LA NEUTRALIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA RESPECTO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN | Estudio Fernández Dolinsky | Finanzas públicas

LA NEUTRALIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA RESPECTO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

 

Luis Omar Fernández

 

1.- Introducción

 

El Impuesto Societario

 

Comenzaremos haciendo algunas consideraciones teóricas sobre el impuesto a la renta al que están sometidas las sociedades de capital; lo llamaremos Impuesto Societario, para diferenciarlo del impuesto a la renta que deben pagar las personas físicas, al que llamaremos Impuesto Personal.

 

Esta aclaración previa nos permitirá trabajar con mayor precisión ya que, aunque en la ley argentina de Impuesto a las Ganancias, ambos tributos integran el mismo cuerpo, en realidad se trata de dos impuestos sustancialmente distintos, que en la mayoría de los países se legislan por separado.

 

El Impuesto Societario grava la renta neta de las sociedades, o sea la diferencia entre los ingresos y los gastos; el primer problema que se plantea reside en identificar la base imponible.

 

En el plano normativo es siempre deseable que la base imponible contenga la mayor cantidad de elementos, tanto positivos como negativos, de modo de poder acercar el resultado final lo más posible al concepto económico de renta.

 

En este impuesto se produce un “sesgo” hacia la financiación con capital ajeno, dado que su costo -los intereses- se deduce de la base mientras que no se considera igual al costo del capital propio.

 

El impuesto eleva el costo del factor capital -por lo menos del capital ajeno- respecto de los demás factores de la producción,  podríamos decir que perjudicaría relativamente a las industrias capital intensivas, beneficiando en la misma forma a las mano de obra intensivas.

 

La teoría prevé que el efecto resultante será intensificación en el uso del factor relativamente más barato -mano de obra- respecto del relativamente mas oneroso –capital- no obstante esto se modera porque la sustituibilidad de uno por otro no es perfecta ya que existen subadiciones y discontinuidades que dificultan y a veces imposibilitan tal proceso.

 

El efecto del fenómeno dependerá de la magnitud tasa del impuesto[1] y de la libertad de la empresa para optar por financiación propia o ajena.

 

También  aquí es pertinente aclarar que la elección entre financiación con capital propio y con capital ajeno no está sólo definida por el tratamiento impositivo de los intereses y dividendos; es más, podríamos decir que las consideraciones tributarias no son ni siquiera determinantes. En ambos casos la cuestión depende de la posibilidad de la empresa de contratar en el mercado nueva deuda y, fundamentalmente, de la voluntad de los prestamistas -o accionistas- en colocar el capital y esta decisión, desde el punto de vista del acreedor, esta influenciada por muchas otras cuestiones.

 

Sólo podríamos decir que, a igualdad de las demás condiciones, la financiación con capital ajeno es más costosa.

 

Otro elemento de la realidad que se debe considerar por su influencia en la incidencia es la posibilidad de traslación de la que hablaremos más adelante.

 

El impuesto Personal

 

El análisis se completa con la consideración conjunta del Impuesto Societario y el Impuesto Personal.

 

Es conocida la posición de considerar que las utilidades societarias se ven sometidas a un doble gravamen: en cabeza de la misma y, al ser distribuidas como dividendos, en cabeza de los accionistas.

 

La posición contraria -niega la doble imposición- sostiene que, en un enfoque dinámico está justificado gravar al dividendo con independencia del Impuesto Societario abonado, ya que se trata simplemente del resultado de una inversión similar a la colocación de dinero a interés, por lo que no habría razones para eximirlo de tributación.

 

Estas posiciones, valederas en la mayoría de los países que gravan el dividendo dentro del Impuesto Personal, son analizadas con mayor detalle por Jarach[2] quien diferencia a los accionistas según el tipo de relación económica que pudieran tener con la empresa.

