MERCOSUR: ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA Y RADICACIÓN DE INVERSIONES | Estudio Fernández Dolinsky | Finanzas públicas

MERCOSUR: ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA Y RADICACIÓN DE INVERSIONES (*)

 

Por Luis Omar Fernández

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Los procesos de integración económica entre Estados, tienen una larga serie de ejemplos en este siglo; el más logrado, en orden a los resultados obtenidos, es el de la Comunidad Económica Europea. Llegar al grado actual de integración, llevó más de 30 años a los países que la integran.

Esto nos indica que las dificultades del proceso son muy arduas y su solución, cuando se obtiene, es el fruto de largas negociaciones donde cada país defiende sus intereses soberanos.

El ejemplo europeo nos muestra que, mas allá de los buenos deseos de los integrantes del pacto, así como de las ventajas que se obtienen del mismo, hay cuestiones en las cuales los países no ceden, por afectar directamente a sus economías nacionales.

Estas realidades se plasman tanto en el principio de subsidiariedad(1) de la acción comunitaria cuanto en el de unanimidad que implica que, en temas de especial delicadeza, un Estado no será obligado, contra su voluntad, a aplicar una decisión determinada.

Uno de los objetivos de los mercados comunes es el de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos; las inversiones se canalizarán, de este modo, a los lugares donde sea económicamente conveniente.

Este propósito no obsta a los esfuerzos de todo tipo -compatibles con la mecánica comunitaria- que realizan los Estados miembros en pro de atraer recursos a sus territorios.

Hemos asistido a un conflicto de este tipo, en el ámbito del Mercosur, que no comentaremos por ser de público conocimiento, pero que nos debe llevar a una cuidadosa atención de la fiscalidad de nuestro país en relación con el Tratado de Asunción.

Sabemos que el sistema tributario interno no es el único determinante de las decisiones de inversión, pero sí que es uno de los factores que inciden, por lo cual es urgente que acompañe el proceso de atracción, como una facilidad más brindada al inversor.

Creemos que, en este momento, es más importante para nuestro país efectuar cambios en la legislación interna, con el propósito de mejorar el atractivo para las inversiones extranjeras, que dedicar esfuerzos a la armonización tributaria.

Esta aseveración no se basa en la ignorancia de la necesidad de armonización, sino en que, al extenderse el proceso de integración en el tiempo, tememos que al final tengamos una legislación interna armonizada con la del resto de los integrantes, pero las inversiones estén radicadas en los países de nuestros socios.

Debemos cuidar los dos aspectos y, a nuestro entender, dar prioridad en el tiempo a la mejora de nuestra ley, avanzando en la armonización, en la medida en que lo hagan nuestros vecinos.

 

 

2. LOS MERCADOS COMUNES EN EL MARCO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

 

El campo principal de estudio de las finanzas públicas está en la determinación de cuáles bienes y servicios merecerán la calificación de “públicos” y cómo se distribuirá su costo entre la población.

El Estado funciona en toda sociedad, al decir de Jarach(2), en una relación simbiótica con el sector privado de la economía, este fenómeno determina que la producción de bienes y servicios públicos, así como los procesos por los que se obtienen los fondos necesarios para ello, produzcan efectos y alteraciones en ambos sectores. Estos fenómenos se dan en forma tan interrelacionada, que es muy difícil considerarlos separadamente.

Por ello, siguiendo al mismo autor, es propio hablar del proceso recurso-gasto. No obstante, a los fines de estudio y enseñanza, ha sido tradicional separar los análisis del gasto público y de la tributación, que constituye la principal herramienta de obtención de fondos por el Estado.

Este empleo de las reglas del método cartesiano -dividir un problema en sus partes componentes- debe complementarse siempre con una consideración final abarcativa, que englobe los aspectos parciales.

Se intenta conocer los distintos tributos para observar sus efectos en la economía del sector privado, así como quiénes serán los sujetos que, dentro del mismo, soportarán la carga económica de la tributación y cómo modifican por ello sus comportamientos.

En cambio, el análisis del gasto público se hace, tanto para conocer sus efectos en los agregados macroeconómicos, cuanto para lograr una provisión eficiente de bienes y servicios públicos.

Aunque sólo nos referiremos a temas tributarios, no debemos ignorar la interrelación de ambas caras del proceso recurso-gasto, ya que los efectos en la economía del gasto a financiar pueden neutralizar -también acentuar- los efectos esperados del tributo que lo financiará.

 

 

2.1. PROBLEMÁTICA DE LOS ESTADOS FEDERALES

 

Cuando salimos del análisis de un solo nivel de Estado y nos introducimos en la hacienda multijurisdiccional, aparecen fenómenos de competencia entre unidades estatales de un mismo nivel que, al producir distintos bienes y servicios públicos y utilizar distintos sistemas tributarios, pueden tener una atracción diferencial para la radicación de ciertos sujetos o actividades.

Dentro de un país federal se plantearán los problemas de cuáles funciones de gobierno se establecerán en cada nivel, con qué recursos se financiarán, para, entre otros objetivos, obtener mejoras de escala de producción, control de los servicios por sus destinatarios y contemplar las externalidades interjurisdiccionales.(3)

El primer problema -sin que esto implique un ordenamiento- que se plantea “consiste en asegurar la circulación libre de bienes y servicios, básicamente sin interferencias fiscales”(5); luego aparecen los conflictos de múltiple imposición horizontal y vertical, así como las transferencias financieras.

Se superponen en el análisis los efectos de las medidas promocionales de los gobiernos locales, para lograr radicaciones de actividades en su jurisdicción.

La acción promocional puede ser efectuada también por un Estado de superior nivel, por ejemplo el Estado Nacional, que desea ayudar a ciertos Estados locales. Existe abundante literatura sobre estos fenómenos que se dan principalmente de los Estados federales.

Una característica destacable de estos estudios, es que presuponen un Estado Nacional, superior a los Estados federales, con fines que le son propios, por lo que habrá ciertos bienes y servicios públicos cuya producción se reservará este nivel. Son casos clásicos la seguridad interior y la defensa exterior.

Consecuentemente, el Estado Nacional, se reservará -o compartirá con los Estados federales- ciertas fuentes tributarias.

Aunque haya casos en que los fines de los Estados federales no coincidan, o se opongan, a los del Estado Nacional, estos son sólo excepciones o están inmersos en coincidencias mayores que atenúan la disparidad. Lo contrario anularía la viabilidad de la federación.

A los agentes económicos se les planteará entonces la opción de radicar sus actividades en distintos Estados federales, pero en el marco de ciertos bienes y servicios públicos producidos por el Estado Nacional y financiados por su sistema tributario.

Por ello la elección de localización en uno u otro Estado federal no estará influida por ese campo reservado al Estado Nacional, que es igual para todos.

Por el contrario, en competencia internacional por la atracción de inversiones, tendrán relevancia tanto las condiciones del Estado Nacional, cuanto las de los Estados federales. La situación en los mercados comunes no coincide exactamente con ninguna de las descriptas.

 

 

2.2. LOS MERCADOS COMUNES

 

Existen distintos tipos de acuerdos por los que cierto grupo de países intentan relacionar en mayor o menor grado sus economías, desde las simples uniones aduaneras, hasta entidades supranacionales, que se constituyen con propósitos de unificación de ciertas políticas económicas.

Los mercados comunes se caracterizan por tener un arancel externo común y eliminar sus barreras aduaneras internas para los países miembros. Los propósitos buscados van desde el aprovechamiento de las economías de escala de producción, hasta la promoción del comercio interzonal; sin ignorar que existen otros fines, no los consideramos, por ser menos útiles a nuestro análisis o poco relevantes para el mismo.

En estos mercados se dan fenómenos tributarios nuevos porque, por la propia naturaleza de aquéllos, los agentes económicos pueden elegir como lugar de localización de sus inversiones, el territorio de cualquiera de los países miembros, sin que ello cambie su derecho a disfrutar del mercado comunitario.

Por otro lado, los sistemas tributarios de los países integrantes, así como los bienes y servicios públicos que producen y brindan a sus habitantes, son componentes importantes, aunque no los únicos, de la decisión de invertir.

Entonces, los miembros del mercado común deberán competir por las inversiones del exterior y del interior del área comunitaria, incluidas las de sus propios residentes; esta competencia será más exitosa cuanto mejor contemple el país receptor las razones que toman en cuenta los inversores para sus decisiones.

