de cambio incluidas y excluidas, a la influencia de las normas en las diferencias de cambio de fuente extranjera  y a la postergación, para algunos sujetos, de la imputación de los saldos netos negativos al resultado del ejercicio

5.1 Sujetos y diferencias de cambio comprendidos

Con respecto a los sujetos alcanzados es clara la ley en el sentido que comprende a  las diferencias de cambio que obtengan cualesquiera de los sujetos del impuesto; se deduce lógicamente que se está refiriendo a diferencias de cambio ocasionadas por operaciones sujetas al tributo; las diferencias de cambio que tengan su origen en operaciones exentas o no sujetas, seguirán el camino de estas; no serán computables ni se les aplicará la ley 25561.

Las diferencias de cambio comprendidas a este régimen son las diferencias “netas” dice la ley y debemos entender que esto está implicando una previa compensación entre diferencias de cambio positivas y negativas que, en caso de resultar negativa comporta un quebranto sometido a la ley 25561; si la diferencia resultante es positiva, no se aplican las disposiciones de la nueva ley y el tratamiento es el actual: son parte del resultado del ejercicio.

Es apropiado preguntarse por la naturaleza de las diferencias de cambio comprendidas ya que la ley menciona a las producidas por activos o pasivos existentes al momento de su entrada en vigencia; creemos que, por ejemplo, una diferencia de cambio producida, con posterioridad a la fecha de vigencia de la ley, en un contrato de tracto sucesivo, no estaría comprendida en sus disposiciones, excepto que el contrato mencionado constituya un activo o un pasivo a esa fecha.

Por ejemplo un contrato de locación cuyo valor establecido esté fijado en moneda extranjera no constituye activo o pasivo para el acreedor o para el deudor, excepto por algunas prestaciones auxiliares que se hubieran pactado, tales como un depósito realizado en garantía. Entonces las diferencias de cambio que se produzcan no estarán sujetas a la compensación prevista en la ley, ni su eventual quebranto tendrá impedimentos para el computo íntegro en el ejercicio en que se devengó.

Tampoco estarían comprendidas diferencias de cambio producidas por operaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley; ésta establece un corte en el tiempo ya que incluye sólo a activos y pasivos existentes en el instante en el tiempo en que entró en vigencia; cuestión sobre la que volveremos después.

Como resumen la compensación de diferencias de cambio ganancia y diferencias de cambio pérdida, para llegar a las diferencias de cambio netas, se efectuará sólo con diferencias de cambio producidas por activos o pasivos existentes al momento en que entró en vigencia la ley.

Este hecho instantáneo determina las diferencias de cambio afectadas, haciendo que los saldos netos negativos diferidos por estas disposiciones, sean deducidos con el transcurso del tiempo a medida se realicen los pagos y cobros de los activos y pasivos comprendidos; las diferencias de cambio por operaciones posteriores están comprendidas en el régimen general de la ley.

Por su lado la remisión al Art. 2 de la ley implica que están incluidas todas las diferencias de cambio que se produzcan en el futuro[18], por lo menos mientras se mantenga en vigencia la facultad otorgada al PE para fijar los tipos de cambio.

Si en el futuro el PE dispone que existan importaciones que se liquiden en diversos mercados, o se fijan nuevos tipos de cambio, esta disposición regirá también para las diferencias de cambio incluidas en el régimen que se produzcan, con estas nuevas disposiciones.

Por ejemplo para establecer el valor de una deuda en moneda extranjera existente a la fecha en vigencia de la ley 25561, con un plazo de tres años para el pago, se deberá en cada uno de los balances que cierren, establecer su valor según el tipo de cambio aplicable vigente en cada fecha y las diferencias de cambio que se produzcan estarán dentro del régimen de esta ley: si la compensación con otras diferencias de cambio del ejercicio incluidas en el régimen arroja quebranto se deberá diferir.

