Sistema tributario, propuesta de mejoras” presentado en 4* Congreso Tributario, Mendoza 1996. | Estudio Fernández Dolinsky | Finanzas públicas

Sistema tributario, propuesta de mejoras” presentado en 4* Congreso Tributario, Mendoza 1996.

 

INDICE

 

I INTRODUCCIÓN

1.1 Ubicación del problema dentro de las Finanzas Públicas

1.2 Naturaleza autónoma o dependiente del proceso gasto-recurso

 

II OBJETIVOS A OBTENER CON EL PROCESO GASTO-RECURSO

2.1 Objetivos de equidad.

2.1.1. Equidad horizontal

2.1.2. Equidad vertical.

2.2 Objetivos de optimalidad

2.2.1. Exceso de gravámen

2.2.2. Validez de los supuestos de la economía.

2.2.3. Costos de administración y cumplimiento.

2.2.4. Fallos del mercado.

2.2.5. Dirigismo fiscal.

2.3 Principios de la imposición.

 

III FACTORES ADICIONALES A CONSIDERAR

3.1 Apertura de la economía.

3.1.1. Producción eficiente de bienes y servicios públicos.

3.1.2. Sistema tributario. Armonización tributaria.

3.2 El problema de la deuda pública.

3.2.1. Deuda pública interna y externa.

 

IV PREPONDERANCIA EN LA DOCTRINA  DE LOS PROBLEMAS DE OPTIMALIDAD. SU RELACIÓN CON LA ATRACCION DE INVERSIONES.

 

V CARACTERISTICAS TEORICAS DESEADAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO

5.1 Concepto de sistema tributario.

5.1.1 Acotación del problema a estudiar.

5.2 elementos anti sistemáticos

5.2 El problema de la incidencia de los tributos.

5.3 Algunas proposiciones doctrinarias clásicas.

5.3.1 Neumarck

5.3.2. Informe Carter.

5.3.3. Informe Meade.

 

VI ESBOZO DE SISTEMA TRIBUTARIO

6.1 Una cuestión previa: la coparticipación federal.

6.2 Rendimiento recaudatorio de los tributos federales

 

VII IMPUESTOS COMPONENTES DEL SISTEMA

7.1 El impuesto a las ganancias.

7.1.1. El impuesto global personal.

Normas para aplicar el principio de residencia.

Ahuecamientos de la base.

Computabilidad de los dividendos de las sociedades de capital.

Ganancias eventuales y de capital.

Rentas imputadas.

Resultados de inversiones financieras.

Adquisiciones a titulo gratuito.

Exenciones.

Evasión y elusión

Tratamiento de los bienes de cambio

Ajuste por inflación

Progresividad

7.1.2. El impuesto societario

Impacto del impuesto según el origen de la financiación

No deducibilidad de los intereses pagados

Deducibilidad de los dividendos

 

7.2 Imposición a los consumos

7.2.1. Impuesto al valor agregado

7.3 Imposición al patrimonio

 

6.3 Impuestos sobre el patrimonio.

6.4 Impuestos sobre los consumos.

6.5 Impuestos sobre el comercio exterior.

6.6 Impuestos sobre las transmisiones a titulo gratuito.

 

 

 

 

I INTRODUCCIÓN

1.1 Ubicación del tema dentro de las Finanzas Públicas

 

Definimos con Jarach[1] el objeto de las Finanzas Públicas, como el estudio del proceso gasto-recurso efectuado por el estado.

 

La consideración de este fenómeno, a causa de su naturaleza interdependiente, debe realizarse en forma global. Esto es, la consideración simultánea de ambos miembros de la ecuación gasto-recurso.

 

Por ello, no es posible estudiar el sistema tributario, sin hacer simultáneamente referencia al gasto público, que se financiará con los ingresos obtenidos por aquel.

 

La relación del sector privado con el sector público de la economía es, siguiendo siempre a Jarach, simbiótica y se puede analizar desde muy distintos enfoques.

 

Así, podemos ver los efectos del gasto público, sobre la demanda y oferta globales de bienes y servicios, o como medio de satisfacer necesidades públicas; el sistema tributario también se puede ver, como medio de allegar fondos al tesoro público, de repartir el peso del estado entre los habitantes o de lograr cambios en la distribución de rentas y patrimonios privados.

 

Todos estos enfoques, dependen del ordenamiento prioritario, que se les dé a los objetivos a lograr por el proceso gasto-recurso.

 

Aquí estudiaremos sólo el sistema tributario, realizando algunos supuestos sobre el comportamiento y efectos del gasto, así como su utilización sustitutiva o paralela a los tributos para lograr ciertos fines.

 

Por ello, las conclusiones a que lleguemos, serán necesariamente parciales y sujetas a reexamen, si modifican esos supuestos en materia de gasto público.

 

1.2 Naturaleza autónoma o dependiente del proceso gasto-recurso

 

Existen distintos enfoques de la materia que nos ocupa, así hay quienes  la consideran  parte de la macroeconomía, denominándola “economía del sector público”; a esta  corriente un prestigioso autor[2] la llama escuela “anglonorteamericana”.

 

En cambio, la escuela “continental europea”, siempre en los términos de Macón, considera que el fenómeno financiero, configura un cuerpo autónomo de teoría, con sus propios objetivos y métodos de estudio.

 

Desde el punto de vista de esta ultima escuela, el económico es uno de los enfoques posibles, pero también se deben considerar, en un mismo plano de importancia, los aspectos jurídicos, políticos y técnicos de los fenómenos bajo análisis.

 

Este trabajo respeta el marco conceptual de esta última escuela.

 

II OBJETIVOS A OBTENER CON EL PROCESO GASTO RECURSO

 

Los primeros tratadistas que abordaron el tema tributario, observaron que, siendo el espectro económico tan amplio, sería útil diseñar ciertos principios que acotaran -o guiaran- la decisión del legislador, suponiendo con certeza que algunas formas tributarias son preferibles a otras.[3]

 

Este conjunto de reglas, enriquecido y profundizado por autores posteriores, constituye el cuerpo de teoría conocido como “principios de la imposición” que obran como guías en el diseño de tributos, en orden a obtener ciertos fines y evitar efectos indeseables.

 

Por supuesto, no existe unanimidad sobre la validez,  ni sobre la deseabilidad de estos principios, ya que cada autor realiza su lista predilecta y algunos[4] hasta llegan a sostener que son sólo la expresión de intereses e ideología.

 

Para analizar un universo tan variado y de limites tan difusos, utilizaremos la clasificación presentada por Macón[5] quien divide los principios en dos grupos: los que hacen a la equidad y los que hacen a la optimalidad.

 

2.1 Objetivos de equidad

 

La mayoría de las personas, pueden coincidir con que la equidad, en general, consiste en distribuir el peso -o la carga del estado- entre los habitantes de acuerdo con una regla de justicia imperante en determinado tiempo y lugar.

 

Esta caracterización, es lo suficientemente genérica, como para obtener gran consenso pero, esa misma razón, la hace poco operativa. No se puede aplicar directamente a la realidad.

 

2.1.1.Equidad horizontal

 

Por ello, se han creado elaboraciones más refinadas, diferenciándose el trato igual a los iguales -equidad horizontal- y el trato distinto a quienes están en distinta situación, o sea la equidad vertical.

 

Estos conceptos siguen siendo aún inaplicables, puesto que es muy difícil establecer el significado práctico -en todos los casos- de la expresión “trato igual a los iguales”.

 

Tal vez un ejemplo sea mas ilustrativo. Si lo que intentamos es dar trato igual a los iguales, en materia de renta, ¿ qué es lo que deberemos tratar de igualar?: ¿la renta monetaria ?, ¿la renta total, incluyendo el ocio?, ¿la renta actual o la correspondiente al ciclo vital?, ¿la renta al comienzo de la vida -igualdad de oportunidades- o como producto final de la vida adulta?.

 

Por otro lado, podemos pensar que lo que es necesario asegurar, es un mínimo de renta que permita: a) la subsistencia física del individuo, b) la igualdad simple, c) el consumo mínimo de ciertos bienes y servicios, d) la igualdad de dotación inicial.

 

2.1.2. Equidad vertical

 

Cuando se trata del problema de la equidad vertical, la cuestión se complica aún más, ya que “el trato distinto a quienes están en distinta situación” implica, no sólo el problema anterior, sino determinar el grado de tratamiento distinto, en lo que hace a la intensidad del mismo y al punto en el cual el proceso debe finalizar, porque se está en presencia de una desigualdad -después de impuestos- aceptable.

 

El concepto de equidad vertical, se ha tratado de justificar por medio de los principios del beneficio y de la capacidad de pago. El primero, implica pagar en función de los beneficios recibidos del gasto público, mientras que el segundo requiere que las personas con mayor capacidad, paguen mas impuestos.

 

Esa capacidad, se intenta medir de acuerdo con las reglas del sacrificio, pero este análisis implica la comparación interpersonal de utilidades.[6]

 

Como conclusión, podemos decir que el análisis del concepto de equidad, no proporciona elementos técnicos indubitables para su aplicación, siendo mas bien un objetivo a lograr,

que debe perseguirse como una cuestión de grado, más que como una norma absoluta.

 

2.2 Objetivos de optimalidad

 

Conforman el otro gran grupo de principios. En general, tratan de obtener tributos que perturben lo menos posible, el accionar de las fuerzas del mercado.

 

Aquí también podemos encontrar, partiendo del viejo principio de neutralidad[7], dos desarrollos distintos; por un lado las investigaciones sobre el concepto de carga excedente y los costos de administración y cumplimiento,  por otro los trabajos sobre dirigismo fiscal.

