Finanzas públicas. Aproximación a su objeto de estudio | Estudio Fernández Dolinsky | Finanzas públicas

Finanzas públicas. Aproximación a su objeto de estudio

 

Luis Omar Fernández

Mayo 2006

 

1.- Topografía

 

Se denomina finanzas públicas al conjunto de relaciones (económicas, políticas, sociales, técnicas) que se generan  en el proceso mediante el cual el estado obtiene medios para financiar y produce bienes y servicios públicos.

 

En el campo en el que se realizan estos intercambios se pueden identificar dos sectores cualitativamente distintos: uno, que se denominará privado (también mercado), es el lugar de las relaciones económicas entre particulares donde los intercambios principalmente se rigen por las reglas del mercado. En el segundo sector, que se denominará público (también estado) las acciones se rigen, principalmente, por reglas políticas.

 

Se define al mercado como el sector donde los individuos realizan intercambios libremente, considerando únicamente sus intereses personales y a la regla política como la que manda considerar, en primer lugar, el interés del conjunto por sobre el interés individual. Por supuesto que la regla del mercado se inserta en un sistema jurídico que la acota y regula, impidiendo que los intercambios se conviertan en una lucha de todos contra todos y la regla política debe respetar ciertos derechos individuales; estas definiciones son muy elementales pero se consideran aptas para el tipo de análisis que se emprende.

 

Se postula que no existe un sector diferente de los anteriores, pero si es claro, que dentro de cada sector, la regla aplicable (mercado o política) no es única, sino la preponderante. Así, dentro del primer sector, existen organizaciones privadas no gubernamentales (ONG) que no regulan su accionar sólo por la regla del mercado, sino que suelen tener fines no económicos[1].

 

No obstante ello, en lo que aquí interesa, serán consideradas actividades privadas pues

son entes de ese carácter y, en el caso del fenómeno que se estudia, se comportan como tales, al sufrir la presión tributaria y beneficiarse de los bienes y servicios producidos por el estado.

 

Por su parte, dentro del sector público, también suele haber unidades que operan en el mercado, por ejemplo empresas públicas que producen bienes o servicios, además del propio estado que demanda insumos, pero, más allá de la forma jurídica adoptada y a los fines que aquí interesan, el componente público (aunque sea la propiedad del capital) hará que no se guíen únicamente por la regla del mercado.

 

Entonces, se observa que la división dicotómica no es tan nítida; surge de inmediato la tentación de describir mejor el objeto de estudio mediante un continuo en el cual, en un extremo existe el sector público y en otro el sector privado, ambos con sus propias reglas y, entre aquellos, sectores intermedios donde la regla principal es matizada por aplicaciones de la regla imperante en el otro extremo.

 

Por ejemplo una empresa pública que compite con empresas privadas, debe seguir la regla del mercado (maximización utilidades) en la producción de su bien o servicio, no obstante ello, en muchas cuestiones puede seguir además, la regla que es propia del sector público, por ejemplo, en su política de precios, considerar la situación de los sectores de menor poder adquisitivo.

 

Por su parte, en el caso de las empresas privadas, puede ocurrir que en situaciones no apliquen la regla del mercado por razones políticas (por ejemplo que realicen con el gobierno acuerdos de precios) y si bien a largo plazo el objetivo sigue siendo el mismo (maximización de utilidades[2]) a corto plazo no se comportan como agentes maximizadores y esto tiene una influencia indudable en el mercado.

 

De lo anterior se sigue lógicamente la afirmación de la existencia de una dinámica del cambio de reglas cuya ley sería la del crecimiento de la regla opuesta (y consecuente decrecimiento de la regla propia) como proceso evolutivo que explica la conversión de un elemento de un sector (público o privado) en un elemento del otro (privado o público). Este camino de evolución y cambio de la regla predominante, como elemento descriptivo del proceso lleva, como se verá, a un callejón sin salida.

 

Existen dos entes ontológicamente diferentes: el estado y el mercado. Ambos están constituidos por los mismos individuos, pero su naturaleza y funcionamientos son distintos. El primero tiene como finalidad fundamental, en lo que aquí interesa, producir (y financiar coactivamente) ciertos bienes y servicios (llamados públicos) cuya clase, cantidad y calidad surgen de la interacción del proceso eleccionario, con los políticos y con la burocracia estatal. El objetivo de esos actores es el mantenimiento de su poder individual y grupal y éste se valida periódicamente mediante el proceso eleccionario u otros medios[3].

 

Por su parte, en el sector privado, los actores tienen como objetivo principal maximizar resultados y sus acciones se validan diariamente en el mercado.

 

Se trata de dos sectores cualitativamente distintos y, el hecho de que en ambos existan parcelas donde se aplica la regla del otro sector, no justifica imaginar la existencia de un continuo.

 

La regla del mercado (maximización) opera inmersa en un contexto legal que la acota y orienta; en el mercado la existencia de una norma legal dirige, encamina y limita las conductas y su ausencia autoriza a cada cual a guiarse por su propio interés; entonces, el plexo normativo, tiene una doble función, opera, a la vez, como limite y como soporte de las relaciones entre particulares, lo cual no autoriza a confundirlo con ellas del mismo modo que una prótesis colocada a una persona para ayudar al proceso de curación de un miembro fracturado, no debe confundirse con el propio miembro al cual ayuda, contiene y limita pero no integra.

 

Se trata de una relación simbiótica imprescindible para la convivencia social y una díada cuyo carácter se hace evidente en el límite: la ausencia de norma jurídica alguna es un lugar anárquico, inimaginable, donde no puede funcionar el mercado ni la sociedad, mientras que la ausencia de mercado (intercambios voluntarios) es propia de una normatización total, de todos los aspectos de la vida y, como tal, una dictadura inconcebible.

 

Entonces hay dos sectores que, constituidos por los mismos actores, se interpenetran, pero no se confunden, ni evolucionan para convertirse el uno en el otro. Lo que sí existen son parcelas de cada sector donde la regla propia es más o menos matizada por la regla del otro, constituyendo conjuntos difusos que se superponen y confunden, pero no se mezclan.

 

La tesis del continuo resulta ser, al cabo, un reduccionismo darviniano inapropiado para analizar esta parte de la realidad.

El siguiente esquema muestra, en forma muy elemental, las relaciones económicas entre el sector público y el sector privado de la economía que se estudian en el campo del saber abordado:

finanzas públicas

 

 

2.- Delimitación

 

El campo de las finanzas públicas se puede describir ahora más detalladamente como el de las relaciones económicas que ocurren en el interior del estado, cuando éste produce  bienes y servicios públicos, recauda impuestos o establece relaciones contractuales y los efectos que estos procesos producen en el sector privado.

 

Para mejorar la delimitación se enuncian dos reglas negativas:

 

El estudio de las relaciones económicas que se producen en el interior del sector privado y no tienen relación con los impuestos o el gasto público, es el campo de estudio de la economía política y de la sociología.

El estudio de los fenómenos no económicos que ocurren dentro del sector público, es el campo de estudio de la política y de la sociología.