Un aspecto que creemos deberá contemplar la reglamentación, entre otros muchos de los que no haremos una enumeración exhaustiva, es la posibilidad de imputar los saldos negativos diferidos en ejercicios pasados con algún saldo positivo que surja en el futuro de la compensación que prevé la ley, más allá de la cuota de aquel que corresponda al ejercicio.

Esto no está previsto en la redacción actual que produce un doble perjuicio: teniendo quebrantos impide su cómputo y obliga a su diferimiento, en cambio si, por el mismo tipo de diferencias de cambio en un ejercicio futuro se tienen ganancias, sólo se pueden compensar con la cuota de quebranto correspondiente a ese ejercicio y no con el total diferido pendiente de imputación; esta situación  no es tan utópica y puede darse cuando el plazo de cancelación de los activos comprendidos en el régimen sea mayor que el de los pasivos y haya variaciones en la relación de cambio

Lo justo sería, en el ejercicio en que la compensación de las diferencias de cambio afectadas arrojara resultado positivo, poder imputar contra éste el quebranto diferido en exceso de la cuota del 20% y hasta la concurrencia de aquél o el agotamiento de éste.

5.1.1 Naturaleza del quebranto diferido

La ley que analizamos crea, para los sujetos obligados al diferimiento de las diferencias de cambio netas, una postergación en el cómputo de los quebrantos similar a las dispuestas anteriormente por leyes 23260 y 23549.

No compartimos utilización del termino “cedular” o específico con referencia a este tipo de quebranto, pues el sentido técnico de esta  expresión alude a quebrantos que se pueden compensar sólo con ganancias provenientes de operaciones de la misma índole que la que los originara; aquí, por el contrario, se trata sólo de una postergación en el cómputo de dicho resultado neto, sin ninguna sujeción a su imputación contra cualquier utilidad obtenida en el futuro, ya que la única condición existente es la postergación en el tiempo de su apropiación, transcurrido el cual se convierte en u  quebranto general.

5.2 Tipo de cambio al que se refiere la ley

Como vimos antes la base para el cálculo de las diferencias de cambio esta constituida por dos elementos: el momento en que deben convertirse a moneda argentina los valores expresados en moneda extranjera y el tipo de cambio a emplear, en ese momento y en cada uno de los pagos posteriores.

El primer elemento parece no haberlo cambiado la ley, por lo menos en forma explícita, el segundo elemento es, en este momento determinable, pero está indeterminado: la ley sólo se refiere al Art. 2 que a su vez “faculta al PE para establecer el sistema que determine la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras”

Hoy sólo se conoce, parcialmente, el régimen de cambios a aplicar a los activos y pasivos provenientes de algunas operaciones financieras de ahorristas y deudores con las entidades financieras, donde en algunos casos de aplican los tipos de cambio anteriores y en otros un tipo de cambio oficial establecido ad hoc; además existe un mercado libre de cambios.

En materia de comercio exterior no hay normas claras sobre los tipos de cambio a aplicar a las distintas operaciones y, en general, está vedado realizar pagos al exterior los que deben ser autorizados expresamente en forma individual por el Banco Central.

Por otra parte, el tipo de cambio establecido para las operaciones bancarias por el PE se refiere sólo al dólar de Estados Unidos de Norteamérica, pero éste cambia frecuentemente su valor respecto de otras monedas por lo que la indeterminación es aún mayor para quienes tienen activos o pasivos en monedas distintas que la citada, porque pueden tener diferencias de cambio, aún cuando el tipo oficial peso/dólar, se mantenga fijo.

En el caso mencionado nos preguntamos ¿éstas diferencias de cambio están incluidas en la ley 25561?; creemos que sí porque la norma habla de un régimen de cambios que establezca el PE y el hecho de no haberlo completado no autoriza a suponer que, cuando se dicte, no contemple estas situaciones: además sería contrario a toda lógica que no se tomaran en cuenta las diferencias de cambio ocurridas por la fluctuación de todas las monedas con respecto al dólar de estados Unidos de Norteamérica.