 

Así distingue al accionista-empresario, del accionista-inversor y del accionista-especulador en orden creciente de independencia en la vinculación con la sociedad. Los diferentes intereses de estos grupos posibilitan un análisis diferenciado respecto de la gravabilidad del dividendo en el Impuesto Personal.

 

Otra cuestión importante está dada por el tratamiento de las ganancias de capital en el Impuesto Personal. Cuando éstas se excluyen -para ser objeto de un impuesto distinto con alícuotas proporcionales- o cuando dentro del propio Impuesto Personal, reciben un tratamiento especial, se posibilita una maniobra por parte de las sociedades de capital: en lugar de distribuir dividendos -gravados en el Impuesto Personal a la alícuota progresiva correspondiente- pueden comprar sus propias acciones a un valor superior –rescate de acciones sobre la par- produciendo de este modo para el accionista una ganancia de capital con trato favorable en el Impuesto Personal o en el impuesto especial a dichas rentas.

 

Este último fenómeno es conocido también por la doctrina como la “paradoja del dividendo”[3]: cuando las sociedades los distribuyen aumentan la carga tributaria de sus accionistas.

 

Entonces ¿por qué se distribuyen dividendos?: una de las razones podría ser que los dividendos dan a los mercados una importante señal sobre la salud económica de las empresas, además se usan en los ratios que miden el valor patrimonial en función del flujo de dividendos esperados.

 

 

2.- El problema en la Argentina

 

La doctrina ha discutido desde tiempos remotos la mejor forma de obtener que el impuesto societario a la renta sea neutral respecto de la financiación de las operaciones de las sociedades con capital propio o con toma de deuda.

 

El principio de generalidad requiere que toda afluencia de riqueza hacia el sujeto esté incluida  en la base del impuesto. Muchas veces algunas manifestaciones de aquélla se excluyen dada la imposibilidad de su detección o dificultades en la medición[4]

 

Por otra parte el principio de neutralidad indica que la sociedad pueda elegir su fuente de financiación sin que esta decisión se vea influida por consideraciones impositivas. El requisito de indiferencia para ello es que una igual carga tributaria grave ambas opciones: financiación con capital o con deuda.

 

El análisis siguiente se centrará en las sociedades de capital pero podría extenderse, haciendo las correcciones necesarias, a cualquier tipo de patrimonio de afectación al que la ley del tributo considere una individualidad separada de la persona de su propietario[5] y lo grave en el Impuesto Societario.

 

Con algún grado de dificultad se podría extender el análisis a los casos de empresas incluidas en el Impuesto Personal, no obstante dificulta bastante las cosas la escala de alícuotas progresivas, por lo que nos limitaremos sólo a lo enunciado en el párrafo anterior.

 

Como dijimos las leyes permiten la deducción de la base imponible de los intereses[6] mientras que los dividendos pagados no dan lugar a detracción alguna. Esto provoca que sea estimulada por el impuesto la financiación con capital ajeno, dado que el impuesto resultante, como vimos antes, será menor para la sociedad que si se financia con capital propio.

 

La cuantía máxima de esta disminución de utilidades será igual al monto de los intereses deducidos multiplicado por la alícuota del tributo.

 

Afinando el análisis vemos que la situación mencionada se aplica no sólo a  las financiaciones por las cuales se pagan intereses explícitos; así cuando el capital ajeno se obtenga, por ejemplo de compras a crédito a  proveedores  es factible que los intereses estén implícitos en los precios de compra de los productos, por lo cual se deducirán de la utilidad de la empresa, no como intereses sino como el concepto bajo el cual se subsumen.

 

Esta regla será aplicable en todos los casos excepto que los intereses implícitos estén incluidos en conceptos no deducibles como gastos; por ejemplo gastos vinculados con la obtención de ganancias exentas o no gravadas.

 

No obstante la situación global no cambia ya que, en el ultimo caso, los intereses vinculados con tales operaciones tampoco serían deducibles.