La naturaleza y actividad del estado ha sido el objeto de análisis, desde antiguo, de diversas disciplinas, entre otras la política, la economía, la sociología. Cada una de ellas, con sus métodos y objetivos propios, la han descrito, identificando fenómenos y causalidades con el propósito de comprender y explicar su funcionamiento y características.

A continuación se enunciarán los principales campos de análisis de estas ciencias siendo claro que esa enunciación no pretende ser científica ni aceptada por los respectivos especialistas que, seguramente, tendrían fuertes reparos sobre la exactitud y completitud de las mismas, sino que sólo tiene el propósito de mostrar que la actividad económica del estado y sus repercusiones en la actividad privada, son abordados por múltiples disciplinas que, inevitablemente por la identidad parcial de objeto, se superponen y repiten, mostrando de este modo, la necesidad de un enfoque superador que las incluya.

 

 

3.- Abordaje tradicional

 

El concepto de política en Weber es muy amplio ya que “…comprende toda especie de actividad directiva autónoma” y, en especial, entiende por política “…sólo la dirección de la asociación política a la que hoy de denomina estado, o la influencia que se ejerce sobre esa dirección”[4].

Se puede aceptar, entonces, que la política analiza al estado, a las relaciones de poder, a los modos como este se constituye, mantiene y pierde y a las implicancias que en todo ello tienen, por ejemplo, los impuestos.

La economía, por su parte, ha estudiado la formación de precios y el comportamiento de los actores en el mercado, así como los fenómenos que en éste y en aquellos producen los impuestos y el gasto público.

La sociología, en tanto estudio de la sociedad humana, también ha abordado estos temas desde su nacimiento; Weber nuevamente afirma:

En última instancia, puede definirse sociológicamente al Estado moderno, al igual que a toda asociación política, sólo en función del medio específico que le es propio, es decir, en función del uso de la violencia física[5] .

y los impuestos son una antigua manifestación de dicha violencia.

El derecho, en relación con la actividad económica del estado, estudia principalmente las relaciones jurídicas que ocurren en los procesos de producción de bienes y servicios públicos, así como en la recaudación de tributos. Es analizado especialmente todo lo relativo a las normas que regulan esos procesos, considerando pero no incluyendo, a las cuestiones metajurídicas que los condicionan; se trata de un examen estrictamente normativo donde las consideraciones extrajurídicas influyen sólo en el momento anterior al dictado de la regla, son en ese sentido, prelegales.

La sociología estudia la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas buscando detectar relaciones y regularidades entre los acontecimientos, desde el punto de vista de la cultura y los procesos sociales.

Las finanzas públicas, operan como una doctrina que tiene un campo de estudio similar al de las disciplinas nombradas, sólo que su interés radica en el punto económico en que se entrecruzan lo público con lo privado. Se trata de un abordaje original (por diferente, específico) que no excluye, sino que se integra, con los anteriores, teniendo vocación interdisciplinaria.

Los conceptos hasta aquí desarrollados pretenden encuadrarse en el punto de vista de la  corriente continental europea que magistralmente expusiera en Argentina Dino Jarach, pero no es esta la única visión posible del fenómeno ya que existe también otra escuela, originada en la economía, que llama a este campo de estudio “economía del sector público” y se limita a analizar, casi con exclusividad, los aspectos económicos involucrados, dejando el resto a la consideración de la propia economía. Una corriente afín[6] integra al análisis, siempre desde el punto de vista económico, algunos fenómenos tales como las reglas de las votaciones, el comportamiento de los votantes y la acción de los burócratas; además incluye un núcleo muy importante de análisis que es el concepto de la tributación como intercambio fiscal[8].

 

 

4.- Estado del arte

 

Como en cualquier labor heurística, un primer paso a dar consiste en reconocer el terreno a abordar y las teorías existentes que lo describan; o sea, repasar los objetos de la realidad, compararlos con sus reconstrucciones racionales y  así poder observar sus correspondencias y diferencias; la  contrastación empírica de las hipótesis permitirá evaluar la consistencia  de las teorías, siendo este paso un elemento crucial para su aceptación.

 

 

4.1 Escisión vertical

 

El estudio de la porción de la realidad fáctica que se ha denominado “finanzas públicas”, tradicionalmente ha sido escindido en dos partes claramente separadas: el análisis de los recursos del Estado (recaudación de tributos) y el de sus gastos (producción de bienes y servicios públicos). Este enfoque es erróneo y sólo puede aceptarse como instrumento didáctico y divulgativo a condición de que quede siempre en claro su carácter de simple artificio dialéctico y que “gasto” y “recurso” son sólo aspectos (miradas) diferentes de una misma cuestión que los comprende[8].

Un ejemplo aclarará la afirmación anterior: existen diversas clases de impuestos, que se utilizan para gravar determinadas manifestaciones de capacidad contributiva; como el ingreso público puede obtenerse, en principio, con cualquiera de ellos, sus características y utilidad se analizan a la luz de principios que ayuden en la elección entre mecanismos alternativos; uno de esos criterios es el de equidad.

El impuesto personal a la renta es el que mejor cumple dicho principio, por lo cual este sería el mejor tributo pero, la ignorancia de la naturaleza del gasto[9] a financiar con el tributo, puede volver ilusoria o, incluso, eliminar dicha ventaja en materia de equidad; piénsese, por ejemplo, en un sistema tributario financiado sólo por este impuesto con el cual se atienda, como principal gasto público, el mantenimiento de hermosos jardines y fuentes públicos, sin atender a la salud o educación de la población. En el caso, la naturaleza suntuaria del único gasto, anula las ventajas del impuesto en materia de equidad.

Esta escisión teorética, que se utiliza con fines didácticos y analíticos, es común en las ciencias sociales y permite, a riesgo de simplificaciones inadecuadas y otros peligros que se verán, superar el obstáculo que plantean los fenómenos multicausales de imposible[10] o dificultoso abordaje conjunto.

La ventaja analítica citada debe cotejarse con lo artificial de la división, porque existen en la realidad interrelaciones que este modo de análisis omite; dicho recurso epistemológico dificulta la indagación y puede limitar, invalidar o restringir las conclusiones que se obtengan, o su aplicabilidad.

Entonces, si por las razones citadas, no se puede abordar el conjunto como una unidad, una precaución elemental será, cuando se analice una sola de estas ramas, introducir en alguna instancia, las relaciones con la otra, para disminuir el riesgo de cometer graves equivocaciones.

 

 

4.2 Escisión horizontal

 

Más allá de la escisión anterior, que se ha denominado “vertical” existen también fraccionamientos “horizontales” que están dados por los distintos puntos de vista, métodos de abordaje e, incluso, lenguajes de las diversas disciplinas que analizan el conjunto.

Dicho solipsismo hace que, por ejemplo, fenómenos como el impuesto, el gasto público o la deuda, parezcan cosas diferentes, según la óptica (política, sociológica, económica o jurídica) con que se los analice. La observación y descripción del mismo objeto, por disciplinas distintas, muestras realidades artificialmente diversas: vuelve diferente lo que es igual en sí mismo, la realidad fáctica se convierte en varias realidades virtuales.

Una forma de superar esta limitación es intentar un abordaje integral que supere las visiones parciales y, de este modo, la actividad financiera del estado que es un fenómeno único[11] y complejo, pueda ser aprehendida en su totalidad.

