COMPATIBILIZACION DE LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS EN PAÍSES FEDERALES | Estudio Fernández Dolinsky | Finanzas públicas

COMPATIBILIZACION DE LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS EN PAÍSES FEDERALES

 

Por Luis Omar Fernández

 

Este trabajo  fue presentado originariamente en las XXV Jornadas Tributarias organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, en noviembre de 1995, donde recibió el premio “XXV Jornadas Tributarias”. Dado el tiempo transcurrido, se ha sintetizado la introducción teórica y agregado en el resto algunas modificaciones, de modo de reflejar el pensamiento actual del autor. De todas maneras, se ha mantenido el título original.

 

 

1. – Introducción y objetivos

 

El presente trabajo intenta dar un marco teórico, desde el punto de vista de las Finanzas Públicas, para estudiar la problemática del título.

 

El análisis parte de las soluciones recomendadas habitualmente por la doctrina para, previo reconocimiento de la situación actual,  proponer objetivos a cumplir y, por último, recomendar cierta solución para la coordinación de estos impuestos en nuestro país.

 

La teoría de las Finanzas Públicas nos enseña que el abordaje de los fenómenos económicos que se dan en la órbita del Estado  -la economía del sector público-  se debe realizar en forma global; esto es, considerando el lado del gasto público  junto con el del ingreso.

 

Jarach explica que estos dos aspectos  no son más que las dos caras de una moneda. Por ello y porque se trata de un conjunto dinámico de interacciones recíprocas, es que este autor habla del “proceso gasto-recurso” como síntesis magistral donde se denota no sólo el carácter unitario del fenómeno sino también su necesaria consideración dinámica.

 

Muchas veces, esta noción primigenia se ve oscurecida por la consideración separada de ambos lados del proceso que se efectúa con fines didácticos o de investigación.

 

Entonces, para considerar la coordinación de la imposición indirecta en un país federal, no podemos olvidar la coordinación de los demás impuestos y la coordinación del gasto público que se realiza en los diversos niveles de gobierno.

 

 

2.- ¿Qué gastos son públicos?

 

Un primer paso a dar en todo análisis consiste en identificar los límites del problema a estudiar. Esta identificación es siempre provisoria, ya que es común que la profundización del fenómeno permita advertir cuestiones y relaciones que no estaban a la vista al principio y, con ello, se deba modificar el campo original de estudio.

 

La doctrina, para identificar dentro del conjunto de erogaciones de toda la economía, al subconjunto de los bienes y servicios públicos, ha utilizado ciertas características de algunos de ellos tales como el consumo conjunto, la imposibilidad de exclusión, etcétera.

 

Estos conceptos, con ser muy útiles, sólo resuelven el problema para algunos gastos que, si bien son importantes, constituyen una minoría. Para la mayoría de las erogaciones que efectúan los Estados modernos no existe una regla asertiva de exclusión que permita, con su sola aplicación, establecer cuándo un gasto, en sí, merece la caracterización de público.

 

Ante este problema, Jarach, de algún modo saltando por encima de él, deja la caracterización de cuáles son los bienes y servicios “públicos” a la decisión de las elites gobernantes; analiza las características de ciertos gastos que el grupo gobernante decidió fueran “públicos”

 

Como conclusión, podemos decir que no existe una regla áurea que permita delimitar el problema de cuáles son los gastos “ públicos” y cuales no, por lo cual estaremos hablando de una zona económica difusa e indefinida.

 

 

3.- Coordinación del gasto público

 

En un país federal, el gasto puede ser ejecutado por distintos niveles estatales: nación, provincia, municipio. En la doctrina no existe, una fórmula que permita establecer científicamente qué nivel de gobierno debe ejecutar cierto tipo de gasto.

 

Lo que sí existe son consideraciones de tipo intuitivo, que nos dicen que parecería deseable que cada gasto lo decidan los representantes de quienes son sus beneficiarios.