 

2.2.1. Exceso de gravamen

La preocupación principal, consiste en obtener impuestos, que respeten lo mas posible la asignación de recursos que haría el mercado y tradicionalmente se han resumido en el criterio de optimalidad de Pareto: una situación es pareto-eficiente cuando no se puede

mejorar el bienestar de un individuo sin disminuir el bienestar de otro. Estos estudios dieron origen a la teoría de la imposición óptima.

 

Como modo de tratar de mejorar la elección entre tributos, se desarrolló el concepto de carga excedente, definido como la perdida de bienestar que sufre el contribuyente, a causa de estar obligado por el impuesto, a cambiar su mezcla óptima de consumos.

 

Esta carga excedente  -exceso de gravamen- es característica de todos los impuestos- salvo la vieja capitación- y debe ser minimizada, ya que no se puede eliminar, como deseaban los clásicos.

 

2.2.2 Validez de los supuestos de la economía

Los supuestos de la teoría económica -modelo de competencia perfecta- no se observan en la realidad, nos referimos a la atomización y trasparencia de los mercados, así como a la necesidad de información perfecta y perfecta sustituibilidad de los factores de la producción;  una crítica similar merecen los supuestos conductuales implícitos: racionalidad, búsqueda exclusiva del propio interés y maximización irrestricta de utilidades.

 

Estas características de la teoría, no invalidan todo análisis, pero lo relativizan en el sentido de hacerle perder generalidad e infalibilidad a las conclusiones que de ella derivan.

 

Nos encontramos en una situación similar a la de las teorías de la equidad, en el sentido de carecer de los elementos instrumentales que nos permitan diseñar los tributos adecuados a nuestros objetivos; también aquí podemos hablar de objetivos que deben perseguirse como una cuestión de grado, no como una regla absoluta.

 

2.2.3. Costos de administración y cumplimiento

Las posibilidades de administración y los costos de cumplimiento de los distintos tributos, son elementos a minimizar y juegan también un papel muy importante en la elección de los instrumentos impositivos adecuados.

 

Como es obvio, cuanto mas sofisticado sea el impuesto, en su intento de adaptarse plenamente a las distintas situaciones económicas  -requisito muchas veces necesario para lograr equidad- más complejas serán su administración y mayores los costos de cumplimiento para el contribuyente.

 

2.2.4. Fallos del mercado

Existen muchas situaciones, en las cuales el mercado es incapaz de  lograr una óptima asignación de bienes; el caso mas importante es de lo bienes públicos, para los cuales no rige el principio de exclusión. Así, no habrá revelación de preferencias, a través del sistema de precios y el proceso político ocupa el lugar del mercado.

 

La votación de los electores se torna en el elemento substitutivo de la revelación de preferencias y el costo de los bienes producidos se financia por el sistema fiscal.

 

Existe todo un cuerpo de teoría, desarrollado en torno a estos conceptos – teoría de la elección pública- siendo los fallos mas importantes los relacionados con las externalidades, los monopolios naturales -rendimientos crecientes- las imperfecciones del mercado y las distribuciones inequitativas de renta y riqueza.

 

Entre las principales conclusiones podemos mencionar los fallos derivados de la burocracia -con su importante relación con la complejidad de administración de los tributos- y la deseabilidad de la descentalización de la administración, de importante efecto sobre la financiación del gasto público, habida cuenta del principio de correspondencia entre aquel y los recursos que lo deben financiar.

 

2.2.5. Dirigismo fiscal

Teniendo también origen en el viejo principio de neutralidad de los clásicos, se desarrollo el concepto de dirigismo fiscal.

 

La comprobación empírica de la existencia de efectos extrafiscales en los tributos, esto es la alteración del equilibrio en los mercados, a causa de la introducción de aquellos y la generación de una situación ex post subóptima respecto de la anterior, hicieron que, aceptada la existencia de estos efectos, se intentara reglarlos de algún modo, para evitar situaciones indeseadas.

 

Desde siempre, estos efectos fueron conocidos por los legisladores que, además, los utilizaron ampliamente, como medio de obtener fines de política económica, fomentando o desalentando actividades.

 

Fué Neumarck[8] quien desarrolló más ampliamente el principio del título, diferenciándolo del intervencionismo fiscal -al que considera legítimo- ya que intenta influir en las magnitudes económicas globales.

 

El concepto medular, es que las medidas de dirigismo fiscal, crean siempre ventajas para ciertos grupos y desventajas para otros y se originan, fundamentalmente, en la acción de los grupos de interés[9], por ello considera muchos más sanas las medidas de subsidio explícito.

 

2.3 Principios de la imposición

Los principios de la imposición  -normas para un diseño de tributos conforme a los principios de la doctrina- son, como se ha visto, un conjunto heterogéneo de reglas de mayor o menor aplicación práctica. Muchas de ellas derivan de conceptos distintos sobre el funcionamiento del sistema económico y, casi por regla general, se oponen en algún momento, en el sentido que lograr una implica suboptimizar otra.

 

Esta característica debe ser muy tenida en cuenta. ya que al elegir una forma tributaria en desmedro de otra, deben considerarse no sólo los principios que satisface la primera, sino también los que se incumplen, con la no adopción del tributo desechado..

 

Por ultimo, vemos que la mayoría de los principios derivan del análisis económico, por tanto, deberemos ser muy cuidadosos en nuestra apreciación de los aspectos políticos, jurídicos y técnicos que, junto con el económico, conforman la problemática de las Finanzas Públicas.

 

III FACTORES ADICIONALES A CONSIDERAR

La problemática de la tributación tiene una larga tradición, donde también tienen cabida los problemas de los países subdesarrollados.

 

Son  conocidos los cambios que muchos autores efectúan en sus recomendaciones, cuando analizan las economías de estos países, donde el desarrollo de los mercados y la eficiencia estatal, no son los necesarios para la implementación de ciertos tributos que,  en los países centrales resultan recomendables.

 

Un ejemplo, es la recomendación de utilizar impuestos a determinadas manifestaciones patrimoniales, en lugar de un impuesto global al patrimonio personal, que es bastante mas difícil de administrar.

 

Las economías de los países subdesarrollados, tienen ciertas características tales como bajo nivel de capitalización, mala distribución de riqueza, industrialización incipiente, administración estatal poco eficiente y otras que, como dijimos dificultan la implementación de ciertos tributos.

 

A estos problemas se han sumado, en la presente década, otro tipo de situaciones que clásicamente no eran consideradas por los tributarista; nos referimos a los problemas de la apertura de la economía y el gran endeudamiento público.

 

3.1 Apertura de la economía. Mercados comunes.

En las economías de muchos países, se observa una tendencia hacia la apertura; pareciera que en este momento se privilegian, dentro de ciertos limites, las ventajas de la libre concurrencia internacional, sobre las tendencias proteccionistas.

 

Una de las manifestaciones mas notables de este proceso, es el desarrollo de los mercados comunes; estos se pueden ver como una apertura casi total de la economía de cada país, dentro del ámbito de esa comunidad.

 

En los hechos funcionan como un  “corrimiento” de la frontera aduanera, desde los limites de cada país, hacia los del mercado común. Las limitaciones dentro de ese ámbito, en etapas avanzadas del proceso de integración, tienden a ser cada vez menores.

 

La integración entre estados tiene importante influencia, no sólo en el sector privado de la economía de cada país, que debe competir con los de los demás países miembros, sino también en el sector público.

 

El cambio de reglas de juego es fundamental, al ampliarse el mercado y poder cada sector competir con otros, en un espacio internacional más amplio, las decisiones de inversión de las empresas tienen un horizonte geográfico distinto.

 

No existe consenso en la teoría, sobre la totalidad y el peso de los factores que motivan la radicación de inversiones. De todos modos, es aceptable suponer, que el sistema tributario, así como la cantidad y calidad de bienes y servicios públicos producidos por un país serán factores a tomar en cuenta.

 

3.1.1. Producción eficiente de bienes y servicios públicos

El tema de la producción eficiente de bienes y servicios públicos, como herramienta competitiva en la atracción de inversiones a nivel internacional, ha sido muy poco considerado por la teoría. Aún no se plantea la necesidad de los sectores públicos, de competir entre sí en estos aspectos.

 

El tema plantea cuestiones un poco distintas a las habituales.

 

Como es sabido, algunos de los bienes y servicios producidos por el sector público, tienen ciertas características tales, consumo conjunto o no aplicación del principio de exclusión, entre otras, que impiden su producción por el sector privado, al serles inaplicable el sistema de precios.

 

Este es el caso de los bienes y servicios públicos llamados “puros”, en oposición a otros que tienen, sólo parcialmente, las características citadas.

 

Al no poder ser reveladas las preferencias de los habitantes, sobre la cantidad y calidad de bienes públicos a producir, por medio del sistema de precios, se han intentado utilizar como sustituto del mismo, por un lado el principio del beneficio o equivalencia, del cual hablamos en punto 2.1 y, por otro, se ha querido ver dicha revelación de preferencias en los sistemas de votación. Este es un tema clásico de las Finanzas Públicas.

 

Los análisis se centraron siempre en las preferencias de los habitantes de un país, no considerándose el caso de los posibles emigrantes, que se vieran impulsados a elegir un país en lugar de otro, por la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos producidos por el primero.

 

Existen sí estudios, en materia de competencia por la atracción de población e inversiones, entre las distintas jurisdicciones locales en un país federal. Creemos que esos estudios, no son totalmente aplicables al problema que nos ocupa, ya que en éste no existe una autoridad federal que homogeinice el conjunto y dicte reglas de juego a nivel superior.