La utilidad del enfoque es descripta por Bunge[12] en los siguientes términos:

…la interconexión de los hechos sociales debe reflejarse en las investigaciones de las ciencias sociales. Es decir, la fronteras entre estas deben ser atravesadas,…porque son artificiales. La razón de ello es que todas las ciencias sociales se refieren a una única entidad: la sociedad.

Por otra parte este sujeto único (el estado) no se encuentra solo ya que la actividad financiera que desarrolla en su interior, está en una relación de correspondencia biunívoca con el sector privado de la economía, con el cual convive.

En la realidad, a un impuesto (ingreso del estado) se corresponde un egreso (gasto, desahorro o desinversión) del sector privado y al gasto público (egreso del estado) se corresponden unos ahorros de costos del sector privado. Jarach acertadamente ha caracterizado a esta relación como simbiótica[13], significando este término tomado de la biología[14] una asociación en la cual individuos de diferentes especies se favorecen mutuamente en su existencia.

Un ejemplo aclarará la debilidad de los enfoques parciales y, al mismo tiempo, ilustrará sobre las limitaciones de éstos que son un fenómeno ampliamente conocido por los investigadores.

En economía, el concepto de carga excedente de los impuestos, es una noción aceptada por la mayoría de los autores y la herramienta que estos consideran apta para medir las distorsiones que un tributo crea en el mercado; conceptualmente esta carga sería el “peso extra” que sufre el contribuyente por los impuestos, más allá de la cantidad de dinero que ingresa al estado. Este “peso muerto” se origina en el cambio de la mezcla óptima de consumos del sujeto y resulta de una apropiación total o parcial del “excedente del consumidor”.

Del análisis se sigue que es menor la carga excedente en los impuestos que no pueden ser eludidos por las personas quienes, por ello, no puede cambiar su conducta para evitar o disminuir su impacto; de este razonamiento surge como inferencia adecuada la  recomendación de tributos de base ancha y pocas exenciones. Por fin, el corolario lógico del argumento, es la afirmación de que el único tipo de tributo que no tiene carga excedente es la capitación[15].

Pero este último tributo es inadmisible en cualquier país moderno, ya que por razones tanto políticas como jurídicas, la capacidad contributiva de cada sujeto debe ser considerada en el establecimiento del impuesto, lo que impide gravar igual a todos ellos. Entonces, es claro, que la utilización aislada herramientas económicas ha dado lugar a una conclusión (recomendación) que, considerado el contexto de aplicación, es falsa (de imposible adopción).

 

 

5.- Interdisciplina

 

Establecido el objeto de estudio y el método de abordaje, es preciso definir el cuerpo de conocimientos (con pretensiones de abordaje integral) desde el cual se realizara el análisis. Para ello parece apropiado partir de las mismas ciencias que se utilizan en el estudio de la actividad del estado, de la cual el aspecto financiero bajo análisis es sólo una parte.

La actividad económica del sector público y su interrelación con el sector privado, están inmersos en la sociedad toda, concebida como conjunto enorme de objetos que tienen ciertos atributos y actúan dentro de estructuras y se relacionan entre sí de diversas formas.

 

Dice Davis[16] que si existe un factor que explique la singularidad del hombre, ése es la cultura, concepto que incluye todos los modos de pensamiento y conducta transmitidos por vía simbólica, más que herencia genética, afirmando luego que “la posesión de la cultura no sólo torna singular al hombre sino, también, a la sociedad”.

 

De esto se sigue que el estudio del hombre implica el estudio de la cultura, de su naturaleza, origen y significación. Pero la ciencia social no se ocupa de toda la cultura (el arte, la música, la arquitectura, la literatura, la ciencia y millones de cosas más) sino de la parte de aquella que se relaciona con la vida social. Como se sabe, existen diferentes disciplinas que se ocupan de esta tarea, siendo muchas veces difusos los límites de las áreas comprendidas por ellas.

 

Ahora bien, en la medida en que esta división del conocimiento es artificial, en el sentido que surge de una fragmentación arbitraria, obligadamente aparece la interdependencia, afirma Davis[17]:

 

…en lo que concierne a la predicción de acontecimientos reales, las distintas ciencias sociales son mutuamente interdependientes, porque sólo combinando sus diversos puntos de vista se puede lograr una completa previsión de lo sucesos futuros.

 

Se agrega que, más allá de no compartir la afirmación sobre la posibilidad de “lograr una completa previsión de los acontecimientos futuros”, es esta una acertada descripción de la actividad de los científicos.

 

La complejidad y extensión de la sociedad  condicionan fuertemente la técnica de abordaje a emplear; así se observa que el método cartesiano de descomposición de un problema en sus partes componentes (subproblemas) y el posterior abordaje sucesivo de las mismas, resulta infructuoso para analizar la interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y otros entes involucrados, siendo postulado, en su reemplazo,  el método sistémico que intenta comprender  simultáneamente los elementos del sistema, la interrelación existente entre los mismos y su interdependencia; se trata de proceder a la inversa, intentando un enfoque global y comprehensivo, al decir de Bunge[18] “de partes y totalidades”.

 

Desde este punto de vista, es claro que todos los sistemas y todos los elementos están interconectados, en el sentido que “todo esta relacionado con algo e inserto en algo más”[19] pero ello no implica que todo este relacionado con todo, ni que todos los vínculos sean de igual fuerza: el autor sostiene a continuación que “esto hace que el aislamiento parcial sea posible y nos permite estudiar algunas cosas individuales sin tomar en consideración al resto del universo”[20].

 

Este enfoque permite comprender mejor el proceso de aparición (emergencia) y desaparición (convergencia) de cosas en los distintos niveles. El primer término introducido se refiere al origen de novedades, por ejemplo el proceso de globalización de la economía, mientras que el segundo puede denotar al proceso por el cual campos de estudio originalmente separados, por ejemplo el derecho penal y la economía, se unen en una ínterdisciplina que estudia el funcionamiento de la recaudación de impuestos.

 

Por su parte los sistemas tienen componentes que interactúan y de esta interacción surgen metas u objetivos a los que se llega; éstos a veces se denominan “estado final” o “posición de equilibrio”, siendo muy familiares a la mayoría de las ciencias sociales los estudios que describen la forma de llegar al equilibrio y las causas de que éste se pierda.

 

Otra forma de ver el mismo fenómeno es considerar el problema en términos de insumos y productos, siendo los primeros los sistemas que interactúan y los segundos el estado conseguido o alterado que, a su vez, será el punto de partida de otro proceso. Este punto de vista tiene la ventaja de considerar la dinámica de los procesos.

 

Todo objeto es simple o complejo en algún aspecto, Bunge[21] menciona algunos ejemplos: “…las palabras están compuestas por unidades léxicas  tales como letras o simples ideogramas, las oraciones están compuestas por palabras y los textos por oraciones”, “las teorías están compuestas por proposiciones, las cuales, a su vez, son combinaciones de conceptos” y “las familias, las pandillas, las empresas y otros  sistemas sociales están compuestos por personas “ de donde surge que hay distintos niveles de organización a ser considerados.