 

Es cierto que el fenómeno se modera,  pues se puede postular lo mismo de los créditos que otorga la sociedad a sus deudores: serán utilidades ingresadas bajo la forma de precio de venta

 

Analizaremos el significado económico de la deducción de los intereses como costo en los distintos mercados, las soluciones más habituales propuestas por la doctrina al problema planteado y la interrelación de ambos con el tratamiento acordado a estos conceptos en el Impuesto a las ganancias.

 

 

3.- Deducción de los intereses como costo

 

Desde el punto de vista económico los intereses son la retribución al uso del capital, o sea en la empresa son el costo del uso de un factor de la producción.

 

La deducción de dicho costo operará en la ecuación impositiva como una sustracción o mengua de la materia imponible para quien lo abona.

 

Pero en materia tributaria se puede demostrar que gravar el precio (costo) de un factor es equivalente a gravar su rendimiento (valor de venta).

 

O sea que sería equivalente gravar con un impuesto el uso de este factor –gravar su costo- o gravar la ganancia que perciba el propietario del mismo -precio de venta-. Aquí debemos relativizar el resultado ya que la afirmación anterior es cierta sólo en mercados de competencia perfecta.

 

En ellos la disminución del rendimiento del factor motivada por un impuesto tiende a encarecer la tasa de remuneración del mismo hasta el punto en que la tasa de rendimiento marginal de capital se iguale con el interés neto.

 

En mercados de competencia imperfecta la situación puede ser muy distinta ya que los procesos de traslación implícitos en el mecanismo descripto se ven influidos por la fuerza que posean los actores en el mercado, produciéndose situaciones impredecibles donde la única generalización valedera es la mayor fortaleza general de los acreedores respecto de los deudores.

 

No profundizaremos el tema, por ser ajeno a este trabajo, pero acotemos que tiene relación con los elementos que influyen la propensión a invertir.

 

Desde el punto de vista de la teoría económica lo anterior se cumple con independencia de quien es el dueño del capital, pero en materia de impuesto a la renta es común la imposibilidad de la deducción como gasto de los intereses del capital propio; en rigor si esto se permitiera no habría ningún problema a analizar pues el impuesto seria neutral respecto de la financiación con capital propio o capital ajeno.

 

¿Cuál es la razón por la cual las leyes no admiten esta deducción? Existen dos tipos de razones: una basada en la filosofía del tributo y otra en dificultades de valuación.

 

En el primero de los casos un principio liminar del impuesto a la renta es el de oposición de intereses: lo que para un actor es costo para el otro es ganancia, ambos se autocontrolarán porque sus intereses son opuestos.[7]

 

Por esto si ambos son la misma persona –el propietario de la empresa es también el prestamista- ese control, se diluye permitiendo al sujeto lograr el mejor arbitraje entre impuesto ahorrado por su empresa por deducción de intereses e impuesto abonado por su persona como titular del crédito.

 

Esta no sería una dificultad insalvable, ya que en realidad, el arbitraje antes mencionado, se puede lograr perfectamente mediante la interposición de un tercer sujeto -por ejemplo una sociedad de capital- cuya titularidad fuera también del propietario de la empresa receptora del préstamo.

 

Habría, por ejemplo una integración de capital en la sociedad A quien prestara a la sociedad B, siendo ambas propiedad del mismo accionista.

 

En estos casos las leyes de impuesto suelen utilizar como salvaguardia para evitar maniobras, los precios de mercado pactados entre partes independientes; en el caso  la tasa de interés en el mercado que operan las empresas funcionará como precio testigo de la operación. Esto nos lleva a la segunda razón: los problemas de valuación.

 

En la economía real no es fácil establecer los precios de mercado de los bienes y servicios; en el caso que nos ocupa sabemos que la tasa de interés -precio del uso del factor capital- está compuesta por varios factores: uno sería la tasa pura por el uso del capital y otro una tasa que remunere el riesgo de incobrabilidad, existiendo en algunos casos una tercera tasa, que permita mantener constante el valor de la acreencia.