 

Reputada doctrina[1] sostiene un “principio subsidiario” según el cual: “en vista de la importancia política de la mayor descentralización posible de las funciones públicas, todas las funciones aún susceptibles de                        ser cumplidas por  las corporaciones locales, deben encargarse a estas; todas las funciones que superan la esfera local a las corporaciones regionales, siempre que sea posible,   y sólo los asuntos que interesan a todo el país y también escapan a la capacidad de las corporaciones regionales, al Estado.”

 

Además de los nombrados, existen los llamados “bienes públicos locales”[2] cuyo consumo está limitado a los residentes de un área determinada. Estos son un caso intermedio entre los bienes públicos nacionales y los bienes privados.

 

Así, diríamos que sería razonable que la decisión del gasto de defensa exterior, la tomara el gobierno nacional, ya que todos los habitantes del país  disfrutan de la protección que este gasto implica. Por otro lado, sería apropiado que la decisión del gasto de mantenimiento e higienización de las calles de una ciudad, sería propio fuera tomada por su municipio.

 

Salvo estos ejemplos obvios, establecer exactamente los beneficiarios del gasto público, no es un tema trivial.

 

Hay muchos gastos que producen efectos de “derrame” (splillover)[3] sobre otras jurisdicciones en el sentido de que el gasto efectuado en una jurisdicción beneficia a otra jurisdicción; para la primera hay un  “derrame” negativo, mientras que para la segunda hay un “ derrame” positivo.

 

También puede haber “derrames” en los recursos cuando una jurisdicción recauda tributos en otra, por ejemplo, incluyendo en la base imponible del impuesto local hechos económicos ocurridos en otra jurisdicción.

 

La limitación espacial de los beneficios del gasto público no es un tema tan sencillo como parece, aún en los casos más simples de servicios públicos susceptibles de demanda individual.

 

Para profundizar el análisis, deberíamos poder medir cuánto del beneficio del gasto público se “derrama” hacia otras jurisdicciones, de modo de utilizar, en la financiación del costo de esos “derrames”, recursos de las jurisdicciones de origen de los beneficiarios o de un nivel superior que sí represente a todos los involucrados. Esta última solución crea un problema inverso: el de los integrantes del nivel superior que, pese a no beneficiarse con el “derrame”, deben compartir su costo.

 

La consideración de los beneficiarios no debería incluir sólo a quienes utilizan directamente el servicio sino a todos los habitantes del área de influencia, ya que es conocida la existencia de algún tipo de utilidad indirecta de los bienes y servicios públicos  para quienes, aún sin utilizarlos, pueden ser potenciales beneficiarios del mismo.

 

La existencia de un buen hospital en una ciudad beneficia indirectamente a todos sus habitantes, aunque sea brindándoles la seguridad de una atención médica adecuada cuando la necesiten.

 

Se podrían hace similares reflexiones con los beneficiarios ajenos a la comunidad.

 

La delimitación exacta de la totalidad de las personas que se benefician con el gasto público, así como la medida de ese beneficio, en el nivel actual de los conocimientos, es utópica si no imposible.

 

Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos al utilizar como parámetro decisivo, en materia de financiación, el concepto de “beneficiarios” del gasto público que está implícito en la teoría de la equivalencia o en el concepto de “correspondencia” entre recurso y gasto.

 

Mas allá de las dificultades mostradas, parece razonable que la decisión del gasto la tomen los niveles directamente beneficiados, ya que permitiría que el mismo se amolde mejor a sus preferencias. Esto está abonado porque, aunque sea difícil determinar quienes componen la totalidad de los beneficiarios, no es injusto postular como beneficiarios a todos los habitantes del lugar.

 

De este modo, tendríamos asegurada la mayor correspondencia posible entre el gasto y su costo de financiación con los consiguientes beneficios[4].

 

Establecida la regla a utilizar, debemos avanzar en el sentido de aplicarla.

 

No obstante, consideramos adecuado hacer, antes de seguir adelante, algunas reflexiones sobre las preferencias sociales y su revelación.

 

 

3.1 Preferencias sociales

 

El problema de determinar cuáles bienes y servicios merecen el carácter de públicos, se plantea porque sus “beneficiarios” no pueden, dada la naturaleza de estos bienes, revelar sus preferencias por medio del sistema de precios. Por tanto quedan indeterminadas las cantidades a producir y el costo adecuado de ellas.