 

Por su parte los objetos se pueden agrupar de diferentes maneras, siendo la más común la asociación, que es una simple agregación de elementos[22]. Entonces, sigue diciendo este autor, la asociación permite aclarar la relación entre el todo y la parte, definiendo a ésta como la colección de todas sus partes. Se trata de un tipo común de novedad: dos cuerpos sólidos forman una palanca, un grupo de extraños organiza una fiesta pero, en ocasiones, puede resultar una novedad cualitativa (la llama combinatoria): la palanca puede estar en equilibrio, la fiesta convertirse en una riña.

 

La combinación de dos o más módulos, de igual o de diferente clase, tienen como resultado una cosa completamente distinta: las combinaciones no son meros agregados porque los elementos originales resultan modificados y las totalidades resultantes de las combinaciones de unidades de inferior nivel, poseen propiedades de las cuales sus partes o precursores carecen. En la p. 46 del texto aludido el autor citado da dos ejemplos de combinaciones cuya totalidad es diferente de sus elementos originales:

 

Polvo→ Guijarros→ Rocas→ Planetesimales→ Planetas

 

Algodón→ Hilo→ Tejido→ Vestido

 

La propuesta intenta plantear una superación del enfoque de la escuela de Pavía que, siendo interdisciplinario, se detiene en el umbral de las disciplinas que convoca; toma en cuenta conocimientos económicos, sociológicos, políticos, jurídicos y técnicos, incluyendo en este último aspecto los saberes relativos al diseño y ejecución específica del impuesto y del gasto, pero no desarrolla una interdisciplina superadora que los comprenda e integre.

Esta proposición no implica ignorar la especificidad de los conocimientos citados que, en sus áreas específicas, son imprescindibles, sino su coordinación y mutua interconsideración en el común objeto de estudio, con el fin de desarrollar nuevos esquemas de análisis y conceptos teóricos que permitan un conocimiento más acabado de la realidad.

Ahora bien, la fragmentación del conocimiento, no obedece (por lo menos en ciencias sociales) a una adecuación a la conformación natural de los objetos de estudio que, en sí, no son intrínsecamente diferentes, sino que más bien es la resultante de un proceso artificial, que tal vez se haya originado en la diversidad de puntos de vista desde los que ha partido cada disciplina, o a la dificultad de un análisis comprehensivo a los que se hizo alusión anteriormente.

Entonces, los desarrollos surgidos de la multiplicidad de puntos de partida de  cada disciplina, que pudieron haber sido una útil herramienta heurística en algún momento, en la actualidad constituyen un obstáculo al avance en la comprensión de los fenómenos.

En ese sentido Bunge[23], luego de reconocer que “los estudios sociales están notoriamente fragmentados” y que “tal fragmentación es artificial y constituye un obstáculo para el desarrollo del conocimiento”, afirma:

Dada la naturaleza polifacética de los sucesos sociales, las barreras interdisciplinarias parecen  provenir, en el mejor de los casos, de diferencias de énfasis y, en el peor de ellos, de la visión en túnel o la protección del espacio profesional.

Pero este enfoque interdisciplinario, para producir frutos adecuados, requiere de la creación de nuevas herramientas conceptuales transdisciplinarias[24] habida cuenta que la mera yuxtaposición de técnicas empleadas por las ciencias mencionadas, no produce las sinergias imprescindibles para la cabal comprensión del fenómeno.

Todo ello considerando siempre la existencia conjunta de algunos campos donde son adecuadas las herramientas de las propias ciencias y otros, imbricados en los anteriores, donde se requiere de la interdisciplina.

Nuevamente en palabras de Bunge[25] “en términos metafóricos, para explicar un hecho social no sólo debemos mirar debajo de él y sobre él, sino también en torno a él. Y tal contextualización requiere la intervención de otras disciplinas”. Por último esta necesidad se basa en que

…los hechos sociales son polifacéticos  y tiene como sustento una concepción en la cual la sociedad no es una colección de individuos independientes sino un sistema de sistemas de individuos donde ellos interactúan formando parte de sistemas o redes de distinto tipo desde la familia, la escuela o el trabajo, hasta la ciudad y la nación[26].

Entonces, esta manifestación compleja, de interrelaciones múltiples, debe ser observada desde diversas ópticas y niveles, dados los heterogéneos aspectos a ser considerados.

En la materia que se aborda existe  un campo común, aquí denominado “finanzas públicas” para cuyo análisis se postula una interdisciplina y hay campos específicos de cada ciencia en cuyo estudio se debe considerar sólo el marco conceptual de cada una de ellas. Las fronteras entre aquél y éstas constituyen uno de los principales problemas a abordar y, dadas las características del enfoque propuesto, de gran importancia, pues se trata de establecer claramente cuáles sectores de la realidad se reservan a cada disciplina y dónde debe desempeñarse la interdisciplina.

Por ejemplo, en el análisis y aplicación de una norma jurídica, se deberán utilizar los conceptos propios del derecho y prescindir de los de las demás ciencias. No obstante esto, aquellos, indefectiblemente habrán de ser considerados por el legislador que crea la norma.

Mordeglia[27] aclara esta característica:

… para el derecho financiero interesan sólo las directivas emergentes del orden jurídico vigente: las extrínsecas o exteriores medidas e instituciones del acontecer financiero no son sino los fundamentos dados para establecer el derecho positivo o sus principios, pero una vez plasmadas en las normas financieras, éstas concurren al objetivo de establecer pretensiones y obligaciones jurídicas, lo cual constituye así un campo científico vinculado pero innegablemente distinto.

Así es que, existente la norma, su funcionamiento es susceptible de un abordaje doble: a) como integrante del sistema jurídico (es esta la materia del derecho) y b) en cuanto a la pertinencia con  que logra los fines en vista de los cuales se la puso en vigencia; esta revisión implica la vuelta al estado prelegal y aquí vuelve a ser necesaria la interdisciplina.

Entonces ambos análisis son independientes, pero están interconectados: una norma puede ser coherente con el sistema jurídico del que forma parte y, por otro lado, no ser apta para lograr los fines que el legislador pretendió alcanzar con ella; los orígenes de esta falencia se deben buscar tanto en el plano jurídico, como en el de la interdisciplina. Volviendo a afirmaciones anteriores: el cuestionamiento de la  congruencia de la norma (y su consecuencia la necesidad de modificación) vuelve la materia al momento prelegal y restablece a la interdisciplina como la herramienta más apta.

El fenómeno también se observa en el caso inverso: una norma legal poco coherente con el sistema del que forma parte, pero apta para lograr sus fines, requiere del análisis jurídico para determinar los cambios intrínsecos que la vuelvan coherente, pero planear la modificación implica volver a la etapa prelegal o de génesis de la norma, con lo cual se vuelve también a la interdisciplina.

El análisis se debe realizar dentro de la concepción que considera a las finanzas públicas como un cuerpo de teoría independiente e utiliza, desde el punto de vista epistemológico, la teoría de los sistemas.

 

 

6.- Concepto de finanzas públicas.

 

Se considera que el núcleo duro de las finanzas públicas está constituido por la siguiente asimetría fundamental:

la mayor parte de la recaudación de impuestos es aportada por las personas que menos utilizan los bienes y servicios públicos.