 

Un inconveniente que se plantea es la dificultad de un país para conocer las preferencias en materia de bienes y servicios públicos, de potenciales inmigrantes; en general la inmigración se busca canalizar por medio de otras facilidades tales como apoyo crediticio.

 

Un ultimo punto de análisis sería el caso de que las preferencias de los habitantes no coincidieran -o aún fueran opuestas- a las que el gobierno del país cree facilitaran el ingreso de inmigrantes.

 

Creemos que es difícil asimilar el caso de un emigrante, al de una empresa que desea realizar una radicación de inversiones; de todos modos, el tema de producir en forma más eficiente bienes y servicios públicos, como herramienta competitiva a nivel internacional merece el esfuerzo de un estudio específico.

 

En el punto siguiente, veremos que la problemática que nos ocupa, ha producido en el ámbito tributario, la inquietud por la compatibilización de los sistemas tributarios de los distintos países integrantes del mercado común.

 

Tal vez fuera el momento de estudiar la compatibilización, dentro de un mercado común, de la producción de bienes y servicios públicos por parte de los países integrantes.

 

3.1.2. Sistema tributario. Armonización tributaria

El sistema tributario es el sostén principal de la financiación de bienes y servicios públicos; como ya vimos, ambas fases del problema, merecen consideración conjunta, pero aún cuando una fase no tenga primacía sobre la otra, es necesario a  efectos del analizar los tributos, considerar el gasto como dato y viceversa. Postular lo contrario sería pretender trabajar en un ámbito de infinitas ecuaciones con infinitas incógnitas.

 

Teniendo fijada la cantidad de bienes y servicios públicos a producir, podremos financiarla con distintas mezclas de tributos y deuda.

 

Los efectos que se producirán en el sector privado de la economía, serán diferentes no sólo según el medio de financiación utilizado -tributos o deuda- sino también según la clase de tributo o deuda que se emplee.

 

Todo esto tiene relación con los objetivos a alcanzar; por ejemplo, si el propósito principal es la atracción de inversiones del exterior, en lo que hace al sistema tributario, deberemos estudiar a fondo los mecanismos de incidencia de los distintos impuestos y su influencia en las decisiones de inversión,  para diseñar el sistema adecuado.

 

Cuando el problema se plantea en un mercado común, la situación es aún más compleja, ya que lo que se está jugando, es no sólo el ámbito económico propio país sino también el de los países integrantes de la comunidad económica.

 

Un mal manejo podría provocar, no sólo en la falta de atracción de inversiones extrazona, sino también  perder inversiones de la zona e, incluso de los habitantes del propio país que ahora puede vender a él, desde otro país del mercado común, en las mismas condiciones que antes lo hacía desde su país.

 

Entonces aparece el problema de armonizar el sistema tributario de modo de no obstaculizar la libre circulación de bienes y servicios dentro del ámbito comunitario ni afectar la libre radicación de inversiones con el fin de aprovechar todas las ventajas que proporciona este tipo de agrupamiento.

 

El resultado, al finalizar el proceso integratorio, será una zona económica única, donde todos los integrantes compitan libremente; es en ese momento en que las legislaciones tributarias deberán estar plenamente armonizadas.

 

Pero el proceso de integración se extiende siempre en el tiempo, el de la Comunidad Económica Europea lleva ya más de 40 años, porque su propia dinámica lo hace necesario. Esto implica que el país se debe preparar para un largo proceso durante el cual deberá competir con los demás integrantes del ámbito comunitario, sin una integración total.

 

Los mecanismos tributarios se deberán armonizar paulatinamente, el periodo de armonización es tan importante como la armonización misma.

 

En otro trabajo[10] hemos expuesto nuestra opinión sobre los cambios que serían necesarios en nuestro sistema tributario, con vistas a la armonización en el Mercosur.

 

3.2 El problema de la deuda pública

El análisis de los efectos que provoca la financiación de la producción de bienes y servicios públicos, con tributos o con deuda, es uno de los tópicos clásicos de la Finanzas Públicas.

 

Los autores clásicos prefirieron un análisis estático y ex ante. Se procuró estudiar como influirían en la economía, las distintas formas de financiación y su relación con la utilidad futura que generarían los bienes y servicios públicos a producir.

 

Todo el problema se estudió como si hubiera una libertad absoluta para elegir uno o otro medio de financiación.

 

Algunos autores, introdujeron un elemento dinámico, al considerar la distribución del costo entre generaciones y relacionarlo con los presuntos beneficios que, a través del tiempo, generarían los bienes y servicios públicos producidos. El propósito era lograr una equivalencia, en el sentido de que soporten los costos quienes disfrutan de los beneficios.

 

En la realidad actual de nuestros países, la carga de la deuda pública debe ser soportada por los habitantes, con prescindencia de la existencia de utilidad -generada y disfrutada-por los bienes y servicios que se produjeron y financiaron con la misma.

 

Entonces, desde el punto de vista actual, nos falta un elemento en la ecuación -disfrute de la utilidad del gasto- y la deuda pública pasa a ser simplemente una carga sin contrapartida. Funciona como un gasto público inútil.

 

Las Finanzas Públicas postulan que el gasto público debe, de algún modo, reflejar las preferencias de los habitantes; la deuda pública ya contraída, funciona como un gasto público en cuanto a la necesidad de financiación, pero como una carga sin sentido desde el punto de vista de la utilidad, pues refleja las preferencias de generaciones anteriores y no es claro el disfrute por los habitantes actuales, de los bienes y servicios públicos que se financiaron con ella.

 

El resultado de todo esto es que, ante la importancia que tienen dentro del conjunto de erogaciones del estado, los pagos de intereses y amortización de la deuda, los habitantes deban realizar un gran esfuerzo financiero, sin contrapartida en la producción de bienes y servicios públicos.

 

O sea deberán generar un presupuesto superavitario que permita efectuar esos pagos.

 

Esto cambia por completo  -en la medida de la importancia de los pagos por deuda respecto de la totalidad del gasto- el análisis del proceso gasto-recurso. En la parte de recursos necesarios para pagar deuda, es válido plantearse el problema de la equidad. En lo que hace a optimalidad, las consideraciones no son tan importantes, ya que este grupo de principios se preocupa más de los recursos que del gasto.

 

3.2.1. Deuda pública interna y externa

 

Si tomamos el problema de la deuda pública en abstracto, observamos que en realidad, se trata de una cuestión de repartición de costos entre generaciones, porque siempre el gasto público se financia con tributos; impuestos para pagar el gasto o impuestos para pagar la deuda.

 

Si además, dejamos de lado el concepto clásico de finanzas ordinarias y extraordinarias, con sus recomendaciones sobre la forma adecuada de financiar uno u otro tipo de gasto, nos encontramos conque la única clasificación, relevante de la deuda es entre deuda externa y deuda interna.

 

Sólo la primera es deuda en el sentido económico, pues la segunda es simplemente una cuestión de transferencias entre los tenedores de títulos y los pagadores de impuestos; a tal punto esto es así, que este hecho dio origen a la teoría de la amortización automática de la deuda pública[11].

 

La deuda externa sí es una deuda del conjunto de la economía y este es el problema que nos ocupa.

 

Creemos que la financiación de la deuda externa, deberá efectuarse con tributos elegidos según los mismos criterios utilizados para financiar el gasto público restante; no cambia esta situación, el hecho de no poder identificar, los “beneficios” generados por las inversiones, presuntamente realizadas, con los capitales que se deben al exterior.

 

Simplemente se debe partir de un gasto público a financia mayor que el que se ejecuta actualmente.

 

IV PREPONDERANCIA EN LA DOCTRINA DE LOS PROBLEMAS DE OPTIMALIDAD. SU RELACIÓN CON LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES.

Durante mucho tiempo, tuvieron preponderancia en los análisis, los problemas relacionados con la justa  repartición de peso del estado entre los habitantes, o sea los problemas de equidad. Esto se producía en los dos aspectos del proceso gasto recurso.

 

En los últimos tiempos se ha comenzado a prestar también mucha atención a los problemas de optimalidad. O sea a la cuestión de como obtener ingresos públicos alternado lo menos posible las reglas del mercado.

 

Así, han pasado a tener preponderancia, los problemas de la carga excedente, desde el punto de vista del consumidor y de la atracción de inversiones, en relación con los efectos de los tributos sobre  las decisiones de ahorrar e invertir.

 

Creemos que ambos tipos de consideraciones, merecen igual atención y no siempre dan como resultado soluciones opuestas, habiendo casos en los que ambos conceptos se refuerzan y apoyan mutuamente.[12]

 

 

V CARACTERÍSTICAS TEÓRICAS DESEADAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Las cantidad de riqueza que produce una economía, no es indiferente a la relación entre el tamaño del sector público y del sector privado. El problema es buscar la combinación óptima  -el tamaño adecuado del sector público- que permita la producción de la mayor  cantidad de bienes, respetando las preferencias de la población en lo que hace a cuales bienes y servicios debe producir  -o hacer producir-  el sector público.

 

Durante la segunda mitad de este siglo, se ha producido un desmesurado desarrollo del sector público; la cantidad de bienes y servicios, producidos por los estados, ha aumentado en progresión geométrica.

 

La contrapartida de este aumento, ha sido un gran crecimiento de la presión tributaria, con los riesgos que esto implica, por su acción sobre el sector privado de la economía.

 

La crisis provocada por estos hechos y otros, como el aumento de las expectativas de vida, han producido entre otras cosas, inflación y déficit del sector público, así como el colapso de los sistemas de seguridad social.