 

La teoría marginalista y la de la economía del bienestar, intentaron buscar una función de preferencias sociales que revelara las preferencias de toda la comunidad por los bienes y servicios públicos; encontrada esa función, la cuestión sería maximizarla.

 

El esquema se completa con la condición de eficiencia de Pareto: un cambio será pareto-eficiente cuando alguien mejore sin que, simultáneamente, otro empeore.

 

Los obstáculos al desarrollo de estas teorías se manifestaron insuperables, en especial por la imposibilidad de obtener una función de bienestar social por adición de curvas individuales de preferencia.

 

Otros autores, intentaron analizar la revelación de preferencias, por medio de las votaciones democráticas. Este camino también está erizado de dificultades como lo comprobaron quienes lo recorrieron.

 

No existe, entonces, un concepto analítico de “preferencias sociales” ni es sencillo postular su “revelación”; una vez más nos debe guiar la prudencia.

 

 

3.2 Servicios públicos divisibles e indivisibles

 

Si nos imaginamos un continuo donde ordenamos los tipos de bienes y servicios, según ciertas características, tales, por ejemplo,  como la rivalidad en el consumo, nos encontraríamos en un extremo con bienes cuyo consumo no es rival, en el sentido en que el consumo de un individuo no disminuye, la disponibilidad para los demás; en el otro extremo estarían los bienes para los cuales no se cumple esta condición.

 

Entre ambos extremos se encuentra el resto de los bienes, para los cuales la condición se verifica parcialmente.

 

Siguiendo a Jarach, decimos que son divisibles los bienes y servicios públicos susceptibles de demanda individual, mientras que el resto sería el conjunto de los bienes y servicios públicos indivisibles. Pese a debilitar bastante las conclusiones, se postula la no existencia de otro tipo de bienes y servicios públicos.

 

Por definición, sería posible establecer quiénes se benefician con los gastos públicos divisibles; esto  facilitaría que esos gastos los soporten quienes son sus beneficiarios, por medio de tasas o precios.

 

En principio creemos que estos gastos deben quedar fuera del análisis, ya que el propio mecanismo de financiación limitará su producción a la demanda existente, por lo que, mediante el mecanismo del mercado, se ajustará la producción a las preferencias de los consumidores (demanda real).

 

Un problema es que algunos de estos bienes y servicios públicos son bienes preferentes[5] de los cuales el nivel superior de gobierno desea una cantidad determinada de provisión para todos los habitantes. Ejemplos adecuados son  ciertos niveles mínimos de salud y educación que se desea asegurar a toda la población[6].

 

En resumen, los bienes y servicios públicos divisibles que se pueden financiar con tasas y precios deben quedar fuera del examen;  analizaremos los indivisibles que se deben financiar con impuestos y la parte de los divisibles considerada “bien preferente”.

 

 

3.3 ¿Quién debe producir los servicios públicos?

 

La teoría dice que el nivel del Estado que debe proveer los bienes y servicios públicos, debe estar determinado por el área geográfica de los beneficiados: cuando los beneficios sean de alcance nacional, los bienes y servicios deberán ser provistos por el gobierno central; mientras que, cuando los beneficios sean regionales o locales, los deberá proveer el gobierno local.

 

A su vez, los recursos para la financiación deberán originarse en las zonas donde residen los beneficiados.

 

Pero, desde otro punto de vista, la escala de producción eficiente de cierto gasto o bien público, no necesariamente coincide con las demandas del área beneficiada. Del mismo modo, la recaudación eficiente de los tributos necesarios no siempre coincide con el nivel en que se producen los bienes y servicios públicos.

 

El abordaje simultáneo de estos dos problemas no permite llegar a soluciones óptimas, por lo que deberemos optar por soluciones  second best.

 

Una regla empírica recomendada es la descentralización de la producción para ajustar el nivel y la calidad del gasto a las necesidades particulares de la población beneficiaria. Complementa esta noción el principio de  “correspondencia fiscal”[7] por el cual se relaciona el gasto que beneficia a una comunidad con el esfuerzo de financiarlo.