 

La suma de estos factores hace que prácticamente haya tasas distintas para cada clase de operaciones y deudores, con lo cual establecer una tasa general aplicable a todas las operaciones y sujetos se vuelve casi una utopía. No obstante, como es necesario tener un parámetro objetivo, se suele utilizar con ese fin alguna tasa fijada por el Estado o alguna de sus reparticiones.

 

El resultado final es que la ley utilice la tasa testigo para evaluar las operaciones realizadas entre partes independientes o relacionadas -dado que no tiene otro remedio- mientras que no permite la deducción de intereses sobre el capital propio.

 

Esto es lo que realmente produce la falta de neutralidad entre la financiación con capital propio y la financiación con capital ajeno.

 

 

4.- Soluciones posibles

 

La doctrina ha planteado dos soluciones al problema:

 

impedir la deducción de los intereses pasivos de la base imponible -sería una solución “first best” en el impuesto societario- y

permitir la deducción de los dividendos como gasto, sería esta una solución imperfecta o “second best” .

 

En el primer caso, al no deducirse ningún concepto, se lograría la neutralidad en el impuesto societario de la financiación con capital propio y ajeno.

 

No obstante, si se considera el impuesto que debe abonar el perceptor de los intereses se vuelve a producir una asimetría ya que no existiría oposición entre las partes: el deudor que no puede deducir los intereses y el acreedor que debe pagar impuesto sobre los mismos, tienen intereses coincidentes, por lo que es previsible se coaliguen para reducir la carga total. Esa es probablemente la razón por la cual esta solución no se ha utilizado.

 

El segundo caso –deducción de los dividendos como gasto- plantea aún mayores dificultades, porque los dividendos no son la remuneración por el uso de capital propio sino el producto de la política que adopte la empresa al respecto.

 

Considerando el largo plazo, es posible imaginar que la suma de dividendos sea parecida a la remuneración del capital; no obstante si consideramos que el interés del capital propio es la remuneración al uso de un factor de la producción, debemos convenir también que los dividendos tienen otros componentes tales como el rendimiento de las actividades empresarias.

 

Además la masa de la que surgen ambos es distinta: los intereses remuneran el capital con independencia del resultado que se obtenga con la aplicación del mismo y su devengamiento es función del tiempo de utilización, mientras que los dividendos tienen como condición necesaria la existencia de utilidades, pero la condición legal suficiente es la voluntad societaria que dispone abonarlos. No son conceptos asimilables ni uno reemplaza a otro.

 

Por último la distribución de dividendos de los cuales no se ha restado el interés del capital propio invertido, es una forma indirecta de remunerar a éste, pero sujeta a la existencia de utilidades y voluntad de repartirlas; habiendo utilidades y voluntad social de distribuirlas se pagarían intereses sobre el capital propio subsumidos en los dividendos.

 

No existiendo utilidades no habrá remuneración al capital propio. Esta ultima conclusión avala indirectamente la disposición de no permitir la deducción de intereses sobre el capital propio -y su consecuencia natural de gravarlos en cabeza del titular- ya que, ante pérdidas de la empresa, ocurriría la injusta situación  de aumentar el quebranto de ésta y gravar al accionista por el interés resultante.

 

Se trata de una situación indeseable que está provocada por el carácter asimétrico del impuesto a la renta que, cuando existen utilidades se debe pagar y cuando hay quebrantos no efectiviza la devolución del impuesto implícito en los mismos, sino que sólo permite compensarlos contra utilidades futuras.

 

Se debe realizar una observación sobre ambas soluciones: su aplicación es previsible disminuya la base del Impuesto Societario, habría que ver si esta disminución puede ser compensada por el aumento consecuente de la base imponible del Impuesto Personal.

 

 

5.- La cuestión en el Impuesto Personal a la renta

 

El problema de la falta de neutralidad del Impuesto Societario ante la financiación con capital propio y capital ajeno debe considerase en un marco más amplio.