El problema se asemeja al de atraer a un país -sin mercado común- inversión extranjera, pero las posibilidades en juego son mayores, dada la facilidad para operar en un mercado mayor: el de los otros países miembros de la comunidad. A su vez, también los riesgos son mayores, ya que la posibilidad de que alguien radicado en un país invierta en otro no se ve dificultada por la barrera aduanera del país de origen del inversor.

En resumen, los inversores tomarán en cuenta todos los factores, entre ellos el resultado después de impuestos, para decidir su localización, habida cuenta de que, inviertan donde inviertan, sus posibilidades de acceder a todo el mercado serán iguales.

La problemática, como dijimos antes, es nueva, ya que en los Estados federales el gobierno central produce muchos de los más importantes bienes y servicios públicos, recaudando también una muy importante masa de recursos con su sistema tributario, por lo cual la decisión de invertir en los Estados de menor nivel estará influenciada sólo por el sistema tributario y los servicios públicos que produzcan ellos.

En los mercados comunes no existen, por lo menos en la etapa actual, bienes y servicios públicos producidos por una autoridad supranacional ni tampoco significativos impuestos comunitarios. O sea el costo de participar en el mercado común, desde el enfoque que nos interesa, estará dado por el sistema tributario del país receptor de la inversión y los bienes y servicios públicos que aquél produzca.

 

 

3. ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA

 

Cuando un grupo de países decide formar un mercado común, aparece la necesidad de adecuar o coordinar de algún modo sus sistemas tributarios. El propósito es que la fiscalidad interna facilite los logros que se buscan con el establecimiento del arancel externo común y la liberación del comercio intramercado.

La distinta legislación de los países provoca diversos efectos en el interior del mercado. Así afectará, entre otras cosas, los costos internos y la localización de las inversiones. Estos efectos ya existen cuando se plantea el mercado común, siendo además en algunos casos objetivos buscados por la legislación de cada país; mas su magnitud se revela totalmente cuando se disminuyen las barreras aduaneras.

La solución al problema de las diferencias de legislación tributaria interna(5)se puede enfocar por medio de la uniformidad de normas o su compatibilización; además, en algunos casos también se puede hacer uso de la instrumentación.

La uniformidad de normas consiste en “uniformar las cargas impositivas que recaen sobre la misma materia imponible en identidad de circunstancias”(6) esto requiere la igualación de las leyes tributarias en todos sus aspectos importantes e implica, por su rigidez, un grado avanzado de integración; es probable que necesite también de mecanismos e instituciones políticas supranacionales, que no existen aún en ningún mercado común actual.

La compatibilización significa “adecuar la estructura de los gravámenes para que puedan aplicarse mecanismos compensatorios que permitan neutralizar o anular los efectos distorsionantes de la disparidad de cargas tributarias sobre el proceso de integración”.(7)

Los dos mecanismos descriptos intentan evitar las distorsiones provocadas por las distintas cargas tributarias; el mecanismo de instrumentación, por el contrario, se emplea “para introducir …… desigualdades intencionales”(8) en beneficio de cierto país o región.

Hay otros aspectos de la legislación tributaria interna de cada país, que influyen en el proceso de integración, tales como incentivos tributarios, o los convenios internacionales para atenuar la doble imposición, que no serán tratados en este trabajo.

La compatibilización de la legislación apunta a evitar que los distintos costos internos -en su componente tributario- dificulten la liberalización del comercio intercomunitario y la localización de inversiones. La legislación a revisar será, en el primer caso, la de los tributos sobre bienes y servicios -tema del que no nos ocuparemos- y en el segundo, la de los impuestos a la renta -motivo de este trabajo- y, en menor medida, al patrimonio.

 

 

3.1. COMPATIBILIZACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

 

3.1.1. El proceso de compatibilización

 

La compatibilización del impuesto a la renta es, tal vez, menos urgente que la de los impuestos sobre bienes y servicios, e intenta evitar que la incidencia de los impuestos internos de cada país afecte la localización óptima de las inversiones.

Aunque consideramos el tema desde la óptica de la incorporación de nuestro país al Mercosur, no debemos olvidar que el proceso de integración tiene su propia lógica interna y se extenderá en el tiempo. Un ejemplo acabado de ello lo da la Comunidad Económica Europea.

Pasará un cierto lapso hasta que se logren los resultados esperados; mientras tanto, el país se deberá posicionar dentro del conjunto y la atracción de inversiones extranjeras será un objetivo a lograr durante ese plazo.

Entonces, tan importante como la compatibilización de nuestra legislación tributaria, para lograr los objetivos buscados al final del proceso de integración, es la mejora de la misma para, desde ahora, hacer de nuestro país un foco de atracción de capitales.

El Tratado de Asunción, prevé que la armonización fiscal debe avanzar gradualmente, por lo que los cambios de legislación interna deberán hacerse en forma sincronizada con los de los demás países miembros. En este proceso es importante mantener los aspectos que plantean ventajas competitivas.

3.1.2. Impuesto a la renta societaria

El impuesto a la renta tradicionalmente ha gravado en forma separada las utilidades de las empresas, del resto de las utilidades. Las razones de esta separación han sido largamente estudiadas(9) y en nuestro país han dado lugar a una legislación específica, dentro del impuesto a las ganancias, para las así llamadas sociedades de capital.

Nos ocuparemos del esquema dentro del cual creemos que se debe plantear la compatibilización del impuesto societario, ya que es plausible considerar que el grueso de las inversiones se canaliza a través de este tipo de sujeto tributario.

La limitación autoimpuesta al análisis no implica ignorar que puede haber inversiones que utilicen otros tipos tratados como sociedades de personas, o aun contribuyentes individuales, sino solamente suponer que el grueso de aquellas se realice bajo esta figura.

Por otra parte, los efectos principales de la disparidad de normas tributarias internas son distintos según se trate de personas o de sociedades de capital. En el primer caso es probable que afecten, primordialmente, la oferta de mano de obra, mientras que en el segundo la magnitud directamente afectada es la oferta de capital, problema que nos proponemos estudiar.

En general, las legislaciones tributarias distinguen un tratamiento para las ganancias de los residentes en el país y otro para quienes las obtienen desde el exterior, sin tener un establecimiento en el país. O sea que existen, desde este punto de vista, dos clases de sujetos. Es común también, que los sujetos de la segunda clase tributen vía regímenes de retención en la fuente.

Es probable que, al intentar la compatibilización de la legislación tributaria, aparezca una tercera clase de sujetos: los que obtienen sus ganancias desde el exterior del país, pero están radicados dentro del ámbito comunitario. Constituirán una tercera clase sólo si se decide que no formen parte de ninguna de las anteriores.

Va de suyo que la compatibilización mencionada no implicará, en principio, ningún cambio en el tratamiento de los contribuyentes “extra zona”; simplemente lo que el país deberá considerar es adecuar su legislación para competir, de acuerdo con las reglas del Mercosur, en la captación de inversiones, dentro y fuera de la zona.

 

 

3.2. OBJETIVOS A LOGRAR CON LA COMPATIBILIZACIÓN

 

Hemos dicho que la compatibilización intenta superar los obstáculos que puede plantear el impuesto a la renta a una localización de inversiones que sólo responda a criterios de eficiencia. Habrá que ver con qué medidas y a qué costo se logra este objetivo.

La compatibilización se realizará desde el punto de partida de las legislaciones vigentes, por ello sería importante mantener en nuestro país algunas disposiciones actuales que son favorables a la inversión, de modo de atraer capitales, sin por ello cambiar la legislación tributaria sustancialmente, con el peligro de desatar una guerra de incentivos.

También sería el momento adecuado para perfeccionar la ley en vigencia y solucionar muchos de los problemas repetidamente señalados por la doctrina, que entorpecen la radicación de inversiones.

Algunos de los cambios que consideraremos serán:

a) aplicación del criterio de renta mundial;

b) disposiciones sobre la valuación de bienes de cambio;

c) ajuste por inflación;

d) reorganizaciones empresarias;

e) tratamiento de las utilidades de las sociedades de capital y sus accionistas.

 

 

4. ESQUEMA TRADICIONAL DE ANÁLISIS DEL IMPUESTO A LA RENTA

 

En el análisis del impuesto a la renta, un esquema muy utilizado para investigar los efectos del tributo en los agentes económicos es el de los enfoques de la equidad y de la eficiencia.

Un concepto aproximado de equidad, sería decir que intenta determinar una distribución de la carga del gasto público entre los habitantes que conforme los criterios de justicia existentes en la sociedad analizada. El análisis de eficiencia, por su lado, intenta elegir los tributos -y sus características- que menos perturben la actividad del sector privado.