Por fin, debemos concluir que nos falta el segundo elemento imprescindible para establecer las diferencias de cambio, que es el tipo a utilizar.

No obstante esta carencia, intentaremos imaginar distintas alternativas y su probable solución dentro de la mecánica del impuesto.

5.3 Diferencias de cambio originadas en pagos y cobros

Este es el caso más sencillo pues el cobro o pago, dentro de las disposiciones cambiarias  que establece la ley, determina por simple resta la diferencia de cambio a incluir en el régimen.

No obstante volvemos a aclarar que, cuando se trate de diferencias de cambio que no provengan de activos o pasivos existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25561, éstas se encuentran fuera de este régimen y dentro de las disposiciones anteriores de la ley de Impuesto a las Ganancias

5.4 Diferencias de cambio por revaluaciones de activos y pasivos

En estos casos será imprescindible saber cuál es el régimen cambiario a aplicar para cada operación y en base a él, practicar el revalúo de saldos determinando, de corresponder, las diferencias de cambio.

Vale aquí también, lo expresado en el último párrafo del punto anterior sobre las diferencias de cambio que se encuentran fuera de este régimen.

6. Inclusión en el régimen y prescripción

Los saldos netos de diferencias de cambio negativas, para algunos contribuyentes, no se pueden imputar en su totalidad al año fiscal sino que la ley prevé un régimen de diferimiento en cinco cuotas anuales iguales y consecutivas.

Ese diferimiento es temporal dado que, cuando se produce el momento en que la proporción de quebranto diferida puede imputarse, pasa a confundirse en la masa general de utilidades y quebrantos de ese ejercicio.

Esto implica que en el caso de activos o pasivos existentes a la fecha de vigencia de la ley 25561 que por aplicación de sus disposiciones se difieran, pero tengan plazos de vencimiento lejanos en el tiempo, pueda ocurrir que, en ejercicios posteriores, se vuelvan a producir nuevos quebrantos de esta índole; por ejemplo si el plazo de pago es de tres años, con la revaluación anual de cada uno de estos saldos, habrá que aplicar las disposiciones de la ley.

El resultado es que se deberá llevar cómputo separado de la cuota de cada ejercicio de estos quebrantos netos imputable a ejercicios futuros.

Todas las disposiciones que obstaculizan el pleno cómputo de quebrantos son asistemáticas y atentan contra la economía del tributo, habida cuenta que no existe ninguna razón para violar el principio del cómputo pleno –tanto de pérdidas cuanto de ganancias– ya que esencialmente se trata del mismo concepto: resultado de la actividad; en otros términos, son dos aspectos simétricos de manifestación del hecho imponible.

Esa violación del principio de igualdad, vulnera también el derecho de propiedad resguardado por nuestra Constitución Nacional, no obstante no nos extenderemos sobre el tema por ser ajeno a este trabajo.

En algunos casos este fenómeno, como advertimos que en nuestro país no es nuevo, ha asumido la forma de limitación de la ganancia contra la que se puede imputar la pérdida: por ejemplo quebrantos provenientes de ganancias de fuente extranjera, de resultados de compra venta de títulos y acciones y otros que sólo se pueden deducir de ganancias de la misma índole.

El diferimiento del cómputo de quebrantos es una segunda forma de deformación de la economía del tributo y se ha utilizado antes con resultados nefastos que están frescos en la memoria de los contribuyentes.

La anterior suspensión, primero parcial y después total, del cómputo de quebrantos –más allá de las razones alegadas en su implantación— provocó graves perjuicios a los contribuyentes: a algunos los perjudicó obligándolos a pagar un tributo que, de haberse podido computar la pérdida anterior, no hubiera existido por compensarse esos resultados, mientras que a otros los benefició indebidamente, como veremos a continuación.