 

El problema se ha intentado atacar, desde ambos lados: los ingresos y el gasto.

 

Desde el lado del gasto, estamos en una época de “ajustes”, donde se intenta reducir, por todos los medios, el volumen del sector público.

 

Como es lógico, la reducción se orienta hacia los sectores donde es más fácil realizarla, con lo cual, el sector público subsistente, es muy posible no refleje las preferencias de los habitantes

 

En lo que hace a los ingresos, la reacción  se ha materializado, en distintos proyectos de reforma tributaria, que han intentado reducir los déficit del sector público, aumentando los impuestos existentes, creando otros nuevos o reformulando los sistemas.

 

En este aspecto, son determinantes los objetivos que se proponen. Un importante trabajo[13] ha sistematizado los distintos enfoques de la “reforma tributaria” contemporánea: las teorías de la imposición equitativa, de la imposición óptima y  del cambio social voluntario.

 

La primera centra el análisis, en un sistema tributario basado en un impuesto a la renta de base extensiva; la segunda, estudia principalmente, la interrelación entre la equidad y los costos de eficiencia, que producen los impuestos en los agentes de la economía; mientras que la última, partiendo de la base de la voracidad fiscal, intenta limitar la capacidad de imposición, por medio de normas constitucionales explícitas.

 

En realidad, los dos primeros enfoques, resumen de algún modo, la vieja antítesis equidad-eficiencia, mientras que el tercero aporta un concepto más original -intenta aplicar a la política las reglas del análisis económico- y su corriente mas  conocida es la “public choice” u opción pública.

 

No creemos que el eclecticismo sea la panacea universal, ya que muchas veces, cuando de trata de términos inconciliables, “tomar lo mejor de cada teoría” significa bastardearlas todas.

 

No obstante ello, pese a parecer tan diversas las posiciones descriptas, creemos que existe una raíz común -por lo menos en las dos primeras teorías- que nos permitirá

obtener propuestas viables.

 

Por otro lado, no olvidemos, que las funciones -o ramas- del sector público son tres[14] y los enfoques citados son aptos para la rama “producción de bienes y servicios públicos” en cambio, en las ramas “estabilización y desarrollo” y “redistribución” creemos no son de gran aplicación la imposición óptima ni la opción pública.

 

La oposición entre equidad y eficiencia, es en muchas veces aparente -se pueden conciliar ambas- y, en todo caso, la elección entre estos enfoques, es pertinente realizarla cuando se trate de diferencias irreductibles, que son las menos.

 

Creemos que, en el diseño del sistema tributario, cuando no exista mas remedio que elegir, debemos tomar como principal objetivo la equidad, en los impuestos a la renta y la eficiencia, en los impuestos a los consumos.

 

5.1 Concepto de sistema tributario

En la realidad, los tributos de los distintos países, no obedecen a una planificación adecuada de sus respectivos efectos e interacciones, sino que son el resultado de un proceso histórico donde se van yuxtaponiendo, modificando y eliminado distintos tributos.

 

Esto es valedero también para la importancia que los distintos tipos de tributos tienen dentro del conjunto de los recursos estatales.

 

El legislador, muchas veces intenta contemplar la interrelación de los tributos entre sí pero, en general, no existe una planificación que haga posible un sistema tributario racional, donde cada una de sus partes componentes apunte armónicamente a la obtención de determinados fines.

 

Tal vez el sistema tributario racional sea una utopía, habida cuenta del modo en que se disponen los tributos; pero, de todos modos, creemos que es un valor al que se debe tender como objetivo.

 

La idea de sistema, alude a un conjunto de cosas, relacionadas armónicamente entre sí para lograr un determinado fin. La aplicación de esta idea al conjunto de tributos no es tan sencilla.

 

En primer lugar, como ya hemos visto, los objetivos que se pretenden lograr con el sistema tributario, no sólo no son coherentes sino que, a veces, son contradictorios, en el sentido en que el logro de uno disminuye la posibilidad de obtener el otro. Este es el problema conocido como suboptimización.

 

En segundo lugar la doctrina no está totalmente de acuerdo con los efectos de los distintos impuestos, por lo cual el resultado de los mismos es, en cierta medida, impredecible. Este es un conflicto entre los medios a emplear y los objetivos a lograr.

 

Habría otras objeciones que realizar, a la idea de sistema aplicada al conjunto de tributos, pero, como ya está incorporada como una categoría de análisis en los estudios tributarios la utilizaremos.

 

5.1.1 Acotación del ámbito a estudiar.

El conjunto de tributos que estudiaremos, será el de los impuestos a cargo del sector nacional, en un estado federal.

 

Esto plantea una importante restricción ya que, si respetamos la relación que debe existir entre gasto y recurso, en la medida en que los estados provinciales  -o subcentrales-  ejecuten una parte relevante del gasto público, la recaudación de los tributos necesarios también tendrá importancia dentro de la recaudación total. Así lo aconseja también el principio de correspondencia fiscal.

 

La no inclusión de estos tributos en el análisis, puede complicar la obtención de los objetivos del sistema de tributos del gobierno central.

 

Un problema adicional, lo plantea la recomendación doctrinaria sobre la descentralización en la ejecución del gasto público como medio de mejorar la eficiencia y el control.

 

Un aumento del gasto público descentralizado, requerirá también aumentos en la recaudación, que pudieran ser no satisfechos por los tributos provinciales actuales, pudiendo ser necesario compartir fuentes tributarias actualmente a disposición exclusiva del gobierno central.

 

Esto nos plantea el problema de considerar si es posible no analizar el ámbito provincial,  por la importancia que tiene en nuestro país[15].

 

Como evidentemente el análisis será parcial, para evitar este problema y no abordarlo en este trabajo por su especificidad y extensión, tomaremos como base un trabajo presentado en las XXV Jornadas Tributarias[16] donde se postula, a grandes rasgos, como principal recurso de las haciendas subcentrales, el impuesto al valor agregado, con criterio de destino, en modalidad -en una primera etapa- de alícuotas adicionales al IVA nacional.

 

5.2. Elementos antisistemáticos

 

Consideramos de este modo, los impuestos o características de ellos que atentan contra el logro de un sistema racional, tal como lo hemos descripto.

 

Importante doctrina[17] ha clasificado los más importantes componentes antisitemáticos: “ahuecamiento” de la base del impuesto a la renta, acumulación de distintos impuestos sobre la misma base, “piramidación” propia de algunos impuestos multifásicos a los consumos, doble imposición -interna o internacional- y efectos de la traslación.

 

Por nuestra parte, podemos agregar como elementos antisistemáticos, los problemas de evasión y elusión de los tributos, los efectos nefastos del proceso inflacionario y la proliferación de regímenes de retención y percepción que, utilizados como elementos para combatir la evasión, generan saldos a favor del contribuyente, que no son rápidamente devueltos por la administración.

 

Entonces, la acción adecuada, consistirá en intentar la disminución de los elementos antisistemáticos. Para ello debemos observar que el origen de los mismos no es igual; en algunos casos se debe a acciones del legislador -”ahuecamientos”, acumulaciones, “piramidación”, doble imposición, regímenes de retención- que no toma en cuenta los  efectos perniciosos de estos elementos antisistemáticos.

 

No analizaremos las razones por las cuales el legislador no corrige estos aspectos.

 

Por el contrario, otros elementos antisistemáticos -traslación, inflación- están mas bien originados, en fenómenos que exceden la esfera tributaria, y afectan en general a la economía. El tributarista lo único que puede hacer, es tratar de comprender estos procesos, de modo de: a) mejorar la posibilidades predictivas de la teoría, b) diseñar mecanismos compensatorios que, aunque sea parcialmente, disminuyan los efectos antisistemáticos.

 

Por ultimo, los procesos de elusión y evasión, son tanto un problema legislativo  -diseñar tributos que los dificulten- cuanto un problema de administración fiscal, en el sentido en que, un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes por parte del organismo administrador, podría disminuir la incidencia de estos aspectos.

 

5.3. El problema de la incidencia de los tributos

 

Este problema es uno de los más estudiados por la teoría y, por usar una simplificación, consiste en establecer quienes son las personas que sufren la carga económica que los tributos conforman.

 

Es sabido que todas las leyes tributarias, establecen quienes son las personas obligadas a efectuar la prestación que comporta el tributo, esto no quiere decir que sean ellas quienes lo soporten.

 

Los mecanismos del mercado, permiten que quien deba pagar un tributo, trate de trasladar la carga que este comporta, a otros sujetos; este es el fenómeno llamado de la traslación.

 

La ocurrencia o no de la misma, depende de la situación de cada uno de los actores y de la fuerza que tengan para efectuar la traslación, en el mercado en el que operan.

 

Al respecto, como la mayoría de los mercados opera en competencia imperfecta, podemos decir que es muy difícil establecer a priori, quien será el individuo incidido por la carga del tributo.

 

Esto es un aspecto crucial, ya que, si no podemos predecir como operará la traslación, al ignorar quien soportará el impuesto, no sabremos siquiera de que tipo de tributo estamos hablando.

 

Un ejemplo aclarará el concepto. Durante 1995, en nuestro país, se incrementó la alícuota del impuesto al valor agregado. Este impuesto es, por definición, un impuesto a los consumos, que presupone una trasladabilidad perfecta, durante las diversas etapas productivas de modo que, el consumidor final, reciba el impacto total de la tributación.

 

Los sujetos que intervienen en todo el proceso, simplemente abonan importes a cuenta que reflejan su contribución en valor al producto, pero que, en todos los casos trasladan a etapas posteriores, de modo de concentrar la carga en el consumidor final.