Estos dos esquemas presuponen un cierto gasto público: al estar hablando de un mismo país, es lícito considerar el gasto público como una constante, en el sentido que su mutación no cambiará, dentro de ciertos límites, las consideraciones de equidad o eficiencia a que se apunta con el sistema tributario.

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE INTERNACIONAL

 

4.1.1. Cuestiones de equidad horizontal

 

Cuando se introducen en el análisis consideraciones internacionales, los términos pueden cambiar mucho. Así, es por completo distinto proponerse lograr un objetivo de equidad horizontal en el impuesto a la renta, dentro de un país, que en el mundo.

En el primer caso -equidad horizontal dentro de un país- estaríamos dentro del terreno más conocido “regular la distribución interindividual de los impuestos de manera que resulte satisfactoria desde el punto de vista ético”(10) o “las personas en igual situación deberían ser tratadas igualmente por el impuesto”(11), mientras que lograr la equidad dentro del mundo, implica establecer cómo han de participar los países en la base imponible creada por las transacciones internacionales que tienen lugar entre ellos. Este aspecto no será considerado.

El objetivo de equidad dentro de un país, que implica igual impuesto para igual renta, se puede ver desde varios puntos de vista:

a) Impuesto total -del país y extranjero- igual a renta total, obtenida en el país y en el exterior. Se implementa generalmente a través de sistemas de crédito del impuesto extranjero. Como existen topes en el cómputo, funciona siempre que el impuesto extranjero sea inferior al del país. En caso contrario la única solución -impracticable- sería la devolución en el país del exceso de impuesto extranjero.

b) Igualar el impuesto en el país, considerando la renta de fuente extranjera como obtenida en el país y el impuesto extranjero como gasto, sin crédito de impuesto.

c) El tercer método consiste en igualar el trato en el país de las ganancias, antes del impuesto extranjero, e implica no considerar de ningún modo el impuesto extranjero.

Nuestro país, en su legislación, utiliza el primer enfoque. Nos hemos referido a las dificultades técnicas de su puesta en práctica en otro lugar.(12)

Si bien la compatibilización de normas tributarias no tiene como objetivo fundamental lograr la equidad, creemos que tampoco se la debe sacrificar, por lo que sería adecuado mantener este criterio -llamémoslo de equidad interna- dado que tiene una íntima relación con los bienes y servicios públicos producidos por el país.

Coincide con este argumento reputada doctrina; así Peggy B. Musgrave(13) considera que el criterio de equidad para el contribuyente “es necesariamente de la responsabilidad de la jurisdicción de residencia”.

La equidad que debe buscar un país está dada, no sólo por una adecuada distribución de las cargas tributarias entre sus habitantes, sino por el volumen y calidad del gasto público que se financia con ellas.

Aun sin basarnos en el principio del beneficio, podemos decir que existe una relación biunívoca entre ambas magnitudes, la cual impide su consideración separada, aun en el caso de países integrantes de un mercado común.(14)

Cuando existan instituciones políticas comunitarias, además de un grado mayor de integración que permita la producción de bienes y servicios públicos comunitarios, se podrán considerar en la tributación -que también tendrá que tener nivel comunitario- criterios de equidad que contemplen la totalidad de la nueva situación. Tal vez en algún momento podamos hablar de una compatibilización de las normas sobre gasto público.

 

 

4.1.2. Cuestiones de equidad vertical

 

En lo que hace a la equidad vertical “tratar distinto a quienes están en distinta situación”, dejaremos de lado el problema crucial, que consiste en establecer el o los indicios de capacidad contributiva adecuados para cumplirla.(15)

La razón de esta elección, es que estamos observando solamente el trato a dar a ciertos sujetos -sociedades de capital- respecto de los cuales no es muy aconsejable establecer alícuotas progresivas, que son el principal medio utilizado para lograr aquélla.

Con alícuotas proporcionales carece de sentido hablar de equidad vertical.

 

 

4.1.3. Cuestiones de eficiencia

 

El concepto de eficiencia también se puede ver desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional.

El primero implica que el impuesto no discrimine en el país entre la inversión nacional y la extranjera.

En el segundo caso, la eficiencia consiste en que el impuesto no interfiera “en la elección entre inversión exterior y extranjera, o en la distribución de la inversión extranjera entre los diversos países”.(16)

Ambos conceptos, al igual que los de equidad interna e internacional, son mutuamente excluyentes, por lo que, dados los propósitos de este trabajo, utilizaremos el primero.

La aplicación del criterio de eficiencia en un mercado común significaría no discriminación en el país entre la inversión nacional, la originada en el ámbito comunitario y el resto de la inversión extranjera.

El resultado de este proceso será la localización más eficiente de las inversiones dentro de la comunidad; esto sujeto, claro está, a la utilización del mismo criterio por todos los países miembros.

 

 

5. INCIDENCIA DEL IMPUESTO SOCIETARIO

 

El término “incidencia” se utiliza respecto de los impuestos para denotar cuál o cuáles son los sujetos que sufren la carga económica que ellos comportan. Es conocido que, en muchos casos, quienes sufren el costo del impuesto no son las personas a las cuales la ley encarga su pago.

La cuestión de la incidencia es una de las más complicadas y menos conocidas de las finanzas públicas. El desconocimiento no se motiva en la falta de estudios, sino en lo intrincado del tema y en la falta de modelos económicos que representen adecuadamente la realidad.

La cuestión es saber quién recibe el impacto económico final de una medida tributaria y ello depende de múltiples factores. En general, podemos decir que los sujetos intentarán desviar -trasladar- la carga hacia otros sujetos, para ello dependerán de las condiciones del mercado en que operen.(17)

La traslación del tributo previsiblemente se producirá en varias etapas, ya que cada sujeto que la sufra intentará, a su vez, trasladar la carga. Cuando se llegue a un sujeto que no puede trasladar, por impedírselo su posición o el tipo de mercado en el que opera, no terminará aquí el proceso, ya que ese sujeto es probable que altere, en otros aspectos, su conducta económica, a causa de la nueva carga que debe soportar.

La real incidencia económica del tributo se podrá establecer sólo cuando se estudien todas esas mutaciones que se desarrollan en el tiempo y que, muchas veces, tienden a compensarse. La debilidad mayor del análisis está en la carencia de “un cuerpo de teoría generalmente aceptado”(18) que permita estudiar todos los efectos.

Además, el cambio en un impuesto muchas veces va acompañado por cambios en otros impuestos, o en el gasto público, que modifican su impacto original.

En materia del impuesto a la renta societaria, esta cuestión es definitoria: si suponemos que el impuesto se traslada total o parcialmente, estaremos en presencia de un tributo distinto y lo deberemos tratar como tal.

Si la traslación ocurre hacia adelante, vía aumento del precio de los productos, este impuesto operará, total o parcialmente según la magnitud de aquélla, como un impuesto sobre esos productos. Si la traslación se realiza hacia atrás, operará como un impuesto a la venta de factores.

El objetivo del estudio de la incidencia, es posibilitar el análisis después de haberse producido la traslación; por ello, si esta ocurre, saldríamos del campo de estudio que nos hemos propuesto, para entrar en el de la compatibilización de la imposición sobre bienes y servicios.

 

 

5.1. EFECTOS DEL IMPUESTO SOCIETARIO EN LA DEMANDA Y OFERTA DE CAPITAL

 

Suponiendo entonces que no hay traslación, o que ella no es total, trataremos de aislar los efectos del impuesto societario en la demanda de capital.

Lo primero que aparece a la vista es un efecto de disminución de la rentabilidad societaria a causa del impuesto.

Esto implica una menor remuneración para el capital societario respecto de otras formas de inversión. Por ello los inversores pretenderán, para invertir en sociedades de capital, una tasa de rendimiento mayor que los compense, de modo de igualar utilidades después de impuestos.

El aumento del costo de capital puede producir un efecto sustitución: las empresas tenderán a sustituir el factor más caro -capital- por otro factor -trabajo- dependiendo la magnitud del cambio de la tecnología y de la sustituibilidad de un factor por otro.

Se puede presumir que estos movimiento den lugar a una caída de la demanda de capital.

Por otro lado el impuesto societario también puede, al disminuir la rentabilidad de las empresas, disminuir la propensión a ahorrar, en la medida en que ésta esté motivada por la remuneración a obtener.

Esto daría lugar a una disminución a largo plazo en la oferta de capital.

El efecto total también depende de otros factores que influyen en las decisiones de ahorro, tales como la cobertura de riesgos futuros.