 

El principio de generalidad requiere que toda afluencia de riqueza hacia el sujeto esté incluida  en la base del impuesto. Muchas veces algunas manifestaciones de aquélla se excluyen dada la imposibilidad de su detección o dificultades en la medición[8], pero este no es el caso que nos ocupa.

 

Hemos visto los efectos sobre la neutralidad en el Impuesto Societario, pero paralelamente se deben estudiar las disposiciones del Impuesto Personal a la renta sobre intereses y dividendos percibidos: según como sea este tratamiento, los efectos en el Impuesto Societario se acentuarán o compensarán.

 

Cuando intereses y dividendos integran la base imponible del impuesto personal a la renta, este tributo logra gravar en mejor medida la renta real, aplicándose la progresividad propia del mismo sobre una base más representativa de la capacidad contributiva individual.

 

Esto también tiene relación con la neutralidad del impuesto personal respeto del tratamiento de las inversiones: al estar gravado el rendimiento de todas ellas se obtiene el efecto neutral deseado.

 

No obstante es común que, ante el argumento de la doble gravabilidad del dividendo[9], se considere algún tipo de crédito en el impuesto personal, por el impuesto abonado por la sociedad.

 

Este crédito implica reconocer una relación íntima entre la utilidad societaria y el dividendo y de algún modo da la razón a quienes mencionan que la mera percepción de dividendos no implica la realización de un hecho imponible.

 

Aplicando el mismo razonamiento la percepción de intereses tampoco implica la realización de un hecho imponible: éste se encuentra en la inversión del dinero que genera la renta; esto es también aplicable a la colocación de capitales que producen dividendos. En realidad esto es parte del problema más general de la gravabilidad de las llamadas “rentas ganadas” y “ rentas no ganadas” en donde se discute la justicia de gravar o no en forma distinta a las rentas que poseen un componente mayor de trabajo personal.

 

El crédito de impuesto, limitado en general a un porcentaje sobre los dividendos o al incremento de la obligación tributaria que causa la inclusión de éstos en la base, significa que para los perceptores que  estén gravados a una alícuota igual o inferior a la del crédito, los dividendos no están gravados, mientras que para los demás se refuerza la progresividad.

 

La falta de neutralidad, así como la violación al principio de generalidad, se da también en el tratamiento tributario de intereses que, cuando se originan en colocaciones de fondos en entidades financieras, son considerados exentos.

 

Como vemos el tratamiento de los resultados de operaciones financieras en el Impuesto Personal  es poco uniforme y está plagado de asimetrías que afectan seriamente la generalidad y la neutralidad. Esto impide la compensación de asimetrías en el Impuesto Societario.

 

 

6.- El impuesto al costo del endeudamiento empresario

 

Un estudio sobre el sistema tributario argentino[10] propuso una solución “novedosa” al problema de la falta de neutralidad: basándose en el concepto de la supuesta igualdad de gravar el costo o el precio de un bien recomendó gravar los intereses pagados por las empresas con un impuesto especial cuya alícuota fuera igual a la del impuesto societario.

 

Entonces, se proponía, cesaría el sesgo contrario a la financiación con capital propio ya que el costo del capital ajeno –los intereses- se deduciría de la base imponible del impuesto pero, a su vez, generaría un tributo de igual magnitud en cabeza de la sociedad.

 

Este impuesto se incorporó al sistema tributario argentino mediante la ley 25063 y si bien en muchas de sus disposiciones no se siguen las sugerencias del estudio citado la idea que fundamenta el mismo es coincidente.

 

 

6.1 Naturaleza e incidencia del tributo

 

Cuando intentamos situar este tributo dentro de las distintas clasificaciones de impuestos que utiliza la doctrina para mejor estudiar y comprender sus características, funciones y efectos, nos encontramos con serias dificultades dada la falta de antecedentes y estudios sobre el mismo. No obstante, se lo puede considerar un impuesto sobre un factor de la producción.