 

Dejando de lado que, en general, se simplifica, tomando por “beneficiarios” a los “residentes”, que son quienes pagan impuestos, se puede aceptar que la descentralización -compatible con la naturaleza de ciertos gastos- es deseable; el principio de correspondencia no merece la misma adhesión.

 

En primer lugar, los bienes y servicios públicos más importantes, desde el punto de vista presupuestario, son los indivisibles, y  si para ellos es muy difícil de aplicar la descentralización mucho menos se puede hablar de “correspondencia” en su financiación.

 

En segundo lugar, los problemas de economías de escala en la producción, pese a haber sido advertidos, no se valoran en su real magnitud: la mayoría del gasto público -en bienes y servicios indivisibles o preferentes-  no es susceptible de ser producido en  el nivel municipal o provincial.

 

 

3.4 El principio de correspondencia

 

La financiación del gasto por quienes son sus beneficiarios parecería la culminación de la noción de justicia conmutativa aplicada a la financiación del Estado.

 

La idea es muy atractiva, entre otras cosas, porque elimina el problema de la “ilusión fiscal”[8] por la cual, al no soportar los beneficiarios directamente los costos de los servicios, ya que se financian con recaudación del nivel superior, existe una tendencia al crecimiento ineficiente del sector público.

 

Los inconvenientes principales del concepto se refieren, desde el lado del gasto, a problemas de escala en la producción de bienes y servicios públicos y, desde el lado de los impuestos, a la falta de capacidad de administración de ciertos tributos, al problema de las guerras tributarias y otros.

 

En realidad, creemos que este principio tiene un campo de aplicación muy limitado: el de los bienes y     servicios públicos que es posible producir a escala local y que se pueden financiar con tributos también aplicables a esa escala.

 

En los hechos, el único nivel de gobierno donde el principio se cumple totalmente es el nacional: el gasto público del país, a largo plazo, es soportado en su totalidad  por los habitantes. Esto no es tan así cuando se financia con déficit o deuda ya que los beneficiarios del gasto no son quienes amortizan la deuda.

 

Para finalizar, creemos que el principio de correspondencia no es más que una nueva forma de presentar el viejo principio del beneficio, en la doctrina también llamado “de equivalencia”, cuyos orígenes se remontan a los cánones de Adam Smith[9] y sobre cuyas características y utilidad existe abundante literatura que, por esa causa, nos eximimos de indicar.

 

 

3.5 Financiación del gasto local

 

En nuestro país, lo que generalmente se cuestiona es la administración ineficiente del gasto por los estados provinciales, no tanto la parte de gasto administrada por los mismos.

 

Se postula utilizar el principio de correspondencia para eliminar la “ilusión fiscal”, pero el problema no se plantea por el lado del gasto sino por el lado de los ingresos: una parte variable pero poco importante de aquél se financia con ingresos propios, y el resto con transferencias del nivel superior.

 

El problema más importante, entonces, no es el gasto, sino la falta de recursos propios de los estados provinciales.

 

Por otra parte, aunque se considera que el gasto provincial es inadecuado,  o está mal administrado, en un país federal no puede haber otra interferencia en su determinación que las que admite la Constitución Nacional.

 

La única forma de progresar en el análisis de la cuestión que nos ocupa,  consiste en olvidarnos, pese a todo lo dicho anteriormente, de los gastos de las haciendas locales, y concentrar los esfuerzos en optimizar sus ingresos, teniendo como un objetivo de mediano plazo, aumentar sustancialmente la parte de gasto local financiada por los gobiernos provinciales con recursos propios.

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4.-Coordinación de los ingresos

 

El fenómeno “gasto-recurso” es único e indivisible, pero el enfoque de las funciones fiscales permite, para cada una de ellas, tomar como más importante un principio. Así, se podrá asignar la mayor importancia al principio de equidad en la rama[10] “distribución del ingreso”, mientras que, en “asignación de recursos”, el principio a considerar será el de eficiencia económica.