Como habíamos anticipado, al ser muy difícil establecer los efectos del impuesto a la renta en la demanda y oferta de capital, también es arduo saber cuáles normas de dicho tributo mejoran -o aumentan- el atractivo del país para un inversor, sea o no residente en la comunidad.

El desconocimiento de la real incidencia del impuesto no debe impedir que avancemos, ya que será efectivo tanto para los inversores del país, cuanto para los del exterior; por otra parte esta ignorancia es común al impuesto en todos los países.

Como es probable que los inversores consideren las disposiciones del impuesto en comparación con las vigentes en sus países de origen, analizaremos las soluciones técnicas más comunes, utilizadas para los distintos problemas que se plantean.

Tomaremos en cuenta los efectos más inmediatos y evidentes sobre las inversiones. Respecto de los efectos mediatos sólo sabemos que existen, son de muy difícil determinación y su análisis termina, por ahora, en modelos con restricciones tan fuertes que configuran una casuística, más que una base de estudios que permita explicar y predecir la generalidad de los casos.(19)

 

 

6. MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

 

Hemos expuesto con anterioridad que el objetivo de atraer inversiones al propio territorio es de todos los integrantes del Mercosur; esto también implica que en este aspecto existan intereses opuestos, por lo que las medidas tributarias para mejorar la atractividad del país es probable que provoquen en los demás miembros contramedidas que den lugar a una guerra de incentivos.

Va de suyo, que al final del proceso de integración, si se cumplen los objetivos planeados(20) sólo influirán en la localización de las inversiones consideraciones de mercado y no el sistema tributario de cada país.

En el caso del tratamiento que da la legislación argentina a las sociedades de capital, partiendo de la base actual que grava sólo la ganancia societaria y discrimina entre financiación con capital propio y ajeno, intentaremos proponer un esquema que mejore la equidad, afectando lo menos posible la eficiencia.

En los demás aspectos, los cambios propuestos persiguen el propósito de hacer operativas las disposiciones actuales, medir más adecuadamente la base imponible, o facilitar las operaciones intramercado, por lo cual ningún país las podrá ver como destinadas a obtener una ventaja en particular.

Abordaremos los temas de:

a) criterio de la renta mundial;

b) valuación de bienes de cambio;

c) ajuste por inflación;

d) reorganización de sociedades;

e) precios de transferencia; y

f) tratamiento de las ganancias de las sociedades de capital y sus accionistas.

Estas no son las únicas variantes que creemos se deben realizar en la legislación de impuesto a las ganancias; algunas, con nuestra opinión, otras las hemos volcado en un trabajo(21) al cual remitimos a quien le interese el tema.

 

 

6.1. APLICACIÓN DEL CRITERIO DE LA RENTA MUNDIAL

 

La ley de impuesto a las ganancias utiliza, para los sujetos residentes en el país, el criterio llamado de la renta mundial. Esta disposición se agregó a una ley que utilizaba otro momento de vinculación -el de la territorialidad- sin que se adecuaran al cambio las demás normas que tienen relación con el mismo.

Coincidimos con Reig(22) en la conveniencia de la utilización del criterio de la residencia, por los países del Mercosur. Nuestra opinión sobre las modificaciones que deberían efectuarse en la ley argentina de impuesto a las ganancias, para hacer operativo este criterio, la hemos desarrollado en otro trabajo, al cual nos remitimos.(23)

Para los sujetos no residentes nuestra ley sostiene el criterio de la territorialidad, con el fin implícito de no permitir huecos por donde se pueda eludir el impuesto sobre rentas obtenidas en el país. Esta disposición, pese a afectar las ventajas de equidad y eficiencia que posee el criterio de renta mundial, es común a los países que lo utilizan, porque las necesidades de recaudación son importantes en todo el mundo.

La única cuestión adicional a considerar sería si los residentes en los demás países del Mercosur se consideran incluidos en uno u otro criterio. Creemos adecuado, por lo menos en esta etapa del proceso integratorio, aplicar el criterio de renta mundial sólo a los sujetos que actualmente están previstos en la ley, reservando para los demás la aplicación del criterio de la territorialidad.

 

 

6.2. VALUACIÓN DE BIENES DE CAMBIO

 

En las empresas industriales o comerciales tiene una gran importancia para la determinación de las utilidades el costo de los bienes de cambio. Por ello las leyes del impuesto establecen normas para su valuación.

La legislación de nuestro país, a diferencia de la de los demás integrantes del Mercosur, utiliza un método de valuación que grava los resultados por tenencia, en lugar del criterio tradicional de costo histórico.

Estas disposiciones, de algún modo están conectadas con la mecánica del ajuste por inflación, “como consecuencia de la defectuosa técnica adoptada por el legislador ………… para empalmar la determinación del costo de lo vendido a que se refiere el artículo 51 de la ley, con el ajuste por inflación referido a bienes de cambio”.(24)

El resultado consiste en gravar ganancias que no son líquidas ni realizadas, con la consecuencia de poder producir problemas financieros, al deber oblarse el tributo aunque no exista operación con terceros.

Un problema adicional lo plantea la baja de precios posterior al cierre que, en la mecánica actual, produce un quebranto computable en el futuro.

No disminuye el perjuicio la computabilidad del quebranto ya que no es la primera vez que se limita ese derecho. Además, desde el punto de vista económico financiero, un quebranto computable en el futuro -aun a valores actualizados, que no es el caso actual- no es equivalente a un impuesto ya pagado por la misma operación, que sólo consistió en una suba y baja de precios, lapso durante el cual cerró un ejercicio.

Creemos que este aspecto requiere modificación y una vuelta al sistema tradicional de costo histórico, para no gravar ganancias no realizadas o que no provengan de operaciones con terceros; todo ello complementado con un mecanismo adecuado de ajuste por inflación, que permita computar en forma cabal el costo actualizado de los productos vendidos.

 

 

6.3. AJUSTE POR INFLACIÓN

 

La ley de impuesto a las ganancias utiliza, para neutralizar los efectos de la inflación, un sistema que ha recibido no pocas críticas(25). El problema fue agravado con el congelamiento, desde marzo de 1992, de todos los índices aplicables, con lo cual la ley actual no corrige los efectos de la inflación posterior a dicha fecha.

Es de suma urgencia volver, como mínimo, al sistema de ajuste por inflación en vigencia, descongelando los índices utilizables; un segundo paso sería utilizar un método de ajuste integral por índices, para el cual un modelo adecuado sería el de las disposiciones en vigencia en la profesión contable.

La recomendación anterior es pertinente en el marco de este trabajo, no ignorándose las demás falencias del sistema en vigencia -la falta de generalidad, por ejemplo- que deberán ser corregidas, con independencia del problema de la armonización tributaria que aquí nos ocupa.

 

 

6.4. REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES

 

Los mecanismos de reorganización de sociedades intentan hacer neutral desde el punto de vista impositivo las transformaciones de tipo societario y las agrupaciones -o disgregaciones- de sociedades a que muchos sujetos se ven obligados como consecuencia de los veloces cambios que se producen en los mercados.

Todos estos cambios tienen relación con la legislación -y los movimientos- ocurridos en el país.

¿En un mercado común tiene importancia que exista un régimen de reorganización de sociedades?

La ventaja obvia sería, como en el plano nacional, volver el impuesto neutral a estos cambios. Esto requiere ciertas precisiones.

Cuando un sujeto se asocia con otro u otros para formar un tercero ¿cuáles son los resultados que puede producir este acto de asociación? Por ejemplo una utilidad -o pérdida- cuando el valor de aporte de ciertos bienes se fija en un importe mayor que el costo impositivo para su propietario, la fijación de valores llave por activos intangibles, y otros.

Al disponer la ley la no gravabilidad de los resultados de reorganizaciones se provoca un efecto de facilitación de este tipo de operaciones, pero no una condonación del impuesto, que será recaudado por el Fisco en el futuro cuando, en el ejemplo, el valor de las amortizaciones de los bienes aportados -o su costo computable en caso de venta- esté referido al valor para la empresa antecesora y no al valor de aporte.

El Fisco sólo facilita la operación, postergando el cobro del tributo, porque no se trata de una transmisión de bienes propiamente dicha, sino de un acto de “comunicación”(26) de los bienes al nuevo sujeto.

Cuando alguno de los integrantes de la reorganización es un sujeto de otro país del Mercosur, pese a no estar gravados con el mismo impuesto los resultados de los socios y los resultados del ente que surge de la reorganización, la situación no es sustancialmente distinta.