 

La situación por la que transcurría la economía argentina, hizo que ese proceso de traslación, no se verificara esta vez en todos los casos -o en su total magnitud-  esto se manifestó, por la falta de un aumento uniforme en los precios de bienes y servicios que reflejara el aumento del tributo.

 

Entonces, ¿quién o quienes soportaron la carga económica del aumento de alícuota?, es difícil saberlo con certeza, pero podemos imaginar que, los eslabones con menor fuerza en la cadena de comercialización de cada producto, se vieron obligados a absorber parte del tributo. Esta absorción se debió realizar, sin ninguna duda, con la utilidad, por lo cual un impuesto global sobre los consumos, se convierte en un impuesto a ciertas utilidades empresarias.

 

En realidad, los estudios de incidencia, están basados generalmente, en los supuestos económicos clásicos, del modelo de competencia perfecta; ha habido algunos intentos de  analizar situaciones de competencia imperfecta pero, en todos los casos, las restricciones metodológicas son tales que las generalizaciones son muy difíciles de aceptar.

 

Pareciera nos encontramos en un callejón sin salida: al no sabe exactamente quienes serán los que soporten los impuestos, todo análisis de ellos será irrelevante, no habrá conclusiones generalizables.

 

La evidencia empírica existente, tampoco contribuye a clarificar el problema, por el contrario es insuficiente o contradictoria.

 

¿ La carencia de una herramienta científica confiable ha de condenar todo tipo de opinión?. Creemos que no es así: el método de investigación debe seguirse utilizando

acompañado con la debida prudencia que valore adecuadamente las herramientas de que se dispone.

 

Esto quiere decir que no tiraremos por la borda todos los estudios de incidencia, pero también quiere decir que, cuando recomendemos aplicaciones prácticas, fundamentadas en el análisis económico de la incidencia, deberemos hacerlo contrastando estas recomendaciones con conceptos políticos, jurídicos y técnicos que permitan ver el fenómeno tributario en toda su magnitud, al ser considerados todos sus aspectos relevantes.

 

5.4 Algunas proposiciones doctrinarias clásicas

La mayoría de los estudios globales del tema, incluye una recomendación de elementos componentes del sistema tributario. No sólo de cuales impuestos utilizar sino también del peso de cada uno de ellos dentro de la recaudación total.

 

Creemos importante reseñar algunos de estos estudios, como paso previo a proponer el que nos parece adecuado sistema tributario para nuestro país.

 

5.4.1 Propuesta de Neumark

El sistema de impuestos de este autor está compuesto, principalmente, por los siguientes elementos:

 

1* un impuesto general sobre la renta

2* un impuesto de sociedades

3* un impuesto general sobre el patrimonio

4* un impuesto general al consumo

5* un impuesto de sucesiones.

 

A ellos se agregan impuesto sobre el tráfico automotor, impuesto locales basados en el principio del beneficio, e impuestos locales sobre la propiedad territorial.

 

Si fuera posible gravar en el impuesto a la renta los beneficios no distribuidos de las sociedades de capital y las sucesiones, sólo quedarían en el sistema los impuestos mencionados en 1*, 2* y 4*.

 

Además, el impuesto general sobre los consumos, podría suplantarse, en teoría, por un impuesto progresivo sobre el gasto personal, pero lo desecha por la imposibilidad de su puesta en práctica.

 

Desecha los impuestos sobre consumos específicos o lujosos. Admite como aceptable diferenciar las alicuotas del impuesto general sobre los consumos, en función de la importancia y urgencia de las necesidades que cubren los bienes gravados.

 

En lo que hace a la ponderación, estima la contribución de los impuestos sobre la renta y societario en un 50% de la recaudación, el impuesto general sobre el consumo entre un 33% y un 40% y los impuestos patrimonial y de sucesiones en un 1% cada uno.

 

5.4.2. Informe Carter

El informe de la Real Comisión de Investigación sobre la fiscalidad, da la mayor preponderancia al impuesto a la renta, de base extensiva, integrándolo totalmente con el impuesto societario, de modo de ser este último, sólo un medio de allegar fondos al fisco, que a posteriori se restarán como crédito del impuesto individual.

 

Complementa el concepto de renta extensiva un impuesto a las adquisisciones a titulo gratuito, que opera incluso, cuando un miembro del grupo familiar, se desprende del mismo.

 

En lo que hace a la imposición al consumo, se inclina por un impuesto a las ventas minoristas complementado por impuestos a ciertos consumos específicos.

 

Considera el ambito provincial, el mas adecuado para la imposición patrimonial, en sus diversas manifestaciones.

 

5.4.3. Informe Meade

El informe sobre el sistema tributario inglés que preparó la Comisión Meade tiene como base cambiar en los impuestos principales la base renta por la base gasto. Así propone

 

1* un impuesto al gasto, aplicado en dos niveles:

a) el primer nivel podría ser: un impuesto proporcional a un escalón inicial y amplio de gastos, tipo valor agregado o un impuesto a la renta con desgravaciones del capital al 100 por 100 aplicables a todo tipo de inversión.

b) el segundo nivel sería un impuesto progresivo al gasto personal que recaería sobre ciertos contribuyentes con un nivel de consumo elevado.

2* un impuesto de sociedades sobre el flujo de fondos

3* un impuesto sobre la riqueza, que podría asumir la forma de un impuesto a las transmisiones lucrativas de capital, acompañado de un impuesto progresivo sobre el patrimonio individual.

 

VI ESBOZO DE UN SISTEMA TRIBUTARIO

La labor de proponer un sistema tributario, que traduzca los requerimientos de la doctrina, en cuanto al cumplimiento de los fines de política fiscal que se fijen y que contenga la menor cantidad posible de elementos antisistemáticos, excede las posibilidades de este trabajo, debido a la extensión y profundidad de los temas a analizar, en realidad tal vez fuera necesario uno o varios libros.

 

En los hechos, se trata de una labor colectiva mas que individual, así lo han sido los más importantes estudios[18] que, en algunos casos -Informe Carter- se han expuesto en obra de varios volúmenes. La utilización del nombre del Director o Coordinador de cada uno de ellos, como elemento identificatorio, es una costumbre útil para abreviar las citas a la obra.

 

La intención es, partiendo del sistema de impuestos federales, actualmente vigente en nuestro país, proponer modificaciones a sus elementos más importantes, para obtener un conjunto de impuestos que, cumpliendo mejor que los actuales los requisitos de equidad y optimalidad, tenga también menos elementos antisistemáticos.

 

6.1 Una cuestión previa: la coparticipación federal.

Como hemos dicho, consideraremos el total del gasto público como constante, esto implica que el piso recaudatorio del sistema propuesto, deberá ser suficiente para cubrir los gastos actuales.

 

La hipótesis la mantenemos aún cuando, en caso de transferencias en la ejecución de parte del gasto público federal a las provincias, se le deban transferir fondos a esos estados.

 

En el trabajo que mencionamos en nota 13, proponemos transferir paulatinamente el producto recaudatorio del impuesto al valor agregado a las provincias, disminuyendo, en la misma medida, los importes distribuidos por coparticipación federal.

 

De este modo, al finalizar el proceso de transición, postulamos que las transferencias del gobierno central a los gobiernos provinciales sólo tengan como fin: a) asegurar una provisión mínima de bienes públicos preferentes, b) cumplimentar objetivos de redistribución y anticíclicos.

 

6.2 Rendimiento recaudatorio de los tributos federales.

La participación de los distintos impuestos, dentro de la masa recaudada, produce un sistema que podemos caracterizar como fuertemente regresivo[19]. El grueso de los fondos proviene del IVA, que tiene regresividad propia de los impuestos a los consumos.

 

Esta característica del sistema creemos debe ser modificada, volviendo a darle importancia al problema de la equidad.

 

Hay algunas tendencias doctrinarias modernas, que postulan alcanzar los objetivos de equidad, a través del gasto público, más que con la imposición. Prefiriendo de este modo, ordenar el sistema tributario, en función de criterios de optimalidad.

 

Creemos que, en nuestro país, esta posición es insostenible, no sólo por la política actual de reducción del gasto, que reduce a su mínima expresión, la producción de bienes públicos tales como la educación y la salud, sino porque la falta de progresividad en los tributos a la renta y al patrimonio, impide moderar la regresividad de los tributos a los consumos.

 

Así Neumark[20] postula que, la progresividad del impuesto a la renta, deberá ser superior a la necesaria para cumplir con el principio de equidad vertical, de modo de compensar la regresividad de la imposición al consumo. Los conceptos de progresividad y regresividad, son especialmente útiles si se los aplica al sistema tributario como un todo.

 

Como elemento adicional, a favor de esta posición, está el hecho de la existencia de la deuda externa, que pesa sobre el total de la economía, obligando a recaudar fondos para egresos con los cuales no se puede cumplir ningún criterio de equidad.

 

En la actualidad, el grueso de la recaudación tributaria, está formado por los impuestos al consumo, en especial el IVA; mientras que la recaudación aportada por el impuesto a las ganancias es baja, no sólo en su relación con la recaudación total sino en relación con el PBI.

 

Creemos que un objetivo importante, a mediano plazo, es invertir estas proporciones, de modo de poder obtener con el sistema tributario un mayor grado de fines extrafiscales.

 

Se vería mejorada la equidad, que actualmente no se puede lograr vía gasto público, por las necesidades del “ajuste” de la economía y, en la medida en que crezca la importancia del impuesto a la renta, este podría asumir un importante papel en la consecución de los objetivos de estabilización, desarrollo y redistribución.