Ante los planteamientos de inconstitucionalidad de los contribuyentes que veían lesionado su derecho de propiedad el legislador, para solucionar los problemas planteados pero impedir definitivamente el cómputo de los quebrantos diferidos, los sustituyó convirtiéndolos a impuesto a una tasa arbitraria.

Se intentó establecer el ahorro de impuesto que implicaría la utilización de los quebrantos a una tasa arbitraria establecida por la norma; con ello las pérdidas acumuladas dejaron de ser tales para convertirse, por imperio legal en un título público.

No aburriremos con los detalles del tortuoso procedimiento administrativo que requería el reconocimiento de la legitimidad de los quebrantos, sino que haremos referencia a sus resultados.

El perjuicio para los que debieron pagar el impuesto pese a tener quebrantos que no podían imputar, lo hemos mencionado y no fue saneado con la recepción de los títulos más, al menos, se solucionó una cuestión pendiente; mas el régimen creó una situación también injusta, pero de sentido contrario,

La ley comentada concedió el derecho a solicitar los títulos a todos quienes tuvieran quebrantos, olvidando que éstos constituyen un bien sujeto a la condición que, antes de transcurrido el plazo para su prescripción, el contribuyente obtenga utilidades de las cuales restarlo, en caso contrario se pierde el derecho a su imputación.

Como todos sabemos los quebrantos, luego del trámite administrativo aludido, se canjearon por títulos públicos a todos los contribuyentes que lo solicitaron; a posteriori se enmendó el error mencionado en el párrafo anterior sujetándose –tarde—la entrega de títulos, a la posibilidad y en la medida en que se tuviera derecho a compensar el quebranto con utilidades.

Esperemos que este no sea el fin del régimen inaugurado por la ley 25561.

No obstante, no son todos los contribuyentes los perjudicados con el diferimiento, sólo incumbe a quienes superen los limites que fija la ley y, en general podemos decir que se trata de empresas medianas o grandes; ese hecho no repara la injusticia del propio sistema implantado sino que, por un lado la agrava al violar una vez más los principios de generalidad y de equidad horizontal, por otro sirve para que sean menos los contribuyentes que eleven sus voces de protesta por el perjuicio sufrido.

En lo referido a la prescripción de la posibilidad de compensar estos quebrantos netos, con otros resultados positivos, no hay cambios por el diferimiento; la ley no establece ninguna norma que haga referencia a la suspensión o interrupción de los términos, por lo que existe riesgo de pérdida del derecho a computar los quebrantos por parte de los contribuyentes obligados a diferirlos, en la medida en que no los puedan absorber en los próximos cinco años.

Un antecedente que avala lo expuesto es que, en los regímenes anteriores de postergación, las leyes establecían expresamente la suspensión de los términos de la prescripción durante el lapso en que el quebranto no se podría computar.

Los quebrantos constituyen un bien, sujeto a condición pero un bien al fin, por lo que es probable se pueda obtener protección judicial ante casos concretos.

 

7.- Ejemplo

Una sociedad anónima que cierra balance el 30-6-02 realiza las siguientes operaciones:

A la fecha de vigencia de la ley tiene un saldo de U$S 10.000 valuados al tipo de $ 1.- por importación de mercaderías; cancela el saldo antes del cierre a $ 1,40 por U$S.

A la misma fecha anterior tiene un saldo a cobrar por exportación de mercaderías de U$S 3.000 valuados a $ 1.-; cobra la exportación y el Banco Central le liquida a $ 1,40.

Realiza una importación el 25-1-02 por U$S 2.000 que valúa a U$S 1,40; cuando realiza el pago el tipo de cambio es de $ 1,50.

A la fecha de vigencia de la ley tiene un depósito a plazo fijo en una institución financiera por U$S 5000, valuados a $ 1.-; el 25-01-02 pasa el plazo fijo a cuenta corriente en pesos al tipo de $ 1,40.

A la misma fecha tiene un crédito hipotecario de U$S 20000 sobre la planta fabril, el acreedor es una persona física con la que acuerda mismo valuar la deuda U$S 1,40.