Esta situación se origina en la propia naturaleza y funciones del estado (debe producir ciertos bienes y servicios que hacen al interés de la comunidad como un todo) que decide mediante el proceso político, cuales serán aquellos y cómo se financiarán, lo cual da origen a dos procesos distintos, uno coactivo (pago de impuestos) y otro (utilización de bienes y servicios públicos) generalmente voluntario[28].

Esta noción de finanzas públicas tiene como supuesto subyacente el dejar fuera del análisis la cuestión de cuáles son los bienes y servicios públicos que debe producir el estado. En los análisis tradicionales la primer cuestión se abordaba intentando dilucidar si existían bienes que, por su propia naturaleza (no podían ser provistos por el mercado) debían ser producidos por el estado. Para ello se desarrollaron  nociones tales como el carácter “público” o “privado” de las necesidades, con la consecuencia, para las primeras, de su necesidad de provisión por el estado, mientras que las segundas debían ser solo producidas por el mercado.

Jarach[29] ha demostrado que la anterior es una tarea imposible y afirma que la determinación de cuáles bienes debe producir el estado corresponde al ámbito de la política y, para las finanzas públicas, es un dato de la realidad, no una materia a investigar.

Para otros autores, por ejemplo Musgrave[30], la cuestión parte de considerar que hay ciertos bienes (llamados “públicos puros”) que, por su naturaleza, sólo puede producir el estado, siendo un ejemplo de ellos el citado de la justicia penal; mientras que los demás deben ser producidos por el mercado, con la excepción, de ciertos bienes y servicios, a los que llama “preferentes”[31], en cuya provisión tiene especial interés el estado, quien debe proveerlos (no necesariamente producirlos por sí mismo) siendo un ejemplo útil la campaña de vacunación antes mencionada como ejemplo.

En lo que hace a la financiación del gasto, se han desarrollado diversos instrumentos; por ejemplo, un marco constitucional que obliga a establecer cada impuesto según ciertos principios, como capacidad contributiva o no confiscatoriedad, o principios políticos y económicos  que forman el marco análisis para preferir un impuesto a otro

La simple observación de la realidad muestra que la financiación del gasto no puede estar condicionada a la voluntad de los sujetos para pagar su impuesto, pero su utilización es, generalmente, optativa.

 

 

6.1 Conjuntos “solapados”

 

Un corolario de la observación final anterior es que los conjuntos de pagadores de impuestos y consumidores de servicios públicos están parcialmente “solapados” en el sentido de estar constituidos, sólo parcialmente, por los mismos individuos.

Por su parte, la unión de ambos conjuntos, por definición, constituye la totalidad del universo en análisis y comprende: a los habitantes del país y a los no habitantes que, pese a residir en otros estados, en algún momento tienen relaciones con aquellos de una entidad tal que, los habilita para utilizar los bienes o servicios públicos o los obliga a pagar impuestos. Estos conceptos no son demasiado intuitivos por lo que serán desarrollados.

En un primer lugar, se deben explicar las razones por las cuales se sostiene que algunos de los integrantes de un conjunto no forman parte del otro. Parecería que ello no es así, si se considera que todas personas mencionadas tienen la obligación legal de pagar los impuestos y, simultáneamente, el derecho de utilizar los bienes y servicios públicos.

 

 

6.1.1 Pagadores de impuestos

 

La tributación se basamenta en la capacidad contributiva de los sujetos y esto hace razonable pensar que el aporte que realiza cada uno  con el pago de sus impuestos sea diferente al de los demás, pues la obligación está relacionada con aquella variable que, es conocido, no está distribuida en forma homogénea entre los integrantes de la sociedad, pudiendo incluso llegar a faltar totalmente en algunos.

Lo dicho se puede corroborar fácilmente: se puede observar estadísticamente[32] que el monto más importante de impuestos es pagado por la minoría de mayores ingresos, que son quienes tienen la mayor capacidad contributiva. Los mismos datos dan base a la observación contraria: el menor monto de tributos es pagado por la mayoría de las personas y las hay que no realizan contribución alguna, pues el conjunto los pagadores de impuestos, es menor que el los habitantes más los no residentes que, eventualmente, pudieran tener derecho a utilizar bienes y servicios públicos[33].

 

 

6.1.2 Usuarios de bienes y servicios públicos

 

La utilización que realiza la población de los bienes y servicios públicos producidos por el estado, es disímil e independiente del pago de tributos; existen pagadores de impuestos que prácticamente no utilizan bienes y servicios públicos en el país, por no ser residentes en el mismo; por su escaso número éstos serán dejados de lado, para analizar sólo a los residentes, que son los usuarios más probables de aquellos.

Hablar de la utilización de los bienes y servicios públicos producidos por estado entraña una simplificación no pertinente ya que, en realidad, los hay de diferente naturaleza por lo cual es preciso discriminar la utilización de bienes públicos puros, de la de los bienes y servicios privados producidos por el estado, incluyendo en esta última a los bienes meritorios o preferentes.

Respecto de los primeros, es de su esencia la imposibilidad de establecer quien es su beneficiario real (ya que potencialmente lo son todos los habitantes) y menos aún el grado en que cada persona los consume o utiliza. La naturaleza indivisible de los beneficios de estas erogaciones, que no es más que la contracara de su consumo conjunto, ha resistido todos los análisis que intentaron hacer, entre otros, los partidarios de la teoría del beneficio[34] como módulo fundamental para distribuir el costo de gasto entre los habitantes. Esta objeción fundamental tampoco ha podido ser superada con los abordajes más sofisticados como el del “interés” intentado por Berliri[35]; en la actualidad, los estudios más modernos, exploran sólo su aplicación a tasas y contribuciones especiales[36] , pero no al establecimiento de los impuestos que son, con mucho, el principal recurso de los estados.

La indivisibilidad de los beneficios (el consumo conjunto) impide considerar en este análisis a los bienes y servicios públicos puros por lo que se dejarán de lado[37]; esto introduce un sesgo en la investigación ya que, de aquí en más, se considerará sólo una parte del gasto y no su totalidad.

Desde un punto de vista metodológico ello es equivalente a afirmar que quienes consumen estos bienes y servicios lo hacen en la misma proporción que consumen los bienes privados producidos por el estado y esta afirmación no tiene el menor sustento empírico.

Es más, el error podría aún ser mayor, si se acepta que la propia imposibilidad de medir la utilización, hace razonable suponer que todos los sujetos utilizan estos bienes, más allá de su voluntad, siendo esta la característica inmanente del carácter “publico” de estos bienes y servicios[38]

No obstante ello, existen hechos que permiten acotar el sesgo, por ejemplo en la mayoría de los países el grueso del gasto público (excepto en defensa) está orientado a la seguridad social, la salud y a la educación.

En la República Argentina se da el mismo fenómeno: para el año 2003 (último disponible) la estadística de “Gasto público por finalidades y funciones” muestra que, si se detrae del presupuesto el peso de la deuda pública[39] el gasto en bienes públicos puros es del 15% del presupuesto, mientras que los bienes privados suministrados por el estado comprenden el 70%[40].