 

Quienes lo propusieron[11] le adjudicaron la característica de impuesto cedular y lo consideraron -impuesto sobre la compra de un factor de la producción- equivalente a un impuesto sobre la renta de dicho factor, postulando que ambas formas son equivalentes cambiando sólo el tipo impositivo al que dichas formas equivalen[12].

 

Es muy importante hacer notar que la equivalencia citada tiene vigencia sólo en condiciones de competencia perfecta que, como sabemos, no se dan en la realidad.

 

Al contrario, en un país como el nuestro, con una oferta interna de capitales oligopólica y con una demanda que debe soportar la competencia del propio Estado por los escasos fondos existentes en plaza y considerando que este último, de por sí, posee una tasa de riesgo muy distinta para los oferentes, es natural que los sectores que disponen del dinero puedan trasladar el impuesto mientras que los demandantes deban soportar el peso económico del mismo.

 

En estas condiciones, es cierto que no sería relevante de qué lado de la operación se planteara la imposición, siempre el costo sería del demandante y entonces estaríamos en presencia de un impuesto a la compra de un factor.

 

Todos los estudios modernos desalientan estas formas de imposición por distorsionar la combinación óptima de factores de la producción que realiza en un momento determinado el mercado. Este es el caso de la no traslación.

 

Cuando sea posible la traslación, la incidencia será distinta.

 

Los determinantes esenciales de la posibilidad de traslación son la elasticidad de demanda, la elasticidad de oferta y el grado de competitividad del mercado.[13] Musgrave[14] agrega el comportamiento de los agentes en el mercado ya que, si el objetivo es maximizar las ventas en lugar de los beneficios o se aplican reglas de formación de precios distintas de esta última, existe posibilidad de traslación.

 

El fenómeno en su concepto es muy conocido pero, de allí a poder prever la incidencia real existe un abismo, ya que se trata de un problema con una cantidad tan grande de variables que, salvo supuestos simplificadores muy restrictivos -tales como los del modelo de competencia perfecta-, es muy difícil establecer a priori los resultados. O sea, quién será el sujeto que sufrirá el impuesto desde el punto de vista económico.[15]

 

Produciéndose traslación hay dos alternativas de incidencia: cuando el tomador del préstamo pueda transferir la carga del tributo a los precios de sus productos, se produciría una mutación en la naturaleza del mismo que terminará siendo un mal impuesto a los consumos, con efecto de acumulación al ser tomado como costo para la fijación de precios en las siguientes etapas.

 

Cuando la traslación se realiza hacia atrás  -proveedores, empleados- el cambio de naturaleza del tributo varía: en el primer caso, se convierte en un impuesto a las ganancias del proveedor, en el segundo en un tributo a los salarios. Todo ello sin perjuicio de que las sucesivas traslaciones que pudieran hacer a su vez los proveedores percutidos generaran otras formas de impuesto en función de la incidencia final del mismo.

 

 

6.2 Efectos del tributo

 

Este impuesto que en teoría nació como un medio de solucionar el problema del sesgo favorable a la financiación con capital propio que tiene el Impuesto a las ganancias, en la realidad:

 

No soluciona, salvo un caso muy específico, dicho problema:

 

El único caso en el cual se produciría parcialmente el efecto deseado sería para sujetos que, habiendo tomado créditos, obtuvieran ganancias gravadas que generaran un impuesto a las ganancias equivalente al Impuesto al endeudamiento empresario pagado. Todo esto sin entrar a considerar el Impuesto a la ganancia mínima presunta que agravaría el problema

 

El estudio que recomendara el tributo[16] reconoce que soluciona la distorsión enunciada pero solo parcialmente, ya que se permite la deducción de otro tipo de remuneraciones al capital, tales como las regalías y que aumenta el costo del endeudamiento empresario para las empresas radicadas en el país respecto de las radicadas en el exterior.