 

No obstante, la aplicación de alguno de los principios podrá generar suboptimizaciones en otros -MUSGRAVE llama a este fenómeno “solapamiento” de los principios, por lo cual siempre se deberá llegar a una mezcla subóptima de ellos como única solución posible.

 

El problema de los ingresos del sector público, en un país federal,  presenta adicionalmente problemas de coordinación entre los estados de distinto nivel.

 

Ellos se manifiestan en la necesidad de equidad  distributiva no sólo entre individuos sino también entre regiones, dentro de la federación o de una provisión mínima de ciertos bienes preferentes para todos los habitantes, no importa cual sea su lugar de residencia.

 

En lo que aquí interesa, veremos brevemente, cuales son los ingresos principales de los estados locales que es necesario coordinar. Centraremos el análisis en los ingresos tributarios y las transferencias, dejando de lado, por la naturaleza de este trabajo, no por su importancia, el tema de la deuda pública de los gobiernos locales.

 

Existen distintos sistemas de coordinación de ingresos en un país federal[11] tales como la separación o concurrencia de fuentes, la participación de recursos y otros  que en la obra citada están detalladamente expuestos.

 

 

4.1 La coordinación de ingresos en la Constitución Nacional

 

Nuestra Constitución Nacional tiene establecida una distribución de potestades tributarias entre la Nación y las provincias y normas sobre coparticipación. Las primeras han dado como resultado histórico una fuerte concentración de los ingresos en el nivel nacional, mientras que las segundas no han sido cumplidas.

 

Las transferencias del gobierno central representan, dentro del total de ingresos provinciales, una proporción  importantísima; esta es la base del incumplimiento del principio de correspondencia fiscal.

 

Si bien el tema de este trabajo es la coordinación de los tributos indirectos, no debemos olvidarnos que dejamos de lado el problema de las transferencias que, como vimos, son muy importantes cuantitativamente, y el de la coordinación de tributos directos.

 

El universo a analizar está constituido por la coordinación de la imposición directa, indirecta y las transferencias no sólo entre niveles sino dentro de cada nivel de gobierno.

 

Los impuestos directos y las transferencias, que no analizaremos, tienen, desde el punto de vista de su potencialidad para la financiación del gasto, la misma función que los impuestos indirectos.

 

 

5.-Coordinación de la fiscalidad indirecta

 

En principio debemos establecer qué entendemos por “coordinación” de la fiscalidad. Creemos que el problema consiste en estudiar las características de los impuestos indirectos, considerando todos los niveles de gobierno que pueden utilizarlos, de modo que el conjunto funcione en forma coherente y no se produzcan suboptimizaciones ni otros efectos indeseables.

 

Todo ello a la luz de los efectos de estos tributos sobre los objetivos que menciona Richard Musgrave para las distintas ramas de las Finanzas Públicas.

 

Para no entrar en  discusiones sobre cuales impuestos son indirectos y cuales son directos; tema que posee abundante literatura, simplemente enumeraremos los tributos a los que nos referiremos: impuestos generales sobre las transacciones, sobre la producción y los servicios; dejaremos de lado los impuestos específicos.

 

 

5.1 Impuestos de etapa única y de etapa múltiple

 

La imposición puede afectar una, varias o todas las etapas del proceso económico de un producto o servicio.

 

Las etapas tradicionalmente utilizadas han coincidido generalmente con las etapas económicas; así, existen impuestos que inciden en la etapa de fabricación, en la mayorista, en la minorista e impuestos que afectan a todas las etapas; éstos son los llamados de etapa múltiple.

 

Los impuestos indirectos a que nos referiremos serán,  un impuesto plurifásico -impuesto al valor agregado- y un impuesto monofásico- impuesto a las ventas minoristas.

 

No estudiaremos impuestos plurifásicos, con efectos “de cascada”,  tales tributos generales a las ventas, por los problemas que presentan, entre otros: discriminación a los bienes y procesos que abarcan varias etapas y dificultad de medir su incidencia final, que impide adecuados reintegros a las exportaciones.