En la utilización de los bienes y servicios privados provistos por el estado ocurre que, cuantas más personas recurran a ellos,  hay más coincidencia entre el conjunto de quienes pagan impuestos y el de quienes utilizan bienes y servicios públicos. En tales casos (y asumiendo que los legisladores reflejan las preferencias de la sociedad) es probable que la decisión sobre cuales bienes y servicios se van a producir y en qué cantidad, sea menos sesgada con relación a dichas preferencias.

El caso de Suecia es un ejemplo de esta situación: tiene un sector público importantísimo (con una presión tributaria superior al 50%) que sólo dedica el 20% de su volumen total a producir bienes y servicios públicos puros y es aprobado desde hace décadas por la población en elecciones libres[41]. Esto implica una gran aceptación, no sólo del alto volumen de dicho gasto, sino de la también alta carga tributaria que requiere su financiación.

Es habitual que los bienes y servicios privados provistos por estado compitan con los mismos o similares bien y servicios provistos por el sector privado, en tales casos, éste último utiliza como herramientas para atraer clientes (quitárselos al sector público) mejoras en las prestaciones, atención personalizada, servicios diferentes y otras estrategias de diferenciación.

Entonces, quienes pudiendo utilizar los servicios públicos prefieren los privados, son personas que pueden pagar una atención diferenciada y/o de mayor calidad: pagan por el servicio y, simultáneamente,  pagan sus impuestos con los que se financian esos servicios que no utilizan; es razonable afirmar que este grupo coincide con el de las personas de mayor capacidad contributiva.

La conclusión es evidente: las personas que más pagan por los bienes y servicios públicos son las que menos los utilizan

Esta característica esencial[42] produce los siguientes fenómenos:

El principal interés de los pagadores de impuestos será minimizar su carga, para ello postularan:

La máxima reducción posible del gasto público, de modo de disminuir los importes a financiar.

El reemplazo de la imposición progresiva por la imposición proporcional, de modo de disminuir la carga sobre el sector (es de alta capacidad contributiva).

La disminución de la tributación patrimonial, incluyendo las transmisiones a título gratuito (herencia) con el mismo propósito anterior.

La eliminación de impuestos “distorsivos”, considerando tales a los que afectan el funcionamiento libre del mercado, locus en el que obtienen ventajas quienes poseen mayores riquezas.

El principal interés de los consumidores de bienes y servicios públicos será la típica conducta del polizón[43] que procurará ampliarlos, extenderlos y generalizarlos habida cuenta de su costo imperceptible, aparentemente inexistente para ellos.

No invalida lo anterior la existencia de un sector en el que ambos conjuntos se superponen (los pagadores de impuestos que utilizan servicios públicos) porque el costo de los impuestos pagados es difícilmente comparable con el beneficio de los bienes y servicios públicos consumidos, en especial en el caso de los bienes públicos puros[44].

Ahora bien, la obtención de recursos por el estado, más allá de la detracción de riqueza al sector privado que implica, produce diversos efectos indirectos, por ejemplo, disminuye la inversión privada.

Por su parte, la ejecución del gasto (producción de bienes y servicios públicos) también requiere de insumos que, al ser demandados del sector privado, producen también correlativos efectos en los mercados. Por último, los propios bienes y servicios públicos, cuando compiten con  los privados por los mismos demandantes, producen unos efectos económicos adicionales.

 

 

7.- Conductas e intereses

 

 

Tomando en cuenta que el centro del análisis es el hombre, sujeto y objeto de las finanzas públicas, se debe considerar que toda persona es (o puede ser) simultáneamente contribuyente, demandante de bienes y servicios públicos, suministrador de insumos para la producción de aquellos, funcionario encargado de recaudar impuestos, producir bienes y servicios públicos y crear o aplicar las leyes atinentes a estos ámbitos, sin que la enumeración agote la cantidad de papeles posibles.

En cada función (papel) el sujeto obra guiado por motivaciones diferentes, habida cuenta que sus intereses también son disímiles. Por ello, se debe tener sumo cuidado cuando se suponen motivaciones conductuales: ¿se puede establecer a priori cual interés determinará la conducta de quien es legislador y al mismo tiempo contribuyente?

Es aceptable pensar que la resultante[45] tomará en cuenta todos los intereses de una persona, aún los de los roles que en ese acto no ejerce. Por ello es tan arduo el análisis, ya que dos personas ante la misma situación pueden proceder en forma distinta y su conducta es muy difícil de prever si no se toman en consideración aquellos roles.

Tal vez ayude a comprender esta perspectiva una descripción de posibles motivaciones de los sujetos, en términos de los objetivos a lograr en relación con el estado y de los valores que involucrados,

Se pueden diseñar ciertos circuitos que permitan comprender mejor el problema:

 

Los seres humanos tienen múltiples objetivos cuya enumeración total y ponderación sería imposible; también tiene esta característica fáctica el pretender la existencia de objetivos iguales, promedio o representativos de un conjunto de personas ya que la habitual asignación de motivaciones económicas excluye, entre otras, las conductas altruistas que evidentemente también existen en la sociedad.

 

Ante esa imposibilidad, se ha optado por un patrón conductual tan burdo como empleado en economía: suponer que un individuo intenta buscar preponderantemente objetivos económicos, para decirlo en forma más rústica maximizar su renta.

 

Esta característica “teñirá” todo el análisis y deberá ser siempre tenida en cuenta al evaluar las conclusiones a que se llegue que, inevitablemente, contendrán el sesgo metodológico mencionado[46].

 

Bajo estos supuestos, se puede afirmar que una persona como ciudadano tendrá por objetivo maximizar su renta disponible y esto implica tanto la minimización de los impuestos pagados, como la maximización de los bienes y servicios públicos recibidos.

 

Como antes se dijo, la preponderancia de uno de los dos elementos de la relación input/output (bienes y servicios públicos recibidos/impuestos pagados) será la que le de mayor importancia a los valores de maximización o minimización expuestos y, probablemente, determine la conducta real del sujeto.

 

Todo ello, sin negar que puede ocurrir que la persona no sea coherente consigo misma y pretenda ambos fines simultáneamente[47]: que cuando actúe como contribuyente se olvide de sus intereses como usuario y viceversa., apelando a argumentos tales como que el producido de los impuestos no es correctamente aplicado, sino que se pierde en los laberintos burocráticos o en la corrupción estatal.

 

El ciudadano explicita sus objetivos mediante el voto, cuyas motivaciones son también múltiples, por ejemplo votar a quienes prometen medidas con las que él concuerda, o a quien emplea mejor la seducción con propósitos de atracción, o a quien parece más inteligente, mejor líder, y muchas otras características más que forman el campo de estudio del análisis político. Además puede ejercer presión sobre sus legisladores en forma directa o por medio de grupos de ciudadanos.

 

La misma persona como político, a las motivaciones anteriores, suma la tarea de ser elegido para lo cual empleará los medios de seducción que considere necesarios.

 

En caso de ser electo, suma a los anteriores el nuevo objetivo de mantenerse en el cargo, para lo cual intentará:

 

Cumplir las promesas realizadas a sus votantes y, en caso contrario, explicar porque no las cumplió;

Manejar las presiones partidarias sobre su conducta, de modo de seguir formando parte en aquel.