 

 

No soluciona la falta de neutralidad del tributo respecto de las diversas formas de inversión.

 

Siguen vigentes las distorsiones provocadas por el distinto tratamiento de los resultados de inversiones financieras en el Impuesto Personal.

 

Crea un problema adicional de aumento de costos a las “pymes” y a las empresas con ciclo productivo largo o quebrantos acumulados.

 

El impuesto a las ganancias, por razones de orden administrativo, obliga a realizar liquidaciones en períodos fijos de duración anual; esto no siempre coincide con el ciclo productivo de las empresas, por lo cual en algunos casos los quebrantos de la actividad se corresponden con gastos que producirán renta en ejercicios futuros.

 

En realidad, para que la situación fuera neutral desde el punto de vista económico, el Estado debería devolver al contribuyente el impuesto implícito en su quebranto, pero esto no se hace por múltiples razones.

 

Este impuesto agrava la injusta situación citada, pues el quebranto impide la compensación entre Impuesto al endeudamiento y menor Impuesto a las ganancias.

 

Todo ello más allá de la opinión de algún autor[17] sobre la posibilidad de solicitar el reintegro del impuesto oportunamente ingresado, ya que cuando “no se hayan podido deducir en el Impuesto a las Ganancias y transcurrido el plazo de 5 años prescriba el derecho a su deducción se estaría en una situación en la que nunca existieron “intereses deducibles frente al impuesto a las Ganancias””.

 

Tiene un sesgo antiexportador.

 

Un aspecto que creemos que no ha sido adecuadamente considerado es el efecto del impuesto sobre las exportaciones.

 

Nuestra economía, por múltiples causas que conocemos, dificulta la competencia de las empresas del país en el exterior, con un conjunto de costos comparativamente más altos, denominados genéricamente “costo argentino”; una parte no pequeña de éste son las tasas de interés que deben pagar las empresas del país. Este impuesto agrava la situación al producir un encarecimiento de ellas.

 

Por su parte, la naturaleza del tributo hace que se produzca un efecto de acumulación similar al efecto cascada de los impuestos plurifásicos:  el impuesto en una etapa es costo en la siguiente que, a su vez, incorpora el tributo a los intereses de su propia operatoria y continúa así hasta el momento de la exportación.

 

Esta característica impide segregar  la totalidad del impuesto al costo del financiamiento empresario incluido en los costos de los productos o servicios que se exportan, por ello no es posible el ajuste en frontera que lo volvería neutro para la exportaciones.

 

Esta situación no tiene solución dentro del las actuales reglas del GATT, ya que los reembolsos de impuestos a las exportaciones, cuando no se pueda calcular exactamente la incidencia del tributo en los costos -como es este caso- son tratados como subsidios a las exportaciones y, como tales, se consideran una  práctica comercial desleal que habilita represalias de los demás países.

 

Sobre esta característica inconveniente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos existen muchos estudios que en su momento abonaron la propuesta de derogación del mismo.

 

Un estudio de la Secretaria de Equidad Fiscal, Jefatura del Gabinete de Ministros[18], menciona como principales críticas a las que detallaremos y que, con las debidas adaptaciones -texto en bastardilla-  son aplicables al impuesto creado por la ley 25.063:

 

es plurifásico (si bien no se aplica en distintas etapas el impuesto que analizamos al formar parte de los costos de las empresas también provoca un efecto de cascada)

no es neutral (el impuesto que analizamos tampoco ya que incidirá sobre el costo de un bien en diferente forma según se haya financiado con capital propio o ajeno),

el impuesto no se puede reintegrar en frontera haciendo perder competitividad a los artículos argentinos.

se transforma en un verdadero subsidio a los bienes importados que no lo pagaron en su país de origen. Estos dos últimos argumentos se aplican plenamente al impuesto en estudio.