 

VII IMPUESTOS COMPONENTES DEL SISTEMA

 

7.1. El Impuesto a las ganancias

Desde hace tiempo hemos sostenido, en consonancia con la más importante doctrina nacional y extranjera, que el impuesto a la renta, es el que mejor cumple con el principio de equidad, siendo además herramienta apta, para mejorar la progresividad de todo el sistema tributario.

 

En décadas pasadas, se ha propugnado su reemplazo por el impuesto al gasto global; en especial este movimiento se hizo muy fuerte  -en la doctrina ya que no en los sistemas tributarios-  a partir de la publicación del Informe Meade, citado en el punto 5.4.3.

 

Creemos que el impuesto al gasto global, si bien ha tenido un profundo desarrollo teórico, aún no ha encontrado un diseño que, en la realidad de los sistemas tributarios, sea aplicable, sin simplificaciones que, en aras de esta aplicabilidad, lo tornen un tributo con mas criticas aún, que las que se pueden aplicar al impuesto a la renta.

 

En resumen, sostenemos que el impuesto a la renta, es la base de un sistema tributario moderno, que intente cumplir con los principios de la imposición.

 

En trabajos anteriores[21], hemos desarrollado estos temas, por lo que a ellos remitimos a quienes interese una fundamentación completa y profunda de nuestras opiniones.

 

7.1.1. El impuesto global personal

Es evidente que, comparativamente con otros países, el impuesto argentino a la renta, aporta una muy pequeña recaudación. El origen de esta situación, está principalmente en los elementos antisistemáticos mencionados: “ahuecamiento” de la base, evasión y elusión del tributo, tratamiento de los bienes de cambio, ajuste por inflación y  falta de normas de aplicación del criterio de la renta mundial.

 

Normas para aplicar el principio de residencia

 

Comenzaremos por estas últimas. Para que el criterio de atribución de rentas a los sujetos pasivos en función de su residencia sea operativo son necesarias disposiciones legales sobre múltiples aspectos.

 

A) Será necesario definir el concepto de residencia, para personas fisicas, para personas jurídicas y establecimientos estables. Fijar las reglas de adquisición y pérdida de la aquella y, si se considerara necesario, el tratamiento de sujetos que, luego de dejar de ser residentes readquieren la residencia dentro de cierto lapso.

 

Otros aspectos relacionados serían: los casos de personas que cumpliendo los requisitos de residencia, pero no corresponda incluirlos en esta categoría: diplomáticos extranjeros, personas con contratos de trabajo por tiempo determinado y otros; caso de las sucesiones indivisas, funcionarios y diplomáticos argentinos residentes en el exterior que actualmente tienen sus rentas gravadas en el país.

 

B) Aspectos relacionados con la determinación de la renta tales como tipos de cambio a utilizar para valuar la renta de fuente extranjera gravada en el país, concepto de renta a aplicarse  -teoría de la fuente o del balance-,  tratamiento de las ganancias de capital obtenidas en el exterior, tratamiento de la inflación que afecte la renta de fuente extranjera, tratamiento de los dividendos del exterior y muchos otros.

 

C) Aspectos relacionados con el impuesto extranjero tomado como crédito: concepto de “impuesto igual o similar”, tratamiento del impuesto extranjero que exceda el tope computable, de los ajustes en el extranjero del impuesto ya tomado como crédito en el país y de los créditos de impuesto de terceros países.

 

Como se ve, no existe prácticamente aspecto alguno de la ley, que no deba ser readecuado para la aplicación del criterio de la residencia.

 

Ahuecamientos de la base

 

En general podemos decir que para que un impuesto a la renta, global personal, cumpla los objetivos que establece la teoría, es ideal utilizar un criterio de renta extensiva. O sea incluir dentro de la tributación todas las rentas del individuo, incluso las que no tienen una manifestación monetaria.[22]

 

Este concepto de renta extensiva,  criticado entre otras razones por los problemas de valuación de muchos de los elementos que no integran, debe tomarse como un objetivo a lograr, más que como un imperativo que, es de muy difícil concretación en su totalidad.

 

En realidad, muchos de los “huecos” de nuestra ley, no se deben a problemas en la definición o medición del hecho imponible, sino simplemente a decisiones de política; estos creemos, son los aspectos a solucionar en una primera etapa.

 

Los mas importantes “huecos” mencionados son: a) la no computabilidad de los dividendos de sociedades de capital, b) el tratamiento de las ganancias eventuales y de capital, c)  algunas rentas imputadas, d) los resultados de inversiones financieras e) las adquisiciones a título gratuito f) algunas exenciones.

 

Computabilidad de los dividendos de las sociedades de capital

 

Es un requisito elemental de equidad, la incorporación de estas ganancias, a la renta gravada por el impuesto personal.

 

No sólo no existen razones para la exclusión, sino que además, es lógico gravarlas cuando los resultados de otras inversiones  -por ejemplo los intereses de préstamos- están incluidos en la base.

 

La relación de esta inclusión con el impuesto societario, se puede solucionar por medio de un crédito de impuesto para el accionista[23], con un impuesto de equiparación, para no conceder crédito por ganancias no gravadas en cabeza de la sociedad, o permitiendo a las sociedades deducir, como gasto, el dividendo abonado. el tema se verá con más detalle en el punto siguiente.

 

Ganancias eventuales y de capital

 

La inclusión de estas ganancias en el impuesto personal, plantea dos tipos de problema: a) delimitación de cuando una ganancia es eventual o de capital y cuando no lo es, a efectos de darle un tratamiento diferenciado a las primeras; b) el efecto de acumulación que hace que la alícuota marginal, del período que incluye estas ganancias, pueda ser mucho más elevada que la de otros períodos.

 

Son ganancias de tipo eventual, las que se obtuvieron mediante una fuerte influencia del azar. En general, son de muy difícil inclusión en el impuesto personal, prefiriéndose

gravarlas con impuestos específicos.

 

La diferencia fundamental entre las ganancias habituales y de capital, radica en la intensión del sujeto que realizó la operación: si se compró o no para vender[24]. Este es un elemento de muy difícil exteriorización, por lo cual la mayoría de las legislaciones utilizan como parámetro el periodo de tenencia de los bienes.

 

Al decidir la inclusión en la base de esas ganancias, aparece el problema de  la acumulación, para el cual la doctrina tiene distintas soluciones: entre otras prorrateo de la ganancia por un lapso igual al periodo de tenencia, con diferimiento del impuesto hacia adelante, o gravar la ganancia, a la alícuota marginal promedio del contribuyente, durante dicho lapso.

 

Algunas ganancias de esta índole no se podrán incluir, por razones de dificultad de control, tales como el resultado de la venta de bienes propios del hogar; mientras que para otras, como el resultado de la compra venta de la casa habitación, tal vez habría que excluirlas de la base o permitir un sistema de roll over, siempre que no superaran un cierto valor a establecer.

 

Estas soluciones requieren la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles.

Rentas imputadas

 

En general se llaman rentas imputadas[25] a las “ventajas que una persona obtiene cuando utiliza o consume sus propios servicios o sus propios bienes”.

 

A grandes rasgos las podemos agrupar en rentas obtenidas del disfrute de inmuebles propios, de otros bienes y de servicios propios.

 

Si dejamos de lado el problema de la casa habitación, la ley actual trata correctamente las rentas imputadas provenientes de inmuebles.

 

En cambio, en el caso de la vivienda, la situación es distinta ya que, si lo que se desea es mantener esta rentas fuera de la imposición, sería necesario, por razones de equidad permitir la deducción de los gastos de alquiler de personas que no son propietarias de su propia vivienda.

 

Pero para solucionar este problema  -no incluir la renta de la casa habitación dentro del impuesto- se crea otro peor: permitir la deducción de un gasto de consumo como son los alquileres; entonces, la única solución compatible con la economía del impuesto, es gravar el valor locativo de la casa habitación, pudiéndose excluir de la base, por razones de equidad, los valores locativos inferiores a cierto tope.

 

Las rentas imputadas obtenidas de otros bienes tienen los mismos problemas de medición y, en general, la mayoría de las leyes, las excluyen atribuyéndoles, además, poca importancia económica.

 

Las rentas obtenidas por el disfrute de servicios propios, tropiezan con dificultades casi insalvables de valuación, porque resulta muy difícil distinguirlas de la actividades de mero recreo. En algunos casos la inclusión podría desalentar su producción.

 

Excluir estas rentas del impuesto, no es un elemento antisistemático tan grave, ya que compiten con el ocio, que es una forma de consumo no deducible.

 

Resultados de inversiones financieras

 

El criterio de equidad requiere que los resultados de todas las inversiones financieras reciban el mismo tratamiento. Esto también cumple criterios de eficiencia, ya que el distinto trato fiscal,  interfiere en las decisiones de los agentes económicos.

 

Nuestra propuesta es, incluir en la base del tributo, los resultados de operaciones financieras, utilizando el criterio de la fuente o del balance, según corresponda, de acuerdo con la naturaleza de las actividades del sujeto.

 

Adquisiciones a título gratuito

 

Estas adquisiciones, proporcionan una capacidad contributiva, que no se diferencia de las demás rentas. Parecería justo incluirlas en la base, pero se tropieza con múltiples problemas, no sólo de valuación, sino también de revelación.

 

Creemos que es preferible utilizar impuestos específicos para los legados y herencias, dejando sin gravar el resto de las adquisiciones a titulo gratuito.

 

Exenciones.