Responder a las presiones de otros grupos de ciudadanos, de modo de asegurar su puesto, sin malquistarse con su partido

 

Como se ve, las influencias a atender son múltiples y están determinadas (tienen como marco) por el funcionamiento del sistema democrático.

 

En forma simultánea, también debe contemplar ciertos principios sobre los tipos de impuesto y gastos que son admisibles en determinada sociedad, ciertas normas jurídicas que deben respetarse y muchas otras influencias.

 

En caso que sea funcionario público, concretamente administrador de los impuestos, a las motivaciones que se mencionaron como propias de los ciudadanos, deberá sumar el objetivo de mantenerse en el cargo, lo cual implica no sólo (y a veces ni siquiera) comportarse en forma eficiente sino recibir y procesar las presiones de sus jefes, de los políticos y de los grupos de presión.

 

Con los datos anteriores, será muy difícil pronosticar la conducta del funcionario sometido a influencias muchas veces contradictorias, es muy probable se refugie en la propia organización burocrática y se limite a cumplir las formalidades de su obligación.

 

Consideraciones similares, cambiando lo que hay que cambiar, pueden hacerse sobre los funcionarios afectados a producir bienes y servicios públicos.

8.- Valores

Los valores funcionan dentro de un universo en el que están sumergidos los elementos anteriores, existen valores socialmente vigentes sobre impuestos que son aceptables (y otros que no lo son), el tipo de gasto público deseable e indeseable, las formas mejores de administrar o legislar y también limitaciones técnicas al empleo de ciertos impuestos o la producción de cierto algún publico.

Se trata de una relación de interinfluencia entre varios universos, que se puede representar como sigue:

Aproximación al estudio

 

Algunas de las relaciones que se pueden identificar de analizan a continuación.

Por ejemplo, en el contexto social y político, se desarrollan ideas sobre la necesidad de que los impuestos alteren lo menos posible las relaciones de mercado; esto,  en el campo de las principios de la imposición, se traduce en ideas sobre la mejor aplicación de las principios de eficiencia para lo cual, en las leyes tributarias, se introducen variantes tales como disminución de alícuotas máximas y elevación de alícuotas mínimas,  minoración del número de los escalones de renta incluidos en la tabla de alícuotas y otros.

Por su parte, el cambio en las leyes, debe materializarse respetando los principios constitucionales aplicables, la naturaleza del tributo y la función del mismo en el sistema tributario.

Aparece nuevamente una conocida interrelación: las mutaciones se producen en cada etapa (o sector) pueden a su vez producir efectos de feed back en los demás sectores.

En el ejemplo antes citado, se mostró que la capitación, que cumple el principio de eficiencia no es una solución viable desde el punto de vista de los principios de imposición y desde las ideas del contexto socio político. Además, desde el punto de vista jurídico, tampoco es viable la figura, porque afecta principios constitucionales tales como los de proporcionalidad y capacidad contributiva.

En otras ocasiones, esta imposibilidad no es total, sino parcial, por lo cual se pueden introducir reformas que satisfagan, aunque parcialmente, los criterios de alguno de los sectores. Esto sería el fruto de una especie de negociación que produce lo que los economistas suelen llamar soluciones second best.

En todas estas cuestiones la administración tributaria también es principal partícipe, dado que las dificultades de puesta en práctica y recaudación de los tributos le atañen directamente. Por volver al caso del impuesto de capitación, su recaudación podría ser muy dificultosa por la necesidad de establecer un padrón de contribuyentes y controlar que éstos abonen el tributo; esto hace que, más allá de cualquier otra objeción, el impuesto no es administrable ni podrá, por esta causa, implantarse Un ejemplo paradigmático de esta situación, es el impuesto global al gasto personal, que teniendo el favor de la doctrina económica y exhaustivos estudios, no ha sido posible poner nunca en marcha[48], entre otras, por este tipo de dificultades.

Existen también influencias que obran en sentido inverso: muchas de las reformas legales no obedecen tanto a un cambio en las ideas predominante en el contexto, como a la adopción de soluciones propugnadas por la administración fiscal para mejorar la recaudación y control de los tributos.

Este último es el caso de los regímenes simplificados de distintos impuestos que segmentan a los contribuyentes de acuerdo con ciertos índices, de acuerdo con su importancia para someterlos a un distinto tratamiento. Esta segmentación vulnera varios los principios de la imposición, por ejemplo los de generalidad  e igualdad; tampoco respeta la capacidad contributiva que es la piedra angular de la moderna tributación, sin embargo,  pese a ello, estos regímenes son aplicados dado que se consideran imprescindibles para liberar recursos de la administración tributaria para la recaudación y control de contribuyentes más importantes y otros objetivos.

Como se dijo, se trata de una función en la cual interactúan diversos sectores, que se influyen mutuamente y es apta para mostrar tanto la dificultad para investigar las reglas que gobiernan la resultante de esta interacción, como la necesidad del abordaje que más arriba se denominara provisoriamente interdisciplina.

 

 

9.- Conclusión

 

Los hechos sociales relacionados con el proceso financiero del estado (proceso de gasto-recurso) son abordados parcialmente por diversos cuerpos de doctrina y, específicamente, por las finanzas públicas, para la que constituyen su objeto de análisis propio.

Dentro de las diversas corrientes de esta disciplina, se considera a la escuela de Pavía como la que mejor comprende y explica los fenómenos involucrados, en especial por la postulación de un abordaje múltiple.

Para dar respuesta a los complejos problemas pendientes de resolución, así como comprender las nuevas realidades mundiales que cuestionan al estado como productor de bienes y servicios y la vigencia de ciertos tipos impositivos, se han postulado como los más adecuados a esos propósitos la aplicación de la teoría de sistemas y un enfoque interdisplinario.

 


[1] Publicado en Revista de Tributación, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, nº 5,

[2] Es esa la razón por la cual, a veces, reciben ayuda económica directa o indirecta del propio estado: cumplen fines más o menos públicos.

 

[3] Por ejemplo se acepta un acuerdo de precios que disminuye temporalmente las utilidades con el objeto de mantenerse en el mercado, no malquistarse con el gobierno, obtener concesiones u otros beneficios del poder público que, a largo plazo, permiten la maximización.

[4]Jarach afirma que “…toda teoría de las finanzas que tenga como premisa un concepto particular de Estado con un contenido preordenado,…, es una teoría parcial que responde a un cierto esquema a priori reflejando las finanzas de una forma de estado” y concluye “Es posible…construir una teoría general de las finanzas públicas, partiendo de la única premisa de la existencia de una organización humana llamada Estado…con funciones distintas según las circunstancias histórica…y según los fines que se propone, de acuerdo con las fuerzas políticas que predominan”:  Finanzas públicas y derecho tributario, primera edición, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1983, ps. 40/41.

[5] WEBER, Max: Ciencia y política, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1991, p. 65

[6] WEBER, Max: op. Cit., p. 66.

[7] Conocida como public choice.

[8] BUCHANAN, James M.: La tributación como intercambio fiscal, Hacienda Pública Española nº 56, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, p. 337 y sgtes.

[9] JARACH, Dino: Finanzas públicas y derecho tributario, primera edición, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1983, en especial p. 61 y sgtes.