 

Como vemos las razones para pensar que provoca una desmejora en las condiciones de competitividad de las empresas del país son poderosas y el sesgo pro endeudamiento del sistema actual no se soluciona plenamente.

 

 

7.- Conclusiones

 

El Impuesto al endeudamiento empresario no es un medio apto para lograr la eliminación del sesgo “pro financiación con capital propio”del Impuesto a las ganancias, además de resultar un tributo asistemático y crear múltiples inequidades.

 

Esta conclusión surge, además, con nitidez de las recomendaciones de la Comisión n* 2 de las XXIX Jornadas Tributarias del CGCECF.

 

El clásico problema sigue en vigencia y, por el momento, no se visualizan para su solución mecanismos distintos que los tradicionales:

 

no deducibilidad de los intereses pasivos;

deducción de los dividendos de la base imponible

 

con las características e inconvenientes que hemos mencionado a lo largo de este trabajo.

 

 

 


[1] Actualizacion de un trabajo anterior. Publicado en Boletín AAEF, octubre 2001, disponible en www.aaef.org.ar .

[2] También de las expectativas sobre los tipos de impuesto futuros, ver ATKINSON, Anthony B. Y STIGLITZ, Joseph  E. Lecciones sobre economía pública, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1988, p.186.

[3] JARACH, Dino: Finanzas públicas y derecho tributario, Editorial Cangallo, 1983.

[4] STIGLITZ, Joseph E.: op.cit, p.619.

[5] Nos referimos al caso de los bienes de propia producción, adquisiciones a título gratuito, ganancias de tipo eventual y otras que han sido profusamente estudiadas por la doctrina

[6] Ver FERNÁNDEZ, Luis Omar: Ejercicio profesional desarrollado en forma de empresa y el impuesto sobre los ingresos brutos, ERREPAR, Práctica y actualidad tributaria, n* 305, febrero 2000.

[7] Con algunas excepciones en los casos contemplados por las disposiciones sobre subcapitalización.

[8] Todos sabemos que en la realidad esto no siempre es cierto, la existencia de otros impuestos, por ejemplo al monto de las transacciones, puede hacer que quienes poseen intereses encontrados en materia de impuesto a la renta tengan intereses comunes en el impuesto a las transacciones; no se puede predecir cual de los dos efectos primará, sólo apuntaremos que la solución dependerá de las tasas de ambos impuestos y de la situación de los contribuyentes -utilidad o quebranto- frente al impuesto a la renta. Además tampoco se cumple el principio cuando uno de los actores es un sujeto con ganancias exentas.

 

[9] Nos referimos al caso de los bienes de propia producción, adquisiciones a título gratuito, ganancias de tipo eventual y otras que han sido profusamente estudiadas por la doctrina

[10] Pagaría impuesto la sociedad y, sobre la misma ganancia, el accionista.

[11] FIEL: La reforma tributaria en la argentina, Buenos Aires, abril 1998.

[12] Ver nota anterior.

[13] Conf. MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Peggy B.: Hacienda pública teórica y aplicada, quinta edición, McGraw-Hill, Madrid, 1991, p.312.

[14] Seguimos aquí a STIGLITZ, Joseph E.: op.cit.

[15] MUSGRAVE,  Richard A. y MUSGRAVE, Peggy B.: op.cit.

[16] Los efectos de la traslación no terminan aquí pues este sujeto -quien soporta la carga económica del tributo- es previsible que altere sus conductas como oferente de mano de obra, consumidor, ahorrador o inversor, con lo cual los efectos tenderán a difundirse sobre el resto de la economía.

[17] FIEL, Op.cit. p. 144.

[18] MARTÍN, Julián Alberto: Tratamiento impositivo de operaciones financieras, KPMG, 1999, p.62.

[19] SECRETARÍA DE EQUIDAD FISCAL, Jefatura del Gabinete de Ministros: El IVA “compartido”, propuesta de sustitución del impuesto sobre los Ingresos Brutos. ps. 8 y 9.