Si la sociedad fruto de la reorganización está radicada en nuestro país, se tratará de un aporte de capitales, como cualquier otro; el país de origen del inversor deberá ser quien contemple, en su legislación, el tratamiento del mayor valor asignado.

Por el contrario, si algún integrante de la entidad reorganizada es de nuestro país, creemos que el mayor valor atribuido a sus bienes en el conjunto económico radicado en otro país del Mercosur, no debería estar gravado, por aplicación de la legislación actualmente en vigencia, postergándose la tributación hasta el momento en que, al finalizar la vida del ente reorganizado, el sujeto del país recobre su capital mediante la adjudicación de bienes respectiva.

Creemos que no es aconsejable extender esta facilidad a reorganizaciones donde actúen sujetos radicados en países extra zona.

 

 

6.5. PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

Este es un problema muy antiguo: ¿a qué precios se deberán computar las operaciones entre casa matriz y filial? En la medida en que no hay operaciones con terceros, existe la posibilidad de maniobras por parte de los sujetos, para dirigir utilidades a ciertos países en desmedro de otros, de modo de minimizar el impuesto total.

Nuestra ley actualmente soluciona el problema, tomando como punto de referencia las prácticas normales del mercado, en operaciones entre partes independientes. Cuando esto se cumple se acepta el carácter que a la operación le dieron las partes, en caso contrario se aplica el criterio del aporte y utilidad.

En realidad esta regla es de difícil aplicación práctica, porque no sólo existen operaciones para las cuales es complicado determinar un valor de mercado, sino que hay otras -por ejemplo transferencias de semielaborados entre integrantes del mismo grupo- que no se realizan nunca con terceros.

El problema se agrava en los mercados comunes, por lo que es objeto de preferente atención: la Comunidad Económica Europea utiliza los valores de mercado como base para determinar los precios de transferencia.(27)

El problema no termina aquí, ya que distintos países pueden interpretar el principio en diferente forma, produciéndose en estos casos problemas de doble imposición. Si el valor de mercado se establece en distinta forma para un país que para otro, habrá doble imposición sobre la diferencia que arroje la operación valuada según uno y otro criterio.

Es evidente que este es uno de los más importantes aspectos a negociar y, además de utilizar el criterio del valor de mercado en todos los países, se deberán implementar reglas adecuadas de interpretación que impidan la doble imposición.

Este problema es distinto al de los precios de transferencia entre filial y matriz, cuando una de ellas está radicada fuera del mercado común, aquí cada país puede tomar sus propias decisiones, sin el consenso de los demás.

 

 

7. TRATAMIENTO DE LAS GANANCIAS DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL Y SUS ACCIONISTAS

 

Dada su trascendencia, consideraremos este tema en forma separada de las reformas anteriormente propuestas.

 

 

7.1. IMPACTO DEL IMPUESTO SEGÚN EL ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN

 

Estudiando el objetivo de neutralidad de las formas de financiación, nos encontramos con que la condición de eficiencia en este terreno es igualar el costo de la financiación con capital propio -acciones- y con capital ajeno -deuda-.

La ley de impuesto a las ganancias permite deducir los intereses pagados, por lo que la financiación con capital propio es más onerosa en términos de impuestos.

También el costo de la financiación con capital ajeno es una variable relevante, ya que no todas las empresas tienen el mismo acceso al mercado de crédito, en cuanto a plazos y tasas.

En la realidad, ante la segmentación del mercado financiero, la posibilidad de obtener crédito en condiciones favorables está en directa relación con el tamaño de la empresa. O sea, la asimetría del tratamiento actual perjudica mucho más a las empresas pequeñas.

La neutralidad se puede lograr de dos formas:

a) permitiendo a la sociedad deducir de su ganancia gravada los dividendos distribuidos, con lo cual el impuesto societario gravaría sólo las utilidades retenidas; o

b) en la situación actual, no permitiendo la deducibilidad en el impuesto societario de los intereses pagados.

 

 

7.2. NO DEDUCIBILIDAD DE LOS INTERESES PASIVOS

 

La no deducibilidad de los intereses pagados por las sociedades de capital es contraria a la naturaleza del impuesto a la renta.

Tal como se lo conoce en la mayoría de los países, la base imponible está constituida por la renta neta, o sea permite deducir todos los costos de los factores de la producción necesarios para obtenerla, tanto los directos como los indirectos.

Esta deducibilidad es amplia, ya que no sólo son deducibles los gastos necesarios para obtener la renta, sino también otros que la empresa considere oportunos, en tanto y en cuanto tengan alguna relación, aunque sea indirecta, con la obtención de ganancias gravadas.(28) Esta última condición impide, a veces, la deducción de algunos costos: se trata de los asociados a la obtención de rentas no alcanzadas por el impuesto y su no deducibilidad no es más que la confirmación de la regla anterior citada.

Los intereses pasivos son el costo del capital ajeno utilizado por la sociedad; o sea son la retribución a un factor de la producción, el capital. Su no deducibilidad impediría que el impuesto a la renta gravara la renta neta, con las complicaciones que esto implica, en especial en relación con el crédito de impuesto -en su país de origen- para sujetos del exterior que actúen en el país.

Desde el punto de vista del colocador de los fondos también la situación es difícil, ya que el fruto de una misma operación -colocación de dinero a interés- estaría gravado o no, según quién sea el sujeto receptor de los fondos.

El resultado es que, para lograr neutralidad en el tratamiento de la financiación respecto del origen -capital o deuda- de los fondos, creamos una asimetría en el tratamiento de una misma operación, según la naturaleza del receptor de los fondos. El hecho de la actual discriminación de los intereses, según los pague el sistema bancario u otros sujetos, no quita validez a las razones expuestas, ya que también debería ser modificada esta disposición.

La más elemental consideración de equidad aconseja descartar ese tratamiento.

Por último, quedaría por definir el tratamiento en cabeza del colocador de fondos, cuando éste fuera una sociedad de capital. Aquí, si gravamos los intereses, nos encontramos con la contradicción de que, si esa sociedad a su vez recibe préstamos, tendrá sus ingresos gravados y sus egresos no deducibles, situación absolutamente injusta. Si no gravamos los intereses activos, tendremos otra asimetría, tan grave como la mencionada para sujetos que no sean sociedad de capital.

Desde todo punto de vista la no deducibilidad de los intereses pasivos es ardua e inconveniente, razón por la cual debe ser descartada.

 

 

7.3. TRATAMIENTO DE LOS INTERESES DEL CAPITAL PROPIO

 

El concepto económico de renta incluye como un costo la remuneración del factor capital invertido en la producción, con independencia de su titularidad. O sea, desde un punto de vista económico, la remuneración del capital propio es también costo.

Este costo no es reconocido como tal por la legislación tributaria. Ello parecería un argumento contrario al expuesto en el razonamiento anterior: si corresponde deducir el costo del capital ajeno ¿porqué no deducir el del propio?

La razón de esta exclusión está ligada íntimamente a la naturaleza del concepto fiscal de renta: toma como modelo o como marco de referencia el concepto económico, pero no la copia, dado que aquel es impracticable a los fines fiscales.

Abundan los ejemplos de esta situación, no sólo respecto de costos económicos que no se reconocen a efectos fiscales, sino también de rentas que desde el punto de vista económico son tales, pero no forman parte del objeto del tributo.

En muchos casos, la razón de estas exclusiones está en la dificultad de identificación de estos conceptos, de medición de su magnitud y, aun de su observabilidad, como es el caso de los autoconsumos.

Por ello mantenemos que la no deducibilidad de los intereses del capital propio no impide postular la deducibilidad de los intereses pagados a terceros, por la financiación de operaciones gravadas.

 

 

7.4. TRATAMIENTO DE LOS DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE CAPITAL EN EL IMPUESTO PERSONAL

 

Hace bastante tiempo(29) venimos sosteniendo, por razones de equidad, la necesidad de incluir los dividendos en la base imponible del impuesto personal a la renta.

La actual ley de impuesto a las ganancias trata los dividendos de sociedades de capital del país, según el sujeto que los perciba; si el perceptor es otra sociedad de capital, los considera exentos, en cambio si es cualquier otro sujeto residente en el país, los considera “no computables”; por último, si se trata de un residente en el exterior, los grava con una retención, que tiene el carácter de pago único y definitivo.

Desde el punto de vista de la eficiencia este tratamiento discrimina en favor de la financiación con capital ajeno: los intereses pagados son deducibles de la base imponible, mientras que los dividendos no lo son.