[10] Que es analizado por la otra rama de las finanzas públicas.

[11] En determinado estado del conocimiento.

[12] Se trata de un conjunto con un único individuo. En los términos de JARACH, Dino: “…es la economía de un solo sujeto, el Estado”, Finanzas públicas y derecho tributario, primera edición, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1983, p. 60.

[13] BUNGE, Mario: Emergencia y convergencia, primera edición, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 161.

[14] JARACH, Dino: Finanzas públicas y derecho tributario, primera edición, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1983, p. 36.

[15] Es habitual en finanzas publicas recurrir a términos y relaciones biológicos,  ver, por ejemplo entre otros, COSCIANI, Cesare: Principios de ciencia de la hacienda, Editorial de derecho financiero, Madrid, 1967, donde en la primera parte, capítulo II califica al objeto de estudio de la economía financiera como un orden coercitivo de rapiña o parasitario.

[16] Impuesto utilizado en la antigüedad que consistía en establecer una suma fija a pagar por cada sujeto, sin consideraciones personales de ninguna índole.  Para un análisis más detallado ver: FERNÁNDEZ, Luis Omar: El uso de modelos económicos en finanzas públicas, en Revista de Tributación, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, nº 3, 2006 p.65  y siguientes.

[17] DAVIS, Kingsley: La sociedad humana, EUDEBA, 1965, t.I, p.3.

[18] DAVIS, Kingsley: op. Cit p.9.

[19] BUNGE, Mario: Emergencia y convergencia, Gedisa, Buenos Aires, 2004, p. 13.

[20] BUNGE, Mario: op. Cit p. 62.

[21] Se agrega, este es el campo específico de cada ciencia social.

[22] BUNGE, Mario: Emergencia y convergencia, Gedisa, Buenos Aires, 2004, p. 25.

[23] Bunge da como ejemplos la formación de un montículo de arena y una multitud de personas.

[24] BUNGE, Mario: Emergencia y convergencia, primera edición, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 213.

[25] BUNGE, Mario: op. Cit., p. 214.

[26] BUNGE, Mario: op. Cit., p. 215.

[27] BUNGE, Mario: Emergencia y convergencia, primera edición, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 223

[28] MORDEGLIA, Roberto: Manual de finanzas públicas, 2ª edición, A-Z editora, Buenos Aires  1986, p. 29.

[29] Existen casos de gastos públicos de utilización coactiva, por ejemplo la justicia penal o las campañas masivas de vacunación obligatoria; en el primer caso no es racional suponer que alguien se someta voluntariamente a un castigo, mientras que en el segundo, el interés público por evitar las consecuencias del contagio, prima por sobre el interés individual de evitarlo, de allí la coactividad.

[30] JARACH, Dino: Finanzas públicas y derecho tributario, primera edición, Editorial Cangallo, setiembre 1983, Cap. 2.

[31] MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Peggy B.: Hacienda pública teórica y aplicada, quinta edición, McGraw-Hill, 1992, en especial Caps. 4 y 5.

[32] Otros autores hablan de “bienes meritorios”.

[33] Ver estadísticas de recaudación tributaria por niveles de ingreso www.indec.mecon.ar.

[34] En realidad es esta una afirmación apodíctica, cuya función es la de poder incluir a la totalidad del universo en análisis, ya que la propia naturaleza de los procesos de traslación impositiva y la existencia del fenómeno de la evasión impiden acceder a la totalidad de los presuntos integrantes del conjunto de los pagadores de impuestos y, con ello, detectarlos, identificarlos y enumerarlos, pudiendo así comprobar el sustento empírico de la afirmación.

[35] Esta teoría constituye un intento de distribuir el costo del estado según las ventajas que la acción de éste proporciona a cada habitante; establecido esto, se podría cambiar radicalmente  la forma de financiación del  gasto público, dejando de lado la capacidad contributiva de los sujetos, para atender al beneficio que ellos reciben del estado, de allí su nombre..

[36] BERLIRI, Luigi Vittorio: El impuesto justo, reimpresión, Instituto de estudios fiscales, Madrid 1986.

[37] MORENO SEIJAS, José María: El principio del beneficio en la imposición, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1995 menciona como campos de aplicación de este principio los precios, las tasas, las contribuciones especiales  y algunos impuestos sobre la propiedad y los carburantes; en cuanto a las áreas de actividad pública en las que se los puede aplicar menciona: la educación superior, las obras de infraestructura, la sanidad y los servicios públicos locales.

[38] La razones por las cuales la población desea aumentar la producción de estos bienes (por ejemplo seguridad interior, justicia, defensa exterior) son bastante distintas de las que justifican el gasto en bienes privados provistos por el estado (por ejemplo salud, educación, vivienda) y se cree tienen mas que ver con la política que con la economía.

[39] Por ejemplo la provisión de seguridad interior y de defensa exterior no requiere del consentimiento de quienes deben ser “cuidados” o “defendidos” por esta actividad estatal, sino que, por el contrario, aquella se realiza aún pese una oposición de los habitantes: por ejemplo la persecución y aprehensión de un delincuente se realiza más allá de su segura voluntar de oponerse a la misma.

[40] Esta erogación, por definición, no puede asignarse a bienes públicos o privados producidos por el estado durante el ejercicio, pues responde principalmente a erogaciones de ejercicios anteriores.

[41] Fuente: www.indec.mecon.gov.ar, última consulta 9/4/2006, 11.00 horas. Ver Anexo I. Allí también se explica la razón por la cual la suma de porcentajes no da 1.

[42] MURRAY, Richard: El estado de bienestar sueco al final del camino, www.top.org.ar/publicac.htm, última visita 21/04/2005, 13.45 horas.

[43] Se asume aquí el supuesto conductual de maximización que utiliza la economía, a riesgo de no incluir en el esquema conductas que no respondan al mismo. Por ejemplo, pudiera haber personas que desearan más y mejores bienes y servicios públicos (que les costarían más impuestos) basados en consideraciones de solidaridad, ayuda a los pobres, bienestar general y otras.

[44] Produce comportamientos mediante los cuales los usuarios (free rider) que no pagan por el servicio aumentan su demanda hasta el infinito.

[45] Como reiteradamente se dijo, son bienes de consumo conjunto, a los que no se les puede aplicar el principio de exclusión, ni son susceptibles de demanda individual

[46] Suposición de conducta coherente.

[47] Las críticas desde la teoría económica a esta concepción son conocidas: ver, por ejemplo CASTORIADIS, Cornelius: Figuras de lo pensable, primera reimpresión, Buenos Aires, 2006, ps.65/92; algunas observaciones desde la ética puede verse en BARINGOLTZ, Eleonora: Ética y economía, en SCARANO, Eduardo (coordinador) Metodología de las ciencias sociales, Ediciones Macchi, 1999, p. 438.

[48] La imposibilidad de considerar todas las alternativas ha sido estudiada por la teoría de la racionalidad limitada , ver SIMON, Herbert A.: El comportamiento administrativo, segunda edición, Aguilar, 1979, en especial, capítulos IV y V

[49] Si se exceptúa la implantación de un tributo similar en Ceylan, después de la segunda guerra mundial, que tuvo una corta vigencia y fue derogado.