 

El sistema puede consistir en un impuesto al valor agregado a nivel federal e impuestos provinciales al valor agregado o a las ventas minoristas. No consideraremos la posibilidad de impuestos federales y locales a las ventas minoristas porque el IVA, en nuestro país, es el impuesto federal con mayor rendimiento y no se considera siquiera la posibilidad de cambiarlo.

 

Tomaremos entonces, como un dato, el IVA nacional, ya que no postulamos su cambio, y estudiaremos la interacción del mismo con impuestos provinciales a las ventas minoristas y al valor agregado.

 

 

5.2 Principios de origen y destino

 

Para una mejor comprensión resumiremos algunos conceptos conocidos.

 

Los impuestos a los consumos se pueden establecer de acuerdo con el principio de origen o con el principio de destino.

 

En el primer caso, se grava la materia imponible en el lugar de la venta o de la producción, dando como resultado gravar las exportaciones y no gravar las importaciones. Este principio asegura la libre circulación de las mercaderías dentro de las distintas jurisdicciones sin necesidad de ajustes de frontera.

 

Para evitar las guerras tributarias interjurisdiccionales, requiere leyes similares que den lugar a un tributo uniforme en lo que hace a base imponible y alícuotas.

 

La recaudación fluirá hacia los estados productores.

 

La aplicación del principio de destino grava la materia imponible en el lugar de consumo; desgrava las exportaciones y, para mantener la igualdad de producción nacional y extranjera, grava las importaciones.

 

La aplicación de este principio requiere de un ajuste en frontera y la recaudación fluirá hacia los estados consumidores.

 

El primer principio -origen- mantiene la misma filosofía que el principio de la territorialidad en el impuesto a la renta, mientras que el segundo se asemeja al principio de la residencia en aquel tributo.

 

Cada principio tiene sus ventajas y sus desventajas. El de origen asegura la libre circulación de mercaderías, pero requiere leyes similares, mientras que el de destino no requiere esta característica en las leyes, pero sí el ajuste en frontera, aunque existen mecanismos que lo suplantan.

 

Creemos que, en cualquiera de los impuestos, el principio a emplear deberá ser el de destino, ya que no agrega impuestos al valor de los bienes exportados. Aquéllos, como bien dice Macón, se comportan como aranceles a la importación del país consumidor.

 

En el plano interno este criterio es bastante más difícil de implementar ya que no existen aduanas y los sistemas de control vía contabilidad que utiliza la OCDE en la actualidad son de aplicación utópica en nuestro país.

 

 

5.3 ¿Impuesto a las ventas minoristas o IVA provincial?

 

Tiempo atrás hubo un serio intento del gobierno nacional  de reemplazar los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos por tributos sobre las ventas minoristas. Los estudios realizados fueron muchos y el tema fue tratado en varios eventos profesionales.

 

Las opiniones vertidas fueron divergentes pero, la más importante doctrina[12] se inclinó por la utilización del impuesto al valor agregado, posición a la que adherimos con los argumentos vertidos oportunamente.

 

En estos momentos, el tema parece haber sido dejado de lado pero los problemas provocados por los impuestos sobre los ingresos brutos subsisten, por lo cual sería de sumo interés avanzar en la implementación práctica de un IVA provincial.

 

 

6.-Experiencias en el exterior.

 

La coordinación de la imposición indirecta  es un problema con el que se enfrentan muchos países; la magnitud de sus dificultades la muestran las distintas soluciones empleadas[13]:  impuestos al valor agregado en distintos niveles, impuesto al valor agregado nacional e impuestos a las ventas minoristas a nivel provincial y otras.

 

La solución a adoptar tampoco tiene que ser tan drástica en el sentido de optar de una vez y para siempre por un sistema en detrimento del otro.

 

Un ejemplo de descentralización coordinada y paulatina del sector público es el caso español donde mediante múltiples negociaciones, se logró pasar de un estado unitario a otro en el cual del 30 al 40% “del gasto público total es gestionado por las Comunidades Autonómicas y los Gobiernos Locales”[14].