Si observamos todo el universo abarcado por el impuesto a la renta, nos encontramos con que la no computabilidad de los dividendos ganados en la base del impuesto personal es una grave asimetría que afecta fuertemente, junto con el tratamiento exento de otros resultados financieros, la equidad.

Entonces, antes de plantear el tema del funcionamiento del impuesto a la renta de las sociedades de capital en un mercado común, existen dos problemas a solucionar: un problema de eficiencia -neutralidad del impuesto frente a la fuente de financiación- y un problema de equidad respecto de la exclusión de los dividendos de la base imponible.

Como en muchos otros casos, en el segundo problema citado se mezclan también connotaciones de eficiencia, ya que, para los colocadores de fondos, se plantean opciones de muy distinto tratamiento fiscal: obtención de dividendos no computables, o de intereses de títulos públicos -exentos-, o intereses de entidades financieras, también exentos o, por último, pero sin agotar la lista, otros intereses que sí integran la base imponible.

Es razonable pensar que el tratamiento fiscal de los resultados condiciona fuertemente la elección de las inversiones, afectando no sólo la tasa de interés de mercado, sino también la dirección que tendría el flujo de fondos a invertir que así no seguiría sólo las orientaciones del mercado. O sea, no podremos pretender una asignación eficiente de los fondos para financiación disponibles, con el tratamiento fiscal actual.

 

 

7.5. DEDUCIBILIDAD DE LOS DIVIDENDOS

 

Proponemos, como lo anticipamos más arriba, permitir la deducibilidad de los dividendos puestos a disposición de los accionistas, de la base del impuesto societario(30). Con esto se volvería neutral para la sociedad el origen de los fondos necesarios para su financiación, pudiendo deducirse tanto los intereses -costo de la deuda- cuanto los dividendos, costo de la financiación con fondos propios.

Este es uno de los sistemas llamados de integración(31), dado que reconoce algún tipo de vínculo entre el impuesto societario y el impuesto personal. Se lo conoce como sistema de la deducción del dividendo o de exención del impuesto societario por la renta distribuida como dividendo.

Por ello, creemos que si estamos reconociendo una relación entre impuesto personal e impuesto societario, este reconocimiento cabe sólo para los sujetos residentes en el país, ya que son quienes tributan ambos impuestos. Esta solución no cambia el tratamiento actual para quienes perciben dividendos desde el exterior, que seguirían sometidos a una retención, con carácter de pago único y definitivo.

La vinculación entre el impuesto societario y el personal no es el motivo de nuestro trabajo, pero es importante aclarar que la solución que proponemos para el problema de eficiencia de la discriminación entre financiaciones de distinto origen, cumple también con una mejora en la equidad del impuesto personal.

Otra ventaja del sistema de deducción del dividendo es que, en la medida en que no necesita del crédito de impuesto al accionista, tampoco requiere un impuesto de igualación que equilibre la situación cuando la sociedad distribuye dividendos provenientes de utilidades no gravadas por el tributo, por no corresponderse al objeto del mismo o métodos de valuación diferentes.

 

 

7.6. EFECTOS EN EL IMPUESTO SOCIETARIO

 

7.6.1. Neutralidad para los residentes en el país

 

El resultado principal buscado es el de mejorar para la sociedad la neutralidad del tratamiento de los costos de financiación, cuando el acreedor o accionista es residente en el país. Esta mejora no implica una neutralidad total, por las razones que pasamos a explicar.

El interés es -si no consideramos inflación ni riesgo de incobrabilidad- la retribución por el uso de capital ajeno. Esta retribución se pacta en función de las tasas de mercado para cada tipo de colocación, y depende de múltiples factores que aquí no consideraremos, por ser poco relevantes a los efectos que buscamos. El inversor coloca su capital a disposición del deudor, limitándose a cobrar los intereses pactados y a recuperar su capital al término del contrato. O sea, es la relación entre un acreedor y un deudor, en la cual el riesgo económico del primero consiste en el no cobro de los intereses y/o la no recuperación del capital.

Pero el pago de intereses y la devolución del capital no dependen de la voluntad del deudor, sino que son obligatorios para él; en caso de mora el acreedor -prestamista- puede iniciar acciones de cobro compulsivo.

En cambio, el pago de dividendos a un accionista de una sociedad de capital es simplemente una distribución de utilidades que, como tal, puede ocurrir o no.

Requiere para su concreción de una condición necesaria, cual es la existencia de utilidades, pero también de una condición suficiente: que la sociedad decida la distribución, ya que si no lo hace, el accionista no tiene derecho a un dividendo inexistente.

Por otra parte, tampoco tiene derecho a obligar a la sociedad a que devuelva el capital invertido -que le compre las acciones- por lo que dependerá para ello de terceros que las deseen adquirir.

Por último, corre el riesgo de perder su capital, por quiebra de la sociedad y, a la liquidación subsecuente concurrirá como accionista, por lo que recuperará su capital luego de que hayan cobrado todos los acreedores.

No ignoramos que estos factores son tomados previamente en cuenta por el inversor, por lo que de algún modo se reflejan en la tasa de interés pretendida o en el valor a que está dispuesto a comprar o suscribir las acciones y que, según las condiciones del mercado, a largo plazo los rendimientos de todo tipo de inversión deberían converger hacia rendimientos similares. Pero la situación en el corto plazo es la descripta.

Como decíamos más arriba, la neutralidad no es total: quien tome recursos ajenos a título de préstamo, deberá abonar necesariamente intereses; quien lo haga a título de capital podrá o no, por lo menos en el corto plazo, abonar dividendos. El tratamiento fiscal similar no asegura entonces una neutralidad total, pero ello no se debe a errores en el diseño del tributo, sino a la naturaleza económica de ambas operaciones: es distinta la relación entre acreedor y deudor que entre sociedad y socio.

 

 

7.6.2. Neutralidad para los residentes en el exterior

 

Este aspecto es distinto, ya que es muy difícil, empleando el instrumento tributario, obtener neutralidad para la sociedad respecto del origen nacional o extranjero de los fondos.

En la medida en que el inversor del exterior va a pactar sus operaciones en base a resultados libres del impuesto interno, la incidencia del sistema tributario se va a reflejar en la tasa de interés a abonar.

Cuando los accionistas residan en el exterior, una solución sería brindarles el mismo tratamiento que a los accionistas residentes en el país: gravar los dividendos en el impuesto personal. Esto tendría la ventaja de mejorar la eficiencia en la asignación de capital ya que el impuesto, para el accionista, no discriminaría en función de su lugar de residencia.

Como es habitual, por problemas de control de la evasión, deberían seguir tributando esos dividendos por medio de una retención en la fuente, que ahora tendría carácter de pago a cuenta, no de pago único y definitivo. Tal vez fuera prudente permitir al contribuyente del exterior optar entre el tratamiento actual y el propuesto; los resultados dependerían, para el Fisco del país, de la relación entre las tasas del impuesto y de la retención.

Los problemas de transferencia de impuesto a Fiscos extranjeros que pudieran plantearse, serán considerados en el punto 8.

 

 

7.7. PRORRATEO DE DIVIDENDOS

 

Permitir la deducción por la sociedad de los dividendos pagados en igualdad de condiciones que los intereses pasivos, plantea otros problemas, tales como el caso en que la sociedad obtenga ganancias exentas o excluidas del tributo. Del mismo modo que los intereses se deducen sólo parcialmente en estos casos, la deducción de dividendos debería ser también proporcional a la relación entre aquellas ganancias y las ganancias gravadas.

 

 

7.8. DIVIDENDOS Y REMUNERACIÓN DEL CAPITAL PROPIO

 

Al postular la deducción de los dividendos como costo de la sociedad, se nos plantea la duda de un tratamiento asimétrico con el interés del capital propio, que establecimos que no sea deducible.

Como hemos dicho antes, los dividendos no representan el precio del uso del capital ajeno, sino que son la parte de resultado de un negocio, que la sociedad de capital decide distribuir; o sea son utilidades iguales, desde el punto de vista económico, que las de los socios de cualquier otro tipo social o aun empresa individual. De ahí que, además, postulemos su gravabilidad en cabeza de los perceptores.

La única diferencia que dispone la ley en el tratamiento de los dividendos y las utilidades de las demás sociedades y empresas es un problema de método de imputación: en el caso de los primeros se utiliza el método de percibido, en el de las segundas el método de devengado, con imputación obligatoria al socio.