Cobro mensualmente U$S 500 por un inmueble alquilado; recibió en su momento un depósito en garantía de su locatario equivalente a un mes de alquiler. El contrato de locación tiene una duración de cuatro años habiéndose suscripto el 1-6-01.

Tiene un pasivo de U$S 40.000 en el exterior valuado a $ 1 que debe abonar a 3 años de plazo;

Tipos de cambio  30-6-02    $ 1.40

$ 1.80

$ 2.00 fecha cancelación pasivo

$ 2.20

$ 2.50 fecha devolución depósito en garantía

alquiler.

 

El artículo 17 de la ley 25561 tiene dos disposiciones aparentemente contradictorias: a) dispone que  los resultados negativos sólo serán deducibles en la proporción de un 20% anual;  b) en cada uno de los primeros cinco ejercicios que cierren con posterioridad a la vigencia de la ley.

En el primer ejercicio no existen problemas de interpretación, pero para las diferencias de cambio incluidas en esta ley, que se produzcan en ejercicios posteriores se plantea la duda: ¿se deduce el 20% en cada uno de los cinco ejercicios siguientes al cierre? ¿O se deducen proporcionalmente en los años que restan de los cinco contados desde la vigencia de la ley? Este aspecto deberá aclararlo la reglamentación, en la solución se optó por la segunda alternativa considerando que el plazo de cinco años desde la fecha de vigencia de la ley es improrrogable.

 

Solución:

 

 


[1] RODRÍGUEZ USE, Guillermo: Operaciones en moneda extranjera: consideraciones jurídicas contables e impositivas, Revista Impuestos, 1990-B-1421 – 1990; aunque el comentario es anterior a la modificación del Art. 617 del Código Civil en esencia, sigue siendo válido.

[2] En este caso sí es diferente el análisis al realizado por Rodríguez Usé ya que actualmente los pagos pactados en moneda nacional o extranjera son obligaciones de dar sumas de dinero (Cod.Civ. Art. 617) mientras que en la época en que se escribió aquel trabajo, los pagos que se debieran realizar en moneda extranjera constituían obligaciones de dar cosas.

[3] BORDA, Guillermo: Tratado de derecho civil, undécima edición actualizada, parte general, tomo II, Editorial Perrot, p. 31.

[4] Ver  REIG, Enrique Jorge: Impuesto a las ganancias, décima edición, Ediciones Macchi  2001, p. 598/9

[5] Tribunal Fiscal de la Nación, nominación 1, fecha de sentencia:         10-6-76

[6] El tema expuesto, que tiene relación con la naturaleza de las diferencias de cambio, se será abordado  por razones de brevedad.

[7]Coppola Guillermo Esteban s/ recurso de apelación, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, 13-10-99.

[8] O”Farell, Jorge Eduardo, Tribunal Fiscal de la Nación, 4-1-67

[9] RAIMONDI, Carlos A. y ATCHABAIAN, Adolfo: El impuesto a las ganancias, tercera edición revisada y ampliada,  Depalma, 2000, p. 561.

[10] En el mismo sentido RAVINOVICH, Marcos: El impuesto a los réditos, primera edición, Ediciones Contabilidad Moderna, 1957, p.333.

[11] Si dejamos de lado el inciso a) del Art. 98 del reglamento ya que se refiere a operaciones de contado, por lo cual no existen las diferencias de cambio.

[12] En el caso de ventas se dispone utilizar el tipo de cambio del día de salida.

[13] Ver también Decreto Reglamentario, Art. 99.

[14] REIG, Enrique Jorge: op.cit. p. 595.

[15] Decreto Reglamentario Art. 101.

[16] Decreto Reglamentario Art. 99.

[17] Hace referencia a la legislación cambiaria vigente en la época que obligaba al ingreso de las divisas al país.

[18] Se entiende que las comprendidas en el régimen, como se vio antes.