 

Las exenciones dice Jarach[26] son excepciones. Se originan en un deseo del legislador, de evitar el mandato de pago, a alguien que realizó el hecho imponible.

 

En general, el criterio para crearlas es político, no técnico. La doctrina postula su reducción al mínimo, así como su interpretación restrictiva, porque afectan los principios de generalidad e igualdad.

 

Si bien son una herramienta política del estado, también es cierto que son un instituto poco deseable, cuya aplicación se debe tratar de reducir al mínimo.

 

Las razones de las exenciones son, en general, el fomento de ciertas actividades o el hecho de producir, los beneficiarios, ciertos bienes y servicios públicos que, en ausencia de la exención, el estado debería brindar a la población.

 

En otros casos, las exenciones tienen como origen, la acción de grupos de presión o el propio interés de quienes las establecen.

 

Cuando es legislador crea una exención, está brindando a sus beneficiarios, una ventaja indeterminada; pudiera ser poco importante o nó. No existe modo de medir la cuantía del beneficio y, tal vez si esto se hubiera sabido, la actitud del legislador hubiera sido muy otra, por lo menos en casos de cifras importantes.

 

Por ello creemos que, salvo casos contados, como la exención de las rentas del estado y otros que veremos más adelante, sería mucho más racional conceder subsidios -en lugar de exenciones- lo cual permitiría: a) conocer el costo para el estado de la medida, b) conocer el costo de los bienes y servicios públicos que produce el sujeto en lugar del estado. Adicionalmente también serviría para comprobar efectivamente que dichos bienes y servicios se producen realmente.

 

A continuación, analizaremos algunas exenciones vigentes, para las que postulamos un tratamiento diferente al actual.

 

a) Derechos de autor.

 

Creemos que el propósito de fomentar la producción artística e intelectual es válido. Pese a ello, debería existir un tope anual a los derechos exentos, de modo de no gravar sólo los casos en que no exista capacidad contributiva importante.

 

No vemos la razón de fijar, por ejemplo, un tope a los gastos en medicina y considerar exentos sin tope los derechos de autor.

 

Una ventaja adicional que tendría este sistema, sería desalentar la inclusión impropia  de locaciones de obra y de servicios en este inciso de la ley, con lo cual no tendría razón de ser el confuso texto actualmente en vigencia.

 

b) Magistrados, legisladores y otros cargos electivos.

 

No existe ninguna razón lógica, ni de política fiscal, que avale estas exenciones. Además, en el caso de los legisladores, es una inmoralidad que quien dicta una ley se sustraiga de sus alcances.

 

En el caso de los magistrados, el argumento sobre la rebaja de sueldos que implica el impuesto, es inconsistente. La intangibilidad de la remuneración de los jueces, apunta a protegerlos de presiones del poder ejecutivo, que le impidan ejercer en forma libre e independiente su magisterio.

 

Creemos que un impuesto que rige para todos los habitantes del país, no puede interpretarse configure una rebaja en los sueldos de los magistrados, que los inhabilite o presione, en el ejercicio de sus funciones.

 

En el caso de los legisladores, si el desempeño de sus funciones les produce erogaciones adicionales, lo correcto sería un aumento en las dietas y no una exención del impuesto.

 

c) Intereses de depósitos, renta y resultados de la compraventa de títulos

 

Los principios de neutralidad y equidad, requieren no discriminar los resultados de las operaciones financieras, por el tipo de colocación, ni por el mercado donde se  coloquen.

 

Por ello creemos injusta la situación actual en la que, para ciertos sujetos, los intereses de colocaciones en el sistema bancario están exentos. Si bien se arguye que la exención tiene como origen el fomento del ahorro, el tratamiento diferencial crea una inequidad importante.

 

En lo que hace a la exención de los intereses de títulos públicos, la situación es distinta, aunque afecte la neutralidad igual que la anterior.

 

El exención de los intereses de títulos públicos es un medio que tiene el estado de obtener capitales a tasa menor por lo que, de eliminarse, bajaría el valor nominal de los títulos en proporción a la incidencia del impuesto; en las nuevas operaciones los ahorristas exigirían una tasa mayor que los compense.

 

Esta exención tiene una larga tradición en todo el mundo y, al ser muy atractivos estos títulos para poseedoras de altas rentas, afecta fuertemente la progresividad. Por todo esto preferimos mantenerla.

 

Entonces, ¿ tiene sentido la eliminación de la exención a los intereses que abonan los bancos ?. Esta es una de esas situaciones, en las que no existe claramente una alternativa

ventajosa, creemos que, tal vez fuera mejor dejar subsistentes ambas exenciones.

 

Es importante aclarar que se seguirá manteniendo la actual asimetría: los intereses ganados dentro del sistema financiero o como prestamista del estado estarían exentos; el resto de los intereses seguiría gravado.

 

d) Resultado de la compraventa de valores mobiliarios

 

Esta exención, está fuertemente relacionada con la exención de intereses y el tratamiento de los dividendos.

 

Los precios de las acciones fluctúan, entre otras razones, por los dividendos que abonan y, muchas veces, es imposible distinguir si las ganancias de la compra venta se originan en uno u otro factor. Por ello, el tratamiento de los resultados de la compraventa y de los frutos de la inversión debe ser simétrico.

 

Hemos propuesto incluir en la base del impuesto individual los dividendos, proponemos también incluir el resultado de la compra venta de títulos.

 

Evasión y elusión

 

Estas dos patologías tributarias, no son sólo propias del impuesto a las ganancias, sino que afectan a todo el sistema tributario.

 

La acción del fisco para disminuirlas, debe ser constante, ya que afectan totalmente los presupuestos sobre los cuales se crearon los tributos.

 

Entendemos que el estudio profundo del tema, debe ser motivo de un trabajo ad hoc, por lo que sólo lo mencionamos con un elemento antisistemático importante.

 

Tratamiento de los bienes de cambio

 

Nuestra ley, a diferencia del tratamiento tradicional en el mundo, valúa los bienes de cambio a valores corrientes. Esto puede dar como resultado la generación de ganancias por mera valorización o fluctuaciones de precios que no es conveniente gravar.

 

La razón de la inconveniencia es, por un lado el problema financiero que puede provocar la tributación sobre ganancias no realizadas y, por otro, la evidente injusticia que ocurre cuando -ante una pérdida del mismo origen- sólo se obtiene un quebranto computable en el futuro contra otras ganancias, pero no se recibe del estado el impuesto implícito en dicho quebranto.

 

Ajuste por inflación

 

Consideramos primordial, mantener un sistema de ajuste, que impida la tributación sobre ganancias meramente nominales.

 

Para ello, la salida más sencilla, consiste en utilizar el sistema que actualmente existe en la ley, actualizando las tablas para que reflejen la inflación existente.

 

Progresividad

 

El impuesto a la renta personal, es el principal elemento del sistema tributario, en orden a mejorar la progresividad de todo el conjunto.

 

Dicha característica -la progresividad- depende de múltiples elementos de la estructura del impuesto, pero hay uno de ellos que es el principal: la escala de alícuotas.

 

Nuestra ley, sigue la tendencia mundial, de pocos escalones y una progresividad razonable, pero creemos que hay un elemento a mejorar: la alícuota máxima.

 

Creemos que sería necesario una alícuota máxima mayor que la actual, para niveles de renta superiores a $ 120.000, de modo de seguir con el esquema tradicional de relación entre este impuesto y el impuesto societario. La alícuota máxima  del primero, mayor que la alícuota proporcional del segundo.

 

No es esta la única causa de la poca progresividad, hay varias otras; pero por su importancia, destacamos la deseabilidad de conceder un crédito de impuesto, en lugar de las deducciones especial, ganancia no imponible y cargas de familia.

 

 

7.1.2. El impuesto societario

Algunos de los temas tratados en el punto anterior, son aplicables también al impuesto societario: falta de normas de aplicación del criterio de residencia, problemas de evasión y elusión, valuación de bienes de cambio y ajuste por inflación, por lo que no volveremos sobre ellos.

 

En cambio si consideramos necesario modificar el tratamiento de los dividendos.

 

Hemos propuesto, más arriba,  incluirlos en la base del impuesto personal, concediendo al accionista un crédito de impuesto que, de algún modo, reconozca la vinculación con el impuesto societario o sin crédito de impuesto, a condición de que los dividendos se deduzcan de la base del impuesto societario.

 

La primera solución es clásica en la doctrina[27] y sus implicancias han sido suficientemente desarrolladas; prestaremos atención a la segunda.

 

Impacto del impuesto según el origen de la financiación.

 

El sistema actual de nuestra ley de impuesto a las ganancias, no es neutral respecto de la forma de financiación: se castiga la utilización de capital propio; o lo que el lo mismo, se premia la financiación con endeudamiento.

 

La posibilidad de deducir los intereses pagados hace que el costo del capital ajeno sea menor que el del capital propio. Esto se agrava para las PYMES, por la distinta posibilidad que tienen, en materia de acceso a fuentes de crédito: siempre deberán pagar tasas mayores.

 

Si definimos como condición de eficiencia, la igualación del costo de financiación con capital propio y con capital ajeno, tenemos dos caminos: a) manteniendo en tratamiento actual de los dividendos, prohibir la deducción de intereses pagados; b) manteniendo la deducción de intereses pagados, permitir deducir los dividendos de la base del impuesto societario.

 

No deducibilidad de los intereses pagados

 

Creemos que debe ser descartada ya que, obtendríamos la condición de eficiencia buscada, pero a costa de crear otra inequidad: gravar los intereses cobrados en cabeza del perceptor y no permitir su deducción al pagador, como si se tratara de un gasto de disposición de renta, cuando estamos ante un claro caso de gasto para obtener renta.