Aclarado lo anterior, veamos qué tipo de operación comporta considerar los intereses del capital propio como costo. Esta operación sirve, desde el punto de vista económico, para establecer correctamente los costos totales, al permitir computar la totalidad de las remuneraciones que se deberían abonar a los factores de la producción para obtener cierto producto.

Pero si estudiamos el problema desde el punto de vista jurídico, nos encontramos con que esto es una ficción, ya que nadie puede ser deudor de sí mismo y las sociedades -excepto de capital- y demás empresas no son sujeto del tributo.

Por otro lado, en caso de considerarse como costo el interés del capital propio, éste sería una deducción para la empresa, pero simultáneamente una utilidad para el perceptor -propietario de la empresa- entonces, si todos estos resultados se consolidan en una declaración individual de renta, la suma algebraica sería cero.

Los efectos podrían ser distintos en caso de haber un quebranto en la explotación pero ¿tiene algún asidero considerar como utilidad del propietario los intereses sobre el capital invertido en una explotación que arroja quebranto? Obtendría una renta de segunda categoría y un quebranto de tercera categoría, incrementado en el importe de aquella renta.

La ley ha querido gravar los resultados de las empresas que no son sociedades de capital, como un importe residual, global, que incluye no sólo a los intereses del capital propio, sino también otros conceptos no discriminados, como el valor del trabajo personal del dueño o socio que, desde el punto de vista económico, también es la remuneración de un factor de la producción.

Dijimos que los dividendos son sólo distribución de utilidades. Si la sociedad abonara intereses sobre el capital accionario, aquí sí estaríamos en un caso de intereses sobre el capital propio que, como tales, no podrían deducirse.

 

 

8. TRATAMIENTO DE LOS SUJETOS INTRA Y EXTRA MERCADO

 

Hemos dicho antes que nuestra legislación establece en muchos casos tratamientos distintos para los sujetos residentes o no en el país. Habrá que considerar si es conveniente establecer una tercera clase de sujetos: los residentes en el Mercosur.

La razón del tratamiento distinto a los residentes del exterior, está tanto en los obstáculos que plantea la fiscalización de los mismos en su lugar de radicación en el extranjero, cuanto en dificultades para establecer la ganancia neta de las operaciones, por la naturaleza de los costos involucrados.

El modo común de gravar estas operaciones es la retención en la fuente, con obligación de retener puesta en cabeza del sujeto pagador del país.

Es evidente que este mecanismo no se compadece con criterios de equidad ni de eficiencia; en el primero de los casos el problema no es tan grave ya que, al no disfrutar el residente del exterior de los bienes y servicios públicos que produce el país, este concepto se desdibuja.

En cambio, cuando hablamos de eficiencia, el sistema de retención en la fuente afecta con un componente tributario la libre radicación de inversiones, que grava el resultado con distintos tipos, según la residencia del inversor.

Es difícil generalizar sobre la medida de tal disparidad, porque en su cálculo interviene el impuesto con el cual el país de residencia del inversor grava el resultado obtenido en el nuestro.

El monto de la retención también es difícil de establecer, si se desea evitar la transferencia de impuesto a Fiscos extranjeros, que se da cuando aquellos emplean el sistema de crédito de impuesto.

Una retención baja, establecida para atraer inversiones, puede resultar para el inversor del exterior en un mayor impuesto a abonar en su país de residencia, al tener un crédito menor por impuesto argentino.

Como el problema no admite una solución generalizada, creemos prudente mantener el sistema actual. La cuestión a estudiar es si distinguimos a los residentes en el Mercosur de los residentes en otros países.

Existen dos posibilidades:

a) mantener la situación actual de no distinción;

b) crear, para su tratamiento diferenciado, la categoría de los sujetos residentes en países del Mercosur. Analicemos esta última posibilidad.

Creemos que cuando finalice el proceso de armonización tributaria, sería deseable que las leyes de cada país miembro dieran el mismo tratamiento a todos los sujetos residentes en el Mercosur, con independencia del país de residencia.

Esta posibilidad implica, si el tratamiento para los residentes es menos oneroso que para los no residentes, que algunos países se perjudicarán y otros se beneficiarán. Esta es la razón de ser del mercado común: generar competencia interna y una barrera externa, como modo de aumentar la eficiencia de todo el conjunto.

Durante el proceso de transición, que puede ser muy prolongado, creemos que se debe mantener el sistema actual, porque es el más coherente con el propósito de mejorar la ventaja competitiva de nuestro impuesto societario a la renta.

Una solución contraria implicaría que, para los inversores extrazona, fuera indiferente radicar sus capitales en cualquier país integrante, lo cual no es conveniente en esta etapa del proceso.

 

 

9. COSTO DEL CAMBIO PROPUESTO

 

La primera consecuencia que se deduce de los cambios propuestos es la disminución de recaudación del impuesto societario, que provocará seguramente la deducción de los dividendos de la base al 30% y, en cambio, la inclusión de los mismos en el impuesto personal que tiene dicha cifra como alícuota máxima.

Creemos que la medida del cambio es de muy difícil cuantificación, por desconocerse la recaudación del impuesto personal por tramo de renta, así como los escalones en que se ubican los accionistas.

Otro elemento que agrega confusión es el repetido cambio del tratamiento impositivo de los dividendos, que en los últimos años es previsible que haya influido fuertemente en la política empresaria de distribución, no permitiendo pronósticos sobre reacciones esperadas.

Ante la imposibilidad de cuantificar los efectos de los cambios, nos deberemos manejar con los datos actuales, de los que podemos inferir que, por comparación con el rendimiento del tributo en los países centrales, la porción de impuesto que aportan las sociedades de capital es sustancialmente alta, mientras que el rendimiento del impuesto personal es muy pobre.

Por ello parecería que la falencia de recaudación debería solucionarse ajustando los controles sobre el universo de contribuyentes individuales, más que utilizando un impuesto societario que brinde importante recaudación, al precio de distorsiones inaceptables, si se pretende competir en un mercado común con un tributo moderno.

 

 

10. CONCLUSIONES

 

La necesidad de obtener radicación de inversiones en el país es, en todo el mundo, vital. Uno de los principales objetivos de la política económica es lograr atraerlas, o sea, tener un país competitivo en este aspecto.

La necesidad citada se ve potenciada al ingresar a una zona de libre comercio con arancel externo común, ya que lo que está en juego no es sólo el mercado interno, sino el mercado único que todos los países socios componen.

El sistema tributario debe acompañar este proceso, por medio de una adecuación de normas que facilite la inversión de capitales en el país.

Creemos que la mayoría de las inversiones se canaliza a través de sociedades de capital, por lo que el análisis se centró en el impuesto societario. Esto no implica desconocer la necesidad de cambios en el impuesto personal, pero sólo se ha hecho referencia a los mismos en lo que hace al tratamiento de dividendos.

Las propuestas abarcan sólo algunos de los temas posibles de análisis.

Hemos recomendado:

a) Respecto del criterio de vinculación entre hecho imponible y sujeto, el mantenimiento del criterio de renta mundial para los residentes en el país, con la realización de los cambios necesarios en la ley, para lograr una adecuada aplicación del mismo, eliminando las dudas y los vacíos legales que actualmente existen.

b) Respecto de la valuación de bienes de cambio, proponemos volver al sistema tradicional del costo histórico, ajustando adecuadamente el costo de ventas para eliminar efectos inflacionarios, como modo de gravar sólo ganancias realizadas o que provengan de operaciones con terceros.

c) En lo que hace al ajuste por inflación, en primer lugar, se deberían volver operativas las disposiciones actuales de la ley, por medio del descongelamiento de índices. En una segunda etapa se debería buscar un método de ajuste que mida mejor los efectos del fenómeno, por ejemplo, el utilizado por las normas profesionales contables.

d) El régimen de reorganización de sociedades permite no gravar los resultados de este tipo de operaciones, entendiendo que, más que una transmisión, se trata de una “comunicación” de bienes al nuevo sujeto. El interés fiscal se encuentra protegido adecuadamente por los condicionamientos legales existentes.

Proponemos extender la aplicación del sistema a los casos en que los sujetos sean residentes de países del Mercosur.

Se debería compatibilizar la legislación, para evitar que, al gravar el país de residencia de un sujeto resultados incluidos por la legislación argentina en este régimen, se produzca una traslación de beneficios de ese sujeto al otro Fisco.

e) En el tema precios de transferencia, se postula mantener el sistema actual para los sujetos extra zona, e implementar un sistema de precios de mercado y reglas de interpretación, consensuado con nuestros socios.

f) En cuanto al tratamiento de las ganancias de las sociedades de capital, el régimen actual discrimina favoreciendo el financiamiento con capital ajeno, respecto del financiamiento con capital propio.