 

 

7.- Conclusiones

 

Proponemos como objetivo, a mediano plazo, el aumento de los recursos de los fiscos provinciales para lograr el aumento en la financiación del gasto público con recursos propios. Este aumento no se podrá lograr con sólo la mejora de los sistemas de control o con el perfeccionamiento de la eficiencia de las Direcciones Provinciales de Rentas, ya que la capacidad contributiva  reflejada por el consumo está fuertemente gravada a nivel nacional. Es necesario disminuir las transferencias  del gobierno nacional a las provincias y reemplazar esos recursos por la cesión parcial de  fuentes tributarias[15].

 

Este fin resulta de mucho más simple consecución por medio de un sistema de cuotas suplementarias  sobre el IVA nacional, como el propuesto por Macón o Reig en los trabajos glosados antes, que permitiría efectuar el trasvasamiento en forma ordenada y paulatina.

 

La reducción de los fondos coparticipados a las provincias sería paralela con el traspaso de impuestos; al final del proceso se podría pensar en un sistema de múltiples coparticipaciones[16], algunas con carácter devolutivo y otras para financiar bienes preferentes o cumplimentar objetivos de estabilización o redistribución.

 


[1] Presentado en las XXV Jornadas Tributarias organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, en noviembre de 1995; recibió el premio “XXV Jornadas Tributarias”.

1 BICKEL, Wilhelm: La compensación financiera, en Tratado de Finanzas, dirigido por  GERLOFF, Wilhelm y NEUMARCK, Fritz,  tomo I, p. 457

[3] PORTO,  Alberto: Federalismo Fiscal en la Argentina, Editorial Tesis, 1990. p 11

[4] MUSGRAVE, Peggy: Federalismo Fiscal: principios y aplicaciones en los Estados Unidos y Canadá, ponencia presentada en III Congreso Tributario CPCECF, Tandil, 1995, p 3.

[5] MUSGRAVE, Peggy, Op.Cit. en nota anterior, menciona ventajas de eficiencia:  “conduce a una votación del presupuesto más responsable” y de equidad “impedir que determinados grupos ganen a costa de otros”.

[6] MUSGRAVE, Richard A. y MUSGRAVE, Peggy B.: Hacienda Pública Teórica y Aplicada, McGraw-Hill, p. 577.

[7] En estos casos se puede decir que el legislador, en lugar de intentar conocer la función de preferencias sociales, impone la producción de una cantidad mínima de un bien o servicio que considera necesario para la sociedad.

[8] FIEL: Hacia una nueva organización del federalismo fiscal en la Argentina, Buenos Aires, 1993, p. 12 y 25.

[9] Ver PORTO, Alberto: Federalismo Fiscal: el caso argentino, p. 65 y sgtes.

[10] SMITH, Adam: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica, México 1994, Libro V, Capítulo 2.

[11] Aludimos a la conocida clasificación de funciones del sector público expuesta por Richard MUSGRAVE en sus obras.

[12] Seguimos aquí a NUÑEZ MIÑANA: Finanzas Públicas, Ediciones Macchi, 1994, p.319 y sgtes.

[13] Entre otros, varios trabajos de los Dres. Enrique Jorge Reig (Recursos alternativos a ingresos brutos, presentado en  el II Congreso Tributario CPCECF), Jorge Macón (Argentina, sustitución del impuesto sobre los ingresos brutos, presentado en las XXIV Jornadas Tributarias CGCE) y Ricardo E. Bara (Federalismo fiscal e imposición al consumo, presentado en el II Congreso Tributario CPCECF).

[14] GÖMEZ SABAINI, Juan Carlos: Alternativas de coordinación de la imposición a los consumos, presentado en el II Congreso Tributario CPCECF.

[15] RUIZ-HUERTA CARBONELL, Jesús: El proceso de descentralización del sector público español. Consideración especial al modelo de financiación autonómico, presentado en el III Congreso Tributario CPCECF.

[16] Ver REIG, Enrique Jorge: Los recursos del Tesoro Nacional en la Constitución Argentina, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1991.

[17] Sobre las ventajas de este sistema ver MACÖN, Jorge: El futuro de la coparticipación, trabajo presentado en el  III Congreso Tributario CPCECF.