 

A su vez, esto ultimo tendría solución: no gravar en cabeza del perceptor los intereses, pero esto sería ir en contra, no sólo del criterio de renta extensiva sino de las más elementales nociones de equidad y generalidad.

 

Por último, la naturaleza del impuesto, requiere que se grave la renta neta y, en este caso, un elemento del costo, no sería considerado.

 

Deducibilidad de los dividendos

 

La proposición es permitir la deducción de la base del impuesto societario, de los dividendos puestos a disposición de los accionistas[28]. Con ello se volvería neutral para la sociedad el origen de los fondos empleados en su financiación.

 

Este es uno de los sistemas de integración del impuesto personal y del impuesto societario  y el reconocimiento de la relación debería ser para los accionistas residentes en el país, manteniéndose el sistema de retención en la fuente, con carácter de pago único y definitivo, para los accionistas residentes en el exterior.

 

Este procedimiento, al no prever un crédito de impuesto para el accionista, no requiere tampoco impuesto de equiparación.

 

Un ultimo aspecto a considerar, es el prorrateo  de los dividendos a deducir de la base, cuando el sujeto obtenga ganancias gravadas y no gravadas, dado que no sería equitativa la deducción total. Es un problema similar al prorrateo de intereses que la ley dispone actualmente.

 

7.2.- Imposición a los consumos

Creemos que la proporción que actualmente tienen estos tributos, en el total de la recaudación, es excesiva, en especial por el grado de regresividad que le aportan al sistema.

 

También es cierto que, si bien estos impuestos no son susceptibles de ser utilizados con fines redistributivos, se puede mejorar su equidad mediante alícuotas diferenciales.

 

7.2.1. Impuesto al valor agregado

Cuando nos referimos a este impuesto, es importante que, a efectos de la comprensión de como funciona en nuestro país, tomemos en cuenta que  se aparta bastante de los modelos teóricos.

 

La recaudación de este impuesto está fuertemente influenciada[29] por los regímenes de retención y percepción; además gran parte de los llamados Grandes contribuyentes nacionales, tiene saldo a favor, según publicaciones en el Boletín Oficial[30].

 

En los casos en que el saldo a favor permanezca en el tiempo, se provoca en los agentes una carga financiera, que anula los efectos neutrales del tributo. Esto no está mitigado por un rápido sistema de devoluciones.

 

Otro tanto ocurre cuando, por múltiples razones, se altera la cadena de débitos y créditos; el impuesto se deja de trasladar, incidiendo en alguna etapa intermedia del proceso productivo.

 

Es en este contexto donde deberemos proponer cambios.

 

Creemos que sería necesario pensar, en el mediano plazo, en una baja de alícuotas de ese impuesto; para ello sería muy importante la mejora en la recaudación que aporta el impuesto a las ganancias.

 

Junto con esta baja de  la alícuota general, se podría mejorar la equidad utilizando un sistema de alícuotas menores para los bienes de primera necesidad.

 

En el punto 6.1 hemos referido una propuesta, en el sentido de financiar las haciendas subcentrales, por medio de alicuotas provinciales, adicionales al IVA nacional, en lugar del actual impuesto sobre los ingresos brutos.

 

La idea sería, ir traspasando puntos de un impuesto a otro, al mismo tiempo que se disminuyen los porcentajes coparticipados.

 

En resumen, proponemos la implantación de un sistema de rápida devolución de saldos a favor, a mediano plazo, una disminución de la alícuota general, una alícuota diferencial menor para bienes de primera necesidad y el reemplazo del impuesto sobre los ingresos brutos, por alícuotas provinciales sobre el IVA nacional.

 

7.3. Imposición al patrimonio

La imposición al patrimonio cumple una importante función como complemento de los tributos a la renta. En nuestro país los impuestos a determinados bienes se utilizan en el ambito provincial, mientas que el impuesto al patrimonio global es recurso del estado nacional.

 

En el primer caso de trata de tributos -inmobiliario, a los automotores y otros- con una gran tradicion como recursos provinciales.

 

El principal problema que se observa, son las dificultades de control de cumplimiento, por lo que, más allá de la deseabilidad de esta imposición, el esfuerzo debe hacerse en una mejora de los sistemas de control y seguimiento del contribuyente.

 

El impuesto nacional, si bien posee actualmente una base suficientemente amplia -prácticamente no hay exenciones- adolece de dos problemas a) falta de implementación del criterio de la residencia, b) falta de cómputo de los pasivos.

 

El primer problema, es compartido con el impuesto a las ganancias, por lo cual nos remitimos a lo allí dicho.

 

El segundo problema es mayor, ya que hace a la naturaleza del tributo, provocando problemas de doble imposición cuando, un pasivo que no puede ser descontado de la base imponible por el deudor, está también gravado en cabeza del acreedor.

 

Estos serían los dos aspectos que recomendamos modificar.


[1] JARACH, Dino: “Finanzas públicas y derecho tributario”, primera edición, setiembre 1983,Editorial Cangallo SACI, páginas 37 y siguientes.

[2] MACON, Jorge:comentario bibliográfico sobre libro citado en nota anterior, revista La Información, diciembre 1978, página 941.

[3] En su clásico “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” Adam Smith, dedica el capítulo II del libro V, a este tema y el capítulo III del mismo libro, al problema de la deuda pública.

[4] EISENSTEIN, Louis: “Las ideologias de la imposición”, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983.

[5] MACON, Jorge: “Las finanzas públicas argentinas”, Ediciones Macchi, 1985.

[6] Un buen resumen del estado actual de la cuestión se puede ver en  MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Peggy B.: “Hacienda pública teórica y aplicada”, quinta edición, McGraw-Hill 1992 Capítulo 14.

[7] También examinado por A.Smith.

[8] NEUMARCK, Fritz: “Los principios de la imposición”, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974

[9] Op. Cit. en nota anterior, página 280.

[10] FERNÁNDEZ, Luis Omar: “Mercosur: cambios en el impuesto societario argentino para mejorar su competitividad”, trabajo presentado ante III Congreso Tributario CPCECF, Tandil 1995.

[11] Ver, entre otros, JARACH, Dino: Op.Cit. en nota 1, páginas 885 y siguientes.

[12] MACON Jorge: “Equidad y eficiencia en política tributaria”, en “Homenaje al 50* aniversario de ‘El hecho imponible’ de Dino Jarach, Ediciones Interoceánicas SA, 1994, página 65.

[13] FUENTES QUINTANA, Enrique: “Opciones fiscales de los años 80”, en Papeles de Economía Española, n* 27, 1986, páginas 193 y siguientes.

[14] Seguimos aquí la clásica división en ramas de Richard MUSGRAVE.

[15] Según información oficial, proporcionada por el Secretario de Hacienda de la Nación -en el III Congreso Tributario citado-  las erogaciones de la nación con destino a las provincias, en el presupuesto 1995, serían del 29.4% de los gastos totales.

[16] FERNANDEZ, Luis Omar: “Coordinación de la imposición indirecta en países federales”.

[17] SCHMÖLDERS; Ghünter: “Sistema y sistemática impositivos”, en Tratado de Finanzas dirigido por Wilhelm Gerloff y Fritz Neumarck, El Ateneo, Tomo II, páginas 301 y siguientes.

 

[18] Algunos de ellos citados en 5.3, otros, como el Informe Bradford, sobre el sistema tributario norteamericano, el Informe Lodin sobre Suecia y el Informe Musgrave sobre Colombia, participan de la misma característica de realización colectiva.

[19] Con las limitaciones mencionadas en el análisis de incidencia.

[20] NEUMARCK, Fritz: Op.Cit. en nota  8, páginas 218 y siguientes.

[21] FERNANDEZ, Luis Omar: “Mercosur: cambios en el impuesto societario argentino para mejorar su competitividad” , presentado en III Congreso Tributario CPCECF, Tandil 1995, “Impuesto a las ganancias: propuesta de extensión de la base imponible”, presentado en XXIV Jornadas Tributarias CGCE, Mar del Plata, 1994, “Criterio de residencia en el impuesto a la renta: aspectos a legislar”, presentado en XXIII Jornadas Tributarias, CGCE, Mar del Plata 1993, e “Impuesto global personal a la renta. Progresividad y nivel de alícuotas”, presentado en II Congreso Tributario CPCECF, Pinamar, 1994, en colaboración con DAMONTE, Jorge Carlos.

[22] La definición clásica de Simons incluye tanto el consumo cuanto los incrementos patrimoniales.

[23] que, si queremos sea pleno, deberá incluir el acrecentamiento por el impuesto societario.

[24] SHOUP, Carl S.: en “Hacienda Pública”, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, página 396, habla de “ganancias o pérdidas en activos que no se pretenden vender en el curso normal de los negocios”.

[25] Informe Carter, mencionado en nota       , volumen 2, tomo 3, página 47.

[26] “Curso superior de derecho tributario”, Editorial CIMA, página 205.

[27] Para un análisis profundo de todas las formas de integración ver: REIG, Enrique Jorge: “Sistemas de integración del impuesto a la renta societaria”. Academia Nacional de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1983.

[28] Conf. “Informe Carter”, volumen 3, página 52.

[29] Ver Boletín DGI, enero 1994, páginas 84/86.

[30] Ver un análisis completo del tema en: GARCIA, Fernando D.:  “Análisis de las principales distorsiones provocadas por los sistemas anticipados de cancelación en los impuestos a los consumos”, trabajo presentado II Congreso Tributario CPCECF, 1994.