Este problema admite dos soluciones: no permitir la deducción de los intereses pagados de la base del impuesto o deducir de la misma los dividendos pagados.

La primera proposición se descarta, por considerársela contraria a la naturaleza de un impuesto que grave la renta neta, por lo que proponemos adoptar la segunda, con un adecuado sistema de prorrateo, cuando los dividendos se originen en ganancias no gravadas o exentas.

g) En armonía con la propuesta anterior, los dividendos percibidos se deberán incluir en la base del impuesto de los perceptores, para los sujetos residentes en el país.

Esta inclusión en el impuesto personal no necesitará de ningún sistema de crédito, ya que los dividendos no estarán gravados por el impuesto societario.

La inclusión de los dividendos ganados en el impuesto societario será neutral, en la medida en que se redistribuyen.

En el caso de sujetos residentes en el exterior, se sugiere mantener el tratamiento actual de retención definitiva en la fuente, posibilitando optativamente la utilización de un tratamiento igual al de los residentes en el país.

h) El primer efecto que aparece como resultante de los cambios propuestos, es una baja en la recaudación del tributo societario, no compensada totalmente por el aumento que, en el rendimiento del impuesto personal, provocará la inclusión de los dividendos en la base imponible.

El origen del problema está en la diferencia de alícuotas y es de muy difícil medición.

En los países desarrollados, la recaudación que aportan uno y otro impuesto, es muy distinta a la nuestra: allá un fuerte impuesto personal, aquí uno de bajo rendimiento. Esto está indicando la necesidad de robustecer el impuesto personal. En el mismo sentido juegan consideraciones de equidad interpersonal y neutralidad del tributo respecto de las distintas formas de inversión.

Estos objetivos se pueden obtener incluyendo los dividendos en el impuesto personal y si, al mismo tiempo, mejoramos la competitividad y la neutralidad del impuesto societario, obtendremos una situación más favorable para nuestro país como receptor de inversiones.

I.DT.190.D.2.q*

 

 

I.DT.190.D.2.q1

 

 

(*) Publicado en Doctrina Tributaria ERREPAR enero 1996.

[1:] Este trabajo está realizado sobre la base de “Mercosur: cambios en el impuesto societario argentino para mejorar su competitividad”, presentado ante el III Congreso Tributario del C.P.C.E.C.F. – Tandil – abril de 1995. Se ha modificado la introducción, introducido variantes y agregados en el texto y se han reformulado las conclusiones

I.DT.190.D.2.q2

[2:] Cordón Ezquerro, Teodoro: “Armonización fiscal comunitaria en la imposición directa”, trabajo presentado en II Congreso Tributario C.P.C.E.C.F.; en página 7 dice sobre este principio: sólo se justifica la acción comunitaria (para el logro de cierto objetivo de la unión) si ésta es más eficaz que la nacional. El párrafo entre paréntesis es nuestro

I.DT.190.D.2.q3

[3:] Jarach, Dino: “Finanzas públicas y derecho tributario” – Ed. Cangallo S.A.C.I. – Bs. As. – primera edición – setiembre 1983 – Cap. 2

I.DT.190.D.2.q4

[4:] Due, John D. y Friedlaender, Ann F.: “Análisis económico de los impuestos y del sector público” – Ed. El Ateneo – Bs. As. – cuarta edición – 1977 – Cap. 19

I.DT.190.D.2.q5

[5:] Macón, Jorge: “El federalismo fiscal en la Argentina” – Cuadernos Iberoamericanos de Estudios Fiscales – Editoriales de Derecho Reunidas S.A. – Madrid – Nº 1 – enero-abril 1986 – pág. 114 y ss.

I.DT.190.D.2.q6

[6:] Seguimos aquí el esquema de González Cano, Hugo: “La armonización tributaria y la integración económica” – Ediciones Interoceánicas – Bs. As. – 1994

I.DT.190.D.2.q7

[7:] González Cano, Hugo: Ob. cit. en nota 6 – pág. 9

I.DT.190.D.2.q8

[8:] González Cano, Hugo: Ob. cit. en nota 6 – pág. 10

I.DT.190.D.2.q9

[9:] González Cano, Hugo: Ob. cit. en nota 6 – pág. 10

I.DT.190.D.2.q10

[10:] Entre otros: Reig, Enrique J.: “Impuesto a las ganancias” – Ediciones Macchi – Bs. As. – octava edición – abril 1991 – Cap. XXII

I.DT.190.D.2.q11

[11:] Neumark, Fritz: “Los principios de la imposición” – Instituto de Estudios Fiscales – Madrid – 1974 – pág. 101

I.DT.190.D.2.q12

[12:] Musgrave, Richard: “Sistemas fiscales” – Ed. Aguilar – pág. 240

I.DT.190.D.2.q13

[13:] Fernández, Luis O.: “Criterio de residencia en el impuesto a la renta: aspectos a legislar” – D.T. – T. X – Nº 55 – enero 1995 – pág. 32 y ss.

I.DT.190.D.2.q14

[14:] Citada por Reig, Enrique J.: “El Mercosur. Características y asimetrías. Armonización fiscal” – Bol. DGI – Nº 489 – setiembre 1994 – pág. 1039

I.DT.190.D.2.q15

[15:] Vicchi, Juan C.: “La fiscalidad en el Mercosur. Algunas reflexiones. El caso especial de Brasil” – ERREPAR – DTE – Nº 146 – junio/92 – pág. 303 y ss.

I.DT.190.D.2.q16

[16:] Ver, entre la abundante literatura que trata el tema, Berliri, Luiggi V.: “El impuesto justo” – Instituto de Estudios Fiscales – Madrid – 1986; Moschetti, Francesco: “El principio de capacidad contributiva” – Instituto de Estudios Fiscales – Madrid – 1980; Jarach, Dino: Ob. cit. en nota 3

I.DT.190.D.2.q17

[17:] Musgrave, Richard: Ob. cit. en nota 12 – pág. 243

I.DT.190.D.2.q18

[18:] Musgrave, Richard A. y Musgrave, Peggy B.: “Hacienda pública teórica y aplicada” – quinta edición – Mc Graw-Hill – 1992 – Cap. 14

I.DT.190.D.2.q19

[19:] Atkinson, Anthony B. y Stiglitz Joseph E.: “Lecciones sobre economía pública” – Instituto de Estudios Fiscales – Madrid – 1988 – pág. 271

I.DT.190.D.2.q20

[20:] Ver ob. cit. en nota 19, en especial Lección 13

I.DT.190.D.2.q21

[21:] “El mercado común implica ……………. la coordinación de políticas ….. fiscal, aduanera…..”, “El compromiso de los estados de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el proceso de integración” – Tratado de Asunción – art. 1º – incs. c) y d)

I.DT.190.D.2.q22

[22:] Fernández, Luis O.: “Impuesto a las ganancias: propuesta de extensión de la base imponible” – trabajo presentado en XXIV Jornadas Tributarias Colegio de Graduados de Ciencias Económicas – Mar del Plata – noviembre 1994

I.DT.190.D.2.q23

[23:] Reig, Enrique J.: Ob. cit. en nota 10 – pág. 1040

I.DT.190.D.2.q24

[24:] Fernández, Luis O.: Ob. cit. en nota 13

I.DT.190.D.2.q25

[25:] Reig, Enrique J.: Ob. cit. en nota 10 – pág. 503

I.DT.190.D.2.q26

[26:] Reig, Enrique J.: Ob. cit. en nota 10 – Cap. XVII

I.DT.190.D.2.q27

[27:] Reig, Enrique J.: Ob. cit. en nota 10 – pág. 798

I.DT.190.D.2.q28

[28:] Cordón Ezquerro, Teodoro: Ob. cit. en nota 2 – pág. 21

I.DT.190.D.2.q29

[29:] Reig, Enrique J.: Ob. cit. en nota 10 – Cap. VIII

I.DT.190.D.2.q30

[30:] Fernández, Luis O.: “Tributación de la rentas de las sociedades de capital” – trabajo presentado en VIII Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas – 1980 y trabajo citado en nota 13

I.DT.190.D.2.q31

[31:] Cfr. Informe Carter – Vol. 3 – pág. 52

I.DT.190.D.2.q32

[32:] Reig, Enrique J.: “Sistemas de integración del impuesto a la renta societaria – Academia Nacional de Ciencias Económicas – 1983 – pág